Carlos Lalanda

El abogado Carlos Lalanda, socio fundador de Loyra Abogados, analiza en su último artículo la reciente sentencia del Tribunal Supremo que, tras más de una década de litigios, da la razón a un contribuyente que reclamaba 32,55 euros en concepto de ganancias de juego online del año 2011. Lalanda, crítico con la lentitud y las contradicciones del sistema judicial en temas de juego y fiscalidad, expone cómo la postura de Hacienda en su interpretación de la normativa previa a la Ley del Juego de 2011 generó graves perjuicios para los jugadores. Según el autor, el fallo, aunque positivo, llega con un alto coste personal para el contribuyente, y resalta las deficiencias de una "justicia-tortuga" que deja a muchos afectados sin posibilidad de reparación.

TODO POR 32,55 EUROS. SENTENCIA DEL TS DE 14-10-2024

Esta es una historia casi triste. O por lo menos agridulce. Así puede resumirse, en dos frases, el hecho de que el Tribunal Supremo haya dictado en este 2024, el 14 de octubre, una sentencia favorable a un contribuyente, respecto a un asunto que data de 2011. Una manifestación más de la JUSTICIA-TORTUGA que tenemos. Al tratarse de una sentencia en materia de juegos de azar, y tributaria, parece oportuno analizarla, y señalar las contradicciones que surgen en el fondo; y destacar las consecuencias de una justicia tardía. Ya me había referido antes a este tema en otro artículo de 2018, pero hay que volver a la carga… Los antecedentes: el ciudadano español que se atrevió a jugar en webs online ilegales Este es el origen de la cuestión planteada, allá por 2011, o antes, y que concernía a miles o millones de ciudadanos españoles que accedían a las entonces webs ilegales (en España) de juegos y apuestas que, sin una intervención decidida de las autoridades españolas de aquel momento, tentaban a la suerte bajo una apariencia, en muchos casos, de legalidad. Estos ciudadanos apostaban, y perdían o ganaban como era normal. Los operadores por su parte normalmente ganaban porque, además, no pagaban impuestos en España, como los demás operadores de juego. Podría darse el caso, como se dio entonces y se da ahora, de que aventurarse a jugar sin garantía alguna por parte de las autoridades españolas sobre las webs ilegales, aunque ganes la apuesta no se te pagaría… pero esa es otra cuestión. A este ciudadano, además, se le ocurrió pedir a Hacienda la devolución de 32,55 euros en su declaración de IRPF de 2011. Pero... ¿cómo debían tributar en el IRPF aquellos que, con suerte, ganaban algo? De esto se ocupa la sentencia, y llega a zanjar la cuestión, después de más de 13 años: los contribuyentes debían tributar por lo realmente ganado (o sea, lo que todo el mundo entiende: por lo que tu bolsillo ha engordado después de jugar, si es que engordó algo). Técnicamente se configura como la diferencia entre las cantidades obtenidas en concepto de premio menos las cantidades apostadas, si es que esta diferencia es positiva. En la técnica tributaria del IRPF, es una ganancia patrimonial como otras de cualquier contribuyente, porque nunca se ha reconocido la figura del jugador profesional cuyos beneficios eventuales se hubieran debido tratar, en tal caso, como el resultado de actividades económicas. Pero esta no era la opinión de los funcionarios e inspectores tributarios, cuando comprobaron la vetusta redacción de la Ley del IRPF procedente de las primigenias leyes de IRPF (Ley 44/81978, Art. 20 Dos; Ley 18/1991, Art. Tres) cuando se refería a las pérdidas en los juegos de azar. La redacción de la Ley 35/2006, en su artículo Art. 33.5 d), vigente en 2011, era esta: “5. No se computarán como pérdidas patrimoniales las siguientes: (…) d) Las debidas a pérdidas en el juego” La fatal concurrencia del hambre con las ganas de comer Por aquel entonces de 2011, y siendo conscientes de que los juegos online en España eran ilegales... ¿cómo iban los contribuyentes a declarar, aunque debían, si habían obtenido ganancias reales? Parecía imposible que Hacienda llegara tan lejos, y de todos los ganadores, todos o muy pocos declararon nada. Casualmente, el ciudadano al que se refiere la sentencia sí lo hizo, había ganado 5.137,79 euros en todo el año en apuestas online, y como le salía a devolver su declaración por otros conceptos, pidió la devolución de 33,52 euros. Ahí hubiera debido terminar todo. Pero coincidió que muchas de los operadores ilegales habían decidido optar por una licencia a raíz de la publicación de la nueva Ley del Juego en España. Esta Ley 13/2011 avisaba, además, de que estos operadores podían obtener una licencia, pero solo si “regularizaban su situación tributaria”, o sea , pagando por su parte, las jugosas tasas de juego por sus operaciones realizadas en los años no prescritos, a lo que accedieron a regañadientes (véase comentario a las sentencias de la Audiencia Nacional de 20 de Abril y 15 de Junio de 2015) No conforme con ello, y en aquellos momentos de flacas Tesorerías Tributarias, la Hacienda Pública preparó las actuaciones para aflorar las ganancias de los jugadores en los mismos períodos, vale… pero de acuerdo con sus estrictos y descabellados criterios e interpretaciones confiscatorias que le permitía una estricta lectura literal de la vetusta Ley citada. ¡¡¡A por ellos!!! Y así fue como, a requerimiento de la misma Hacienda a los operadores, estos le remitieron masiva y obedientemente (y en formato legible electrónicamente, claro) la totalidad de sus listados de clientes y apuestas en los periodos no prescritos, con nombres y apellidos, DNI, e importes, de las operaciones realizadas en el periodo de ilegalidad. Efectivamente, se prestaron a ello y se los dieron (“¡No sea que no nos den la licencia que hemos pedido ¡!!!).  En seguida, aunque tardaron mucho más en pagar su propia deuda…. Teniendo a su disposición los datos, y su interpretación de la Ley, los requerimientos tributarios fueron masivos, innumerables inspecciones llegaron a los despachos fiscalistas, amenazando con levantamiento de actas, y posterior liquidación y sanción. Con base única en las cantidades premiadas, sin reducir el importe de las apuestas realizadas. Un verdadero drama porque, salvo casos contados, desvalijaban claramente el patrimonio del contribuyente que hasta entonces se las prometía muy felices y, en los casos menos abundantes y menos prudentes, habían decidido invertir sus ganancias en otros bienes muebles o inmuebles. Las ofertas de la Inspección de reducir en parte las sanciones, o la dificultad de recurrir ante el largo camino que debían emprender, zanjó las actuaciones con importantes ingresos para la Hacienda Pública. Así me consta. El obligado cambio o “aclaración legal” que sucedió para el ejercicio 2012 Por otro lado, la propia Hacienda se dio cuenta de que era necesario cambiar el texto de la Ley del IRPF aplicable a estas ganancias. La razón es evidente también, examinando el motivo de su existencia: en realidad, se trataba de un artículo del que nadie se había acordado desde la primera versión de la Ley del IRPF en España, allá por 1978. Y es que entonces, los juegos de azar eran todos ilegales, salvo las loterías del Estado, e incluso la acción de jugar era constitutiva de delito tipificado en el Código Penal. Parece comprensible que, ante dicha realidad, el legislador fiscal introdujera esta previsión en la primera Ley de 1978 que, más que una norma tributaria, era un “castigo”. Nadie se acordó de ella en las modificaciones de 1991 y 2006. Nunca, que sepamos, había sido aplicada a ningún contribuyente antes de la Ley del Juego de 2011… ¿quién pensaba declarar las ganancias en un casino, en un bingo, o en las máquinas de juego, donde los jugadores son “anónimos” por propia naturaleza? Si acaso, un contribuyente concienciado, las hubiera declarado como “ganancias sin justificación”. Y punto. En el caso de la sentencia, nuestro ciudadano ejemplar que así lo hizo: declaró lo que realmente había ganado en apuestas legales online, 5.137,79 euros. A raíz de la aprobación de la Ley del Juego que regula los juegos online ( donde por decisión y definición legal, los jugadores están “identificados”), y ante la previsible “desbandada” de usuarios que llegaría ante tamaña injusticia, no cabía otra que “aclarar” el texto legal vigente llevando a su justo término la base de la contribución: las ganancias reales de los jugadores, cuando las hay, son ganancias patrimoniales que así se declaran y tienen casilla propia desde entonces en la Declaración anual. Y se modificó la Ley tributaria con el texto ahora vigente desde el 1 de enero de 2012, obsérvese el trascendental cambio del Art. 33: “5. No se computarán como pérdidas patrimoniales las siguientes

1. d) Las debidas a pérdidas en el juego obtenidas en el período impositivo que excedan de las ganancias obtenidas en el juego en el mismo período”

Desde el ejercicio 2012, ya no hay duda: se gravan las ganancias reales, y los ganadores lo deben declarar así; y cuando hay inspecciones, la Hacienda suele tener razón, y no llegan a los Tribunales. Pero quedaron pendientes los que se atrevieron a recurrir sobre las actas del ejercicio 2011 y anteriores. Los recursos judiciales y la contradicción de las sentencias Quienes se decidieron a recurrir, aún a sabiendas de la larga marcha a la que se enfrentaban, tuvieron diversa suerte (otra vez la suerte, amigos). La discusión jurídica, en los diferentes recursos presentados, giró alrededor de si la Ley antigua quería decir lo que decía la nueva ya claramente, o eran cosas distintas. Y así varias sentencias de los Tribunales Económicos Regionales, y en los Tribunales Superiores de Justicia de distintas Comunidades Autónomas, unas a favor y otros en contra. La del TSJ de Madrid de 9 de Marzo de 2015 y la del TSJ de Castilla La Mancha de 15 de Marzo de 2018 declaraban que el nuevo texto legal aplicado a 2012 era una especie de “interpretación auténtica” del texto anterior, y que procedía anular las liquidaciones de ejercicios anteriores . Sin embargo, otros Tribunales, como el de Cataluña, las dictaban en contra por seguir, erre que erre, en la literalidad estricta, y sin tener en cuenta un principio general de nuestro Derecho, contenido en el Artículo 3 del Código Civil: “1. Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas” No era la misma, ni mucho menos, la situación y alcance jurídico de los juegos de azar en España en 1977 que más adelante en 2011. Finalmente, la sentencia del TS de 14 de octubre de 2024 motivadora de este comentario, decide definitivamente sobre esta cuestión histórica, aunque muchos años después, y después de haberse encontrado muchos contribuyentes entre la espada y la pared de la inspección. Epílogo para un ciudadano ejemplar Obsérvese que el contribuyente ha conseguido en 2024, que le reconozcan el derecho a la devolución, y probablemente le devuelvan, 33,55 euros que pidió en 2012. Después de haber tenido que soportar innumerables gastos y molestias derivados de las actuaciones inspectoras, liquidadoras, sancionadoras y judiciales, muy probablemente después de haber tenido que pagar la liquidación y la multa durante el transcurso de las distintas reclamaciones administrativas y judiciales, que, aunque la sentencia del TS no cita, ascendieron a 30.958,47 € de liquidación e intereses, y a 992,92 euros de sanción de multa. Todo un héroe. Para más inri, el software de anonimización de la base de datos de Cendoj le ha asignado, también aleatoriamente, el nombre de “D. Donato”. Esta sentencia, por otro lado, no otorga derecho alguno, según el Ordenamiento español, a que todos aquellos que quedaron por el camino, que pagaron y no impugnaron en su momento, puedan reclamar ya nada. Como decía al principio, una triste y agridulce historia. Carlos Lalanda Socio Fundador de Loyra Abogados

El reciente Informe del Tribunal de Cuentas sobre la fiscalización del sistema de control de SELAE abre un debate crucial sobre la gestión y transparencia en los productos de Juego de la Sociedad, en particular, sobre su rol en la prevención del blanqueo de capitales. En un contexto donde las loterías manejan cifras multimillonarias y operan bajo estrictos marcos legales, Carlos Lalanda, Socio Fundador de Loyra Abogados, desvela los puntos más destacados en la supervisión de las actividades de SELAE, con especial atención a los controles financieros, la identificación de jugadores premiados y el cumplimiento de la Ley 10/2010.

SELAE Y EL TRIBUNAL DE CUENTAS

Leemos con atención el Informe 1575 del Tribunal de Cuentas de 23 de Julio, de Fiscalización del sistema de control de SELAE aplicado en la gestión los de premios de sus productos de juego, respecto al ejercicio 2022. Han tenido que pasar muchos años para que alguien explique de forma tan sintética y pedagógica cuáles son los motivos y fundamento del control de las cuentas de SELAE, desde una perspectiva de prevención de alguno de los delitos que pueden cometerse al calor de la singular operativa de comercialización de loterías. El blanqueo de capitales es uno de los que más tinta han concitado alrededor de la operativa lotérica, en cualquier país, y en España este tema se circunscribe a la actividad de los tres operadores designados por la Ley: SELAE, la ONCE o Loteríes de Catalunya. En estos tres casos el control y la fiscalización de sus actividades se ejercen por las normas de supervisión contables públicas, por ser quienes son sus propietarios, aunque su naturaleza jurídica sea ya la de empresas que pretenden los beneficios empresariales de cualquier actividad de servicios, y luego estos se destinan a diversas finalidades más o menos públicas. Y el Tribunal de Cuentas nos brinda en su Informe una ocasión única para comprender la situación de algunos de sus paradigmas. Desbrozaré el Informe del Tribunal de Cuentas y sus recomendaciones. El Resumen del Informe y sus pretensiones Es imprescindible la lectura del Resumen que se acompaña al citado Informe para entender “Qué es SELAE” “Porqué es importante su control”, “Qué se ha fiscalizado y con qué finalidad”, y termina con un listado de “Principales conclusiones” y de ”Recomendaciones más relevantes”. Todo el Informe gira alrededor de la forma en que dicho SELAE ha ajustado su actividad al cumplimiento de las normas de la Ley 10/2010, de Prevención de Blanqueo de capitales y de Financiación del Terrorismo; y las específicas dirigidas a operadores de los juegos de lotería, en especial la identificación de todos los jugadores premiados con más de 2.000 euros. La importancia radica en el gran volumen de operaciones alcanzadas por SELAE, que en 2022 ascendieron a 9.687 M€ de ventas (apuestas); y a 6.148 M€ en premios. Y este ingente tráfico era y es susceptible de ser aprovechado y utilizado por la delincuencia delictiva blanqueadora que históricamente se producía con el tráfico de algunos boletos o billetes premiados. El Informe ha analizado exhaustivamente, en este contexto de lucha contra estas actividades de blanqueo, cuáles son las cifras económicas principales, cuales las acciones implantadas por SELAE en su operativa del día a día para prevenirlas, incluyendo la perspectiva informática de la actividad, los órganos y formas de control interno creados a tal fin, así como especialmente la ejecución delegada en la Banca de las obligaciones de identificación de los jugadores premiados, llegando a diversas conclusiones y recomendaciones. En el Informe y sus recomendaciones subyacen algunas ideas que conviene explicar, matizar, e incluso reforzar desde nuestra perspectiva crítica. SELAE cumple, pero necesita mejorar El título anterior podría resumir la nota de examen que el Tribunal da a SELAE con este Informe, aunque luego hay que descender más al detalle, para atisbar el sendero que todavía necesita recorrer la citada entidad para mejorarla, y que discurre por varias vías:

• Respecto al cumplimento de las obligaciones formales legales antiblanqueo, se recomienda implementar mejoras en los órganos internos de prevención y en el sistema informático; reducir los tiempos de comunicación al SEPBLAC de posibles operaciones vinculadas al blanqueo, e implantar en menos de un año las recomendaciones del experto externo que debe completar la acción de prevención. En estos aspectos ya están en marcha y ejecución varios contratos que han sido licitados o concretados antes de ahora ^[1]. En cuanto a las cifras de este capítulo, se alude a 3.481 alertas automáticas en 2022 por posible operativa vinculada al blanqueo, que dieron lugar a 32 comunicaciones al SEPBLAC, aunque el tiempo medio de notificación fue de 13,2 días, que debería reducirse; y además luego SELAE no hace seguimiento de ellas.
• Respecto al incumplimiento de los contratos suscritos con las entidades financieras para el pago delegado de los premios superiores a 2.000 euros, resulta sorprendente el importante volumen de incumplimiento de estas últimas que se reseña (15.852 expedientes sin documentación, para un total de 759 M€ de premios) y la hipotética consecuencia contractual que advierte: la retrocesión de los cargos bancarios en estos casos. Una Banca que ha sido tradicionalmente muy remisa a considerar el ámbito de las actividades empresariales de juego como una actividad normal y lícita^[2]; parece que fuera la más eficaz guardiana y cumplidora del deber de “identificar antes que pagar.”. Pero ojo…. según las alegaciones de SELAE, no se trata de ausencia generalizada de identificación de los premiados en la mayoría de los casos, sino de la falta de cumplimentación exhaustiva de los protocolos exigidos y de su comprobación documental posterior, que es distinto, porque solo hay 4 casos detectados en los que la ausencia de la remisión de los boletos premiados sí han supuesto una retrocesión de dichos cargos, e incluso la ruptura de relaciones contractuales con alguna entidad bancaria.
• Sobre las recomendaciones para aprobar una norma “interna” integral para regular todos los juegos y los pagos de premios; y la de potenciar las ventas de juegos por el “canal online”, conviene detenerse un poco más.

La Reglamentación de los juegos de lotería, asignatura pendiente Entre las recomendaciones, se alude a la necesidad de aprobar una norma o unificar los procedimientos “internos” reguladores de los pagos de premios, partiendo de su dispersión al existir varios y de fechas diferentes procedentes de distintos órganos de la entidad y que requieren de una actualización; y que además no regulan las características específicas del juego online. Pero también advierte que hay algunas normas anteriores a la Ley del Juego de 2011 y que necesitarían de adaptación, recomendando proponer al Ministerio de Derechos Sociales, actualmente regulador de la competencia de juego, que se apruebe una nueva regulación específica integral del juego de la Lotería Nacional. Muy interesante advertencia, que ya veníamos anticipando en otros comentarios, pues lo cierto es que los actuales “reglamentos de los juegos lotéricos” están petrificados normativamente y deberían ser actualizados conforme prevé la Disposición Transitoria Primera y Tercera de la dicha Ley del Juego. Y no solo el de la Lotería Nacional. Desde 2011 se han introducido algunas variantes de juegos y premios lotéricos sin cobertura normativa alguna, incluso acudiendo a la dudosa validez formal de las “Ordenes Comunicadas” como es el caso del reciente Euro Dreams^[3]. Sin embargo, la perspectiva de la modificación y adaptación de los reglamentos de los juegos a través de nuevas normas reglamentaria que los regulen , y el régimen  de elementos como el de los justificantes o boletos, la identificación de los jugadores, el pago de premios, etc., es un asunto sin duda de naturaleza muy compleja, comenzando por la propia cuestión nuclear de la operativa tradicional de esta actividad económica:  la identificación o el anonimato del jugador que arriesga en la apuesta lotérica, verdadero eje del negocio. Esta perspectiva de modelo de los juegos no se incluyó en la Ley del Juego, que solo parece dirigirse a regular las actividades del juego online, siempre canalizadas a través de una cuenta de juego y la identificación del jugador. No hay en la Ley del juego, pues, ninguna previsión acerca de juegos que permitan el anonimato del jugador, como ocurre con la Lotería y la mayoría de los juegos presenciales. Y es que el grueso de las ventas o apuestas lotéricas de SELAE son “anónimas” como reconoce el propio Informe, los resguardos o boletos son tratados como “títulos al portador” con las consecuencias que se derivan de esta calificación jurídica: el apostante no está identificado, y por tanto el título de la apuesta es susceptible de cesión, con finalidades lícitas o ilícitas. La recomendación y “mejora” que atisba el Informe en este punto (además, claro, de que la Banca delegada identifique antes de pagar al premiado) pasa entonces por la potenciación de las ventas online propias de SELAE a través de su Web, pero también a través de las de los Agentes o Gestores de Puntos de Venta, cuyo control debería ser también potenciado. Esta última recomendación doble requiere de un detalle aún mayor de análisis. Los canales de venta online de loterías: su importancia económica y su control El Informe pasa en este punto a tratar un terreno muy pantanoso y requiere de una explicación algo más amplia. Se detalla por un lado que este canal operado por el propio SELAE a través de su Web (con usuarios identificados) representa el 2,8% del total de ventas, lo que no parece ser una cuota muy elevada. Y afirma también que este canal es el más eficaz para prevenir el blanqueo. Pues claro: se ha interpretado sin duda alguna que la operativa de la Web de SELAE debe pasar y estar sometida a las detalladas normas, instrucciones y obligaciones técnicas relativas a los Sistemas Técnicos informáticos que se prevén para los operadores de juegos online. Como ordena la Ley del Juego, y en su calidad de operador de Apuestas Mutuas, SELAE hubo de solicitar y obtener ante la DGOJ las correspondientes Licencias General y Singulares.  Y adaptar su Sistema Técnico a dichos reglamentos y normas técnicas, en definitiva, homologarlo, por lo que la operativa del canal online se basa en “usuarios identificados” y “controlados a través de su cuenta de juego”^[4]. Pero quizás el órgano fiscalizador desconoce las grandes polémicas, enfrentamientos e incluso litigios planteados por los propios Puntos de Venta contratados (10.914), en torno a una supuesta “autolimitación” del potencial desarrollo de la Web de SELAE, que ha llegado a ser considerada como una de las más visitada en España^[5]. Los Puntos de Venta llegaron a impugnar este canal de ventas ante los Juzgados como un supuesto de incumplimiento contractual invocando competencia desleal, en contra de sus intereses contractuales legítimos.^[6] SELAE en consecuencia no ha desplegado este canal en toda su potencialidad. Desde otra perspectiva, el desarrollo de Webs por los propios Puntos de Venta, cuya importancia en el volumen total se desconoce pero que podría tener una proporción similar en su conjunto al de la Web de SELAE, también ha sido objeto de numerosas polémicas y litigios, en la consideración de dichos instrumentos en el marco contractual entre ambas partes. A falta de mayor concreción y como reconoce el Informe, es cierto que estas apuestas se computan hasta ahora dentro del “canal físico” (porque en realidad el momento de computar estas apuestas es el mismo que el del resto de las apuestas, cuando se incorporan al terminal físico de SELAE en cada establecimiento). En este punto, además, la DGOJ ya inició en 2023 un período de Consulta previa para elaborar la regulación de estas Webs, y que debería desembocar en soluciones normativas que, efectivamente, permitan controlar y verificar la identidad del jugador desde su inicio ( y no solo cuando en hipótesis, obtengan un premio, que es hasta ahora el objeto del mandato legal). En definitiva, un Informe muy oportuno al caso, y sobre el que SELAE desde luego debe trabajar como operador formalmente obligado a cumplir en materia de prevención de blanqueo; recomendación extensible a los demás operadores lotéricos; pero también un aviso a quienes, desde el Gobierno, tienen la potestad de regular las loterías. Carlos Lalanda Fernández Abogado y Socio Fundador de Loyra [1] Tenemos abundantes ejemplos de la proactividad de SELAE en este punto, que constan en la Plataforma de Contratación del Sector Público, como el contrato para mejora de conexión de los terminales proporcionados a los Puntos de venta (Expediente 23/192); o el de la contratación del experto externo en blanqueo de capitales, (Expediente.24/182) [2] Y no sólo por su histórica renuencia a financiar empresas de juego.  En varios Códigos de Conducta de entidades bancarias se prohíbe a los empleados el acceso a establecimientos de juego como norma supuestamente ética. [3] Véase la referencia en la Web de SELAE a este nuevo juego, al parecer aprobado por el Ministerio, pero sin haberse tramitado como disposición general, ni  publicado su reglamento en el BOE. [4] Véase la Resolución Homologatoria en la Web de la DGOJ [5] Ya en el Informe corporativo de 2017 de SELAE se advertía que la Web “www. selae.es” estaba considerada la 5ª Web más visitada de España, con 2.931.000 visitantes únicos cada mes, con más de 1. 000.000 de usuarios registrados. [6]Entre otras, véanse sobre este particular las sentencias del JM 8 de Madrid de 24 de Enero de 2018 y la de la AP de Madrid 31-1-2020 . VER AZARplus DE HOY.- No te pierdas el especial AZAR VERANO con el Informe del Tribunal de Cuentas sobre SELAE

Carlos Lalanda, socio fundador de Loyra Abogados, firma este artículo en el que arroja luz sobre el tumultuoso panorama político y económico que rodea al proyecto Hard Rock Entertainment World en Cataluña. En un contexto marcado por la disolución del Parlamento catalán y la convocatoria de nuevas elecciones, Lalanda examina con agudeza los desacuerdos presupuestarios que han llevado a un punto muerto en la aprobación de los presupuestos autonómicos.

Recientemente, el Tribunal Supremo ha emitido una sentencia crucial en relación con la Tasa Fiscal sobre el Juego durante el estado de alarma por la pandemia del Covid-19 en 2020. Este fallo, dictado el 26 de enero de 2024, resuelve el primer recurso de casación interpuesto contra la tasa aplicada a las máquinas de juego durante dicho periodo.

El reciente Auto del Tribunal Supremo sobre la intervención de Comunidades Autónomas en la actividad de la ONCE genera interrogantes legales. Carlos Lalanda, Socio Fundador de Loyra Abogados, examina detalladamente el caso, en el que destaca las contradicciones en las sentencias publicadas y plantea si las autoridades autonómicas pueden inspeccionar estas terminales, abriendo un debate sobre competencias y constitucionalidad...

Carlos Lalanda, Socio Fundador de Loyra Abogados, analiza minuciosamente la nueva Ley del Juego de Galicia, que entró en vigor el pasado 6 de octubre, y que ha requerido más de cinco años de tramitación. Una Ley que, más que despejar incógnitas, genera importantes dudas sobre su aplicación, especialmente en lo que respecta a la hostelería y las Máquinas tipo B.

Superada ya la pandemia de Covid 19, por otra parte, este coronavirus ha resultado ser la causa indirecta desencadenante de un rebrote de las históricas contradicciones que siempre han girado alrededor del tributo especial denominado” Tasa Fiscal sobre el Juego”, en su variante aplicada a la explotación de las Máquinas de Juego. Repasemos los elementos de este tributo y su evolución, y veremos cómo le afectó la pandemia.

Hace ya bastantes años, el tributo aplicado a los juegos de azar, creado allá por 1977 y denominado coloquialmente “Tasa fiscal sobre el Juego” fue considerado técnicamente como una “tasa”, hasta que el propio Tribunal Constitucional puso las cosas en su sitio, caracterizándolo como un “impuesto”, aunque todavía sigue así en los Boletines oficiales. Inexplicablemente.

En un reciente Informe de la Web “ USA-Casino.com” , se hace una pedagógica síntesis de las sanciones impuestas por los reguladores de los juegos a lo largo de todo el mundo, sobre todo del anglosajón, destacando las multimillonarias multas aplicadas durante el pasado año en jurisdicciones como USA, Reino Unido, Canadá, Australia y también Suecia y Países Bajos...

El Ministerio de Consumo ha sacado a Consulta Pública una modificación de la Ley de Juego 13/2011, con objeto de, según titula, “reforzar las funciones de la Dirección General del Juego en materia de protección de los participantes en riesgo en las actividades de juego, y de colaboración en la lucha contra el fraude y la manipulación de las competiciones deportivas.”

Acabamos de conocer el texto de la sentencia del Tribunal Constitucional y de los votos particulares emitidos por algunos magistrados discrepantes, que determina la inconstitucionalidad de algunos de los artículos del RD 463/2020, de 14 de Marzo, que declaraba el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19; y también la constitucionalidad de otros; con declaraciones adicionales sobre el alcance de la decisión. Interesa analizar y sintetizar algunas de sus conclusiones, sobre todo desde la perspectiva que hemos tratado en otras ocasiones, que alcanzaba a la posibilidad de reclamar una indemnización como consecuencia de las pérdidas ocasionadas a numerosos establecimientos que hubieron de suspender temporalmente en su actividad por mandato de dicho RD. Y hacer unas primeras consideraciones sobre su importancia.  

Objeto del recurso de inconstitucionalidad que se dirime.

 El recurso, planteado por los Diputados del Grupo Vox en el Parlamento, estaba dirigido a la posible inconstitucionalidad de algunos de sus artículos, con base en la posible elección equivocada del instrumento legal utilizado para aprobar las diversas medidas contenidas en el mismo. Según los recurrentes, para sustentarlas no era suficiente con declarar el estado de “alarma”; sino que habría sido necesario el estado de “excepción”, al otorgar este según la Constitución, más capacidad de restricción de derechos individuales. La sentencia declara inconstitucionales, por necesitar el régimen de “estado de excepción”, los siguientes artículos:

• el Artículo 7 en sus apartados 1,3 y 5 (restricciones a la libertad de movimientos también llamada “deambulatoria”, que permitió los confinamientos generales).
• el Art, 10 apartado 6 , que otorgaba facultades al Ministro de Sanidad para “modificar” o “ampliar” las medidas adoptadas (no se discute la facultad de “reducirlas” también incluida en la delegación).

Al contrario, los demás artículos del RD que se impugnaban en sede constitucional se declaran constitucionales bajo esta perspectiva formal, y entre ellos, los Artículos 10.3 (suspensión de actividades en los sectores económicos referidos en el Anexo, como son los relacionados con los juegos de azar); o el 10.4 (la suspensión de actividades de hostelería y restauración, salvo entregas a domicilio). Así pues, para su limitación valía y era suficiente que se adoptaran bajo el “estado de alarma”, en síntesis, por no tratarse de la supresión de un derecho fundamental, como ocurre en los otros dos preceptos anulados. A mí me parece que esto es bastante y agota el análisis de la constitucionalidad de los concretos preceptos del RD estudiados, por cuanto si el TC hubiera advertido alguna tacha de inconstitucionalidad en ellos, tenía a su disposición la técnica de la “autocuestión de inconstitucionalidad” prevista en la LOTC, y no hay rastro alguno de ella en la sentencia. En definitiva, al TC no le cabe duda alguna acerca de la constitucionalidad los dichos artículos 10. 3 y 10.4 que son los decisivos para indagar sobre las consecuencias del cese de actividades y de las posibles impugnaciones indemnizatorias. Lo mismo puede decirse tambien respecto a los votos particulares, que  ninguno se opone a esta interpretación.

Efectos explícitos de la declaración de inconstitucionalidad que incluye la sentencia del TC (y otros efectos que nos interesan).

Las sentencias del TC pueden adicionar declaraciones acerca de la extensión de los efectos de sus declaraciones anulatoria cuando suceden, lo que es muy útil para determinar si luego los particulares pueden o no proseguir sus aventuras procesales. Y en este caso lo hace para determinar el alcance de la anulación de los citados párrafos del artículo 7 referido a la libertad deambulatoria, o a la del 10.6 : todas las sanciones que hubieren sido impuestas al amparo de estos artículos son anulables si su impugnación está en curso, y revisables si adquirieron firmeza, y deberían devolverse en todos estos casos las multas impuestas por este motivo se hubieran pagado antes. Además, y aunque nada se dice con respecto al resto de los preceptos declarados constitucionales (ni debería decirlo) en lo que nos atañe, entre ellos sobre la suspensión de actividades acordada en el Art. 10. 3 o 10.4  del RD resulta que el último párrafo de la sentencia hace un pronunciamiento general para el caso de que los ciudadanos a quienes se hubiera aplicado los preceptos anulados : “la sentencia no será por sí misma título jurídico para fundar una reclamación de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 3.2 de la LO 4/1981, de 1 de Junio”. O sea, que puede reclamarse una indemnización en los casos en que se aplicó el Art. 7 o del 10.6 porque estaríamos en presencia de un supuesto típico de la acción de responsabilidad patrimonial del legislador (por causa de la declaración de nulidad por inconstitucional de  una norma). Pero se hace necesaria la adicional concurrencia de los demás requisitos de la acción: daño, causa,, individualización, etc. Este último párrafo nos invita a reflexionar si tiene algo que ver, no obstante, con las reclamaciones basadas incluso en los artículos declarados constitucionales.

¿Es posible reclamar , después de la sentencia, una indemnización por la suspensión de algunas actividades empresariales acordada en el RD 463/2020?

La cuestión que se ha venido discutiendo ampliamente hasta ahora sobre este punto era si la LO 4/1981 que regula el régimen de los estados de “alarma”, “excepción” y “sitio” permitía instar alguna acción resarcitoria de las evidentes pérdidas ocasionadas a las empresas cuyos establecimientos hubieron de cerrar durante la aplicación de este RD. Al margen de los problemas de “quien”, “como” y “cuando” formular estas reclamaciones, los planteamientos que se han debatido se han referido a la invocación de figuras constitucionales, administrativas, de expropiación o responsabilidad patrimonial,  las derivadas del Ordenamiento europeo etc. Con esta sentencia la única duda que ahora se despeja (que no es poca) es la constitucionalidad de la norma sobre la que se apoyó formalmente dicha suspensión; pero la referencia contenida en el último párrafo de la sentencia nos obliga a mantener las espadas en alto acerca de si existen o no supuestos en los que el citado artículo de la LO 4/1981 permitiría reconocer esta indemnización a los Tribunales ordinarios. Esto va a ser difícil, desde luego, pero alguna referencia de la misma sentencia nos permite indagar acerca de alguna solución:

• Desde la perspectiva constitucional, y en esto el TC es el intérprete supremo, y según la sentencia, este mandato de suspensión constituía obligaciones o deberes que el administrado tuvo el deber jurídico de soportar, limitando la libertad de empresa. (párrafo 2º Pag 68). No estamos, por tanto, ante una “norma antijurídica”, que suele ser uno de los requisitos básicos de cualquier acción de responsabilidad patrimonial.
• Pero en otro párrafo anterior se hace una manifestación clara acerca de la naturaleza de estas suspensiones: afectaron a muchas clases de actividades, pero no a todas, y precisamente por ello no requieren de la formalidad de adoptar el estado de “excepción”, valía con el estado de “alarma”. (2º Párrafo . Pág. 67) Luego no estamos ante las tradicionales “cargas generales”, que éstas sí excluyen la indemnización, según determina la Jurisprudencia , sino ante cargas aplicables solo a algunas clases de actividades.
• Por último, el voto particular emitido por el Presidente del TC, González Rivas, discrepante del sentir general aunque en este tema solo a efectos dialécticos, recuerda que las circunstancias que dan derecho a la indemnización en el Art. 3.2 de la LO 4/1981 son autónomas, y se basan precisamente en que los estados de emergencia sean constitucionales, advirtiéndonos así cómo ha de interpretarse la propia decisión del Tribunal en este punto.

Recordemos aquí que la indemnización a la que se refiere el Art. 3.2 de la LO 4/1981, que es a donde va a parar el razonamiento del magistrado discrepante, no está referida a la constitucionalidad o no de la norma de aplicación; a lo que habría que añadir que la expropiación forzosa es una institución por supuesto incluida en la Constitución, y la indemnización por expropiación forzosa se reconoce precisamente porque los expropiados tienen la obligación jurídica de soportar el acto o la norma expropiatoria, y este es el presupuesto que precisamente constituye la base de su derecho.

Conclusiones

A nuestro fines antes contemplados, de análisis de posibles reclamaciones, no parece caber duda alguna después de la sentencia del TC, de la constitucionalidad de las medidas de suspensión de actividades de los establecimientos de juego y de restauración contempladas en los párrafos 10.3 y 10.4 del RD 463/2020; pero la misma sentencia no es concluyente acerca de la posibilidad de reconocerse alguna indemnización por esta causa. Queda por conocerse todavía la definitiva solución que va a darse a las reclamaciones por las pérdidas ocasionadas a muchas clases de empresarios, por el sacrificio al que fueron sometidos (no todos, sino algunos) en cuanto pudieran quedar enmarcadas en el citado Art. 3.2 de la LO 4/1981; si bien la acción de Responsabilidad Patrimonial del estado legislador queda prácticamente descartada. En particular, no queda excluida la posibilidad que se dibuja bajo el régimen expropiatorio de derechos al que se refiere la Ley de expropiación forzosa en su artículo 120. El plazo de prescripción del derecho a reclamar en estos casos era también el de un año a partir del hecho que lo motivó (Art. 122 LEF). En Madrid, a 25 de Julio de 2021. Carlos Lalanda Fernández Loyra Abogados VISITAR WEB OFICIAL DE LOYRA ABOGADOS

A veces se da la circunstancia de que se presenta a cobrar un premio cuantioso un menor o una persona que por unas u otras razones, no tiene permitido jugar a causa de ciertos impedimentos legales, civiles o administrativos, que engloban prohibiciones por incapacidad, interdicción , o incluso “autoprohibiciones” de los jugadores, los últimos por estar inscritos en ciertos Registros administrativos denominados como “Registros de prohibidos”, de “Interdicción”, etc. .

Sin haber digerido todavía los efectos del reciente Real Decreto de Comunicaciones Comerciales de las actividades de juego, el Ministerio de Consumo prepara y somete a Consulta previa un nuevo Decreto, que esta vez desarrollará dos clases de materias dispares:

• La regulación de “entornos más seguros” de juego online de ámbito estatal.
• El reparto de una porción del Impuesto del Juego (DA Sexta de la Ley del Juego).

Como se trata de dos materias radicalmente distintas, conviene tratarlas por separado:

Los denominados “entornos más seguros” de juego online

 En este primer punto se pretende con la iniciativa incidir en tres aspectos que se describen literalmente de la siguiente forma: “1. Reforzar el conocimiento de los operadores de su base de jugadores desde la perspectiva del juego seguro o responsable. 2- Reforzar las obligaciones de información general a los participantes en los juegos; 3- Reforzar las medidas existentes de juego responsable o seguro, con especial atención a los jugadores que presenten comportamientos de riesgo, combinando acciones preventivas, de sensibilización, de intervención y de control, así como de reparación de los efectos negativos producidos.” Pues bien, por “reforzar”, se puede “reforzar” todo lo que se quiera, pero las obligaciones impuestas a los destinatarios de la intervención administrativa nos parecen ya abundantes en las diferentes normas reglamentarias de mayor o menor rango que la propia iniciativa designa: en el RD 1613/2011; de homologaciones técnicas; en el RD 1614/2011, del régimen de licencias, pero también  en las Ordenes de las Convocatorias de Licencias que exigían a los operadores construir todo un ecosistema de prevención, garantía e información dirigido a los jugadores, además de las incluidas en todas las Órdenes Ministeriales que reglamentan cada juego concreto (hasta 14); y en las distintas Resoluciones de menor rango, de la propia DGOJ sobre las especificaciones técnicas de las plataformas, como la de 6 de Noviembre de 2011, 12 de Julio de 2012, 31 de Octubre de 2018, etc. Por último, y por si pareciera poco, el RD 958/2020 recientemente aprobado incluye todo un Título II destinado a esta finalidad que adiciona varias figuras relacionadas con el Art. 8 de la Ley del juego y que lleva por título: “Políticas activas de información y protección de las personas usuarias” (Arts. 29 a 35); entre otras cosas, estos artículos incrementan las obligaciones de información al jugador, se obliga a implantar una especie de delegado dedicado al juego responsable, o de implantar un software específico para detectar comportamientos de riesgo en los usuarios. También incluye una modificación específica del Art. 36 del RD 1614/2011 sobre limitación de aportaciones de los jugadores, autoexclusiones, y se deroga la posibilidad de ofrecer juegos gratuitos a los no clientes     ¿Qué más se puede añadir a esto? A falta de un texto concreto, que todavía no se ha explicitado en esta fase tramitadora, es muy difícil o imposible pronunciarse acerca de la intención ministerial. Ya veremos. Mucho más importante me parece y hay que advertir sobre la clamorosa omisión de una cobertura legal de la sanción por incumplimiento de cualquier obligación impuesta en esta materia de la protección del jugador este contexto de “responsabilidad social” recogida en el Art. 8 de la Ley. Omisión esta que parece estar en trámite de ser subsanada con la proyectada modificación de la Ley del Juego a través de la Ley de Prevención y lucha contra el fraude fiscal, actualmente en fase parlamentaria, que pretende introducir un nuevo tipo infractor (infracción grave), consistente en no adecuarse los operadores o infringir a las obligaciones que se imponen sobre este particular. Que hasta ahora no está tipificado como tal. Así pues, en este primer capítulo de la Consulta habrá que esperar a tener el texto concreto de los “refuerzos” que se proponen, y, además, a que la modificación legal se apruebe, pues de lo contrario el esfuerzo interventor será baldío y su incumplimiento carecerá de consecuencias.  

El reparto de la una porción de la recaudación del Impuesto sobre actividades de juego (DA 6º de la Ley). “El retorno al deporte“ de la recaudación tributaria de las apuestas.

Esta otra materia que se pretende regular con el nuevo Real Decreto proyectado me parece mucho más fácil de encasillar, vistos los antecedentes próximos y lejanos de la cuestión: estamos una verdadera entelequia o aporía griega, que ya en otro comentario anterior calificábamos como algo parecido al “milagro bíblico de los panes y los peces”.  A pesar de los esfuerzos intelectuales de algunos por catalogar y defender el “retorno al deporte” de las apuestas (que en esencia es reasignar y entregar, vía impuestos, una parte de las ganancias del negocio generado por esta actividad), hacer este reparto o reasignarlo a base de un Reglamento, como indica expresamente la disposición Adicional Sexta de la Ley desde su redacción de 2012 parece una tarea titánica irresoluble por ahora. A mi criterio la situación está viciada de raíz, al pretender desarrollar reglamentariamente un reparto que, según la redacción originaria, requería una verdadera decisión parlamentaria formal del Parlamento. Una verdadera “patada adelante del balón”. o …. “¡que reparta otro!”. Este tema ya surgió en la tramitación parlamentaria de la Ley en 2011, cuando se pretendía traer a nuestro Ordenamiento una figura que ha encajado en Ordenamientos foráneos como en el francés, donde se revierte una parte del Impuesto sobre las apuestas en carreras de caballos a los hipódromos; o en las recientes formulaciones legales de apuestas en Colombia, o Brasil, cuya recaudación del Impuesto sobre los Juegos se aplica directamente a los Presupuestos de instituciones sanitarias o de otra índole, incluso la policía del juego. La fórmula denominada comúnmente “retorno al deporte” o “destino a los fines benéficos o sociales”, es utilizada abundantemente como señuelo para encajar mejor la nueva legislación sobre apuestas o los juegos de azar, y visualizar los beneficios que comporta recaudar nuevos impuestos sobre el juego, una especie de justificación o incentivo argumental que suelen utilizar los legisladores en diferentes latitudes, casi siempre con exageradas promesas de recaudación extra, sean o no adecuados a su respectivo Ordenamiento. En el nuestro, este “reparto a la carta” del Impuesto choca con un principio general Presupuestario, que es la “no afección de los ingresos” a gastos concretos, principio general sobre el que se podría teorizar largo y tendido en el que no nos podemos extendernos aquí, baste con la referencia a l art. 27.3 de la Ley General Presupuestaria:

“Art. 27.3.

Los recursos del Estado, los de cada uno de sus organismos autónomos y los de las entidades integrantes del sector público estatal con presupuesto limitativo se destinarán a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo que por ley se establezca su afectación a fines determinados”.

O sea, y en roman paladino, la ley es la que tiene que decidir a qué en concreto se afecta, y no un Reglamento. Y tan es así la necesidad de aprobación legal, que la propia Ley del Juego recoge, con pelos y señales y sin delegación reglamentaria otro “retorno”, el que se establece sobre los ingresos tributarios del IAJ procedente de las quinielas, cuyo origen venía desde mucho antes de la Ley del Juego, y no como “reparto de un impuesto”, sino de la recaudación misma del operador (el Estado). Al transformarse operador también en el 2011 en Sociedad Anónima (SELAE), la única fórmula de “seguir retornando” parte de la recaudación de las ganancias de las quinielas fue la de afectar una parte del Impuesto de Juego con el que se grava a SELAE procedente de estas y otras apuestas mutuas tradicionales. Este primer “retorno” y su reparto porcentual está en la propia Ley 13/2011 (Disposición Adicional Tercera, Ap. 2):

“a) 49,95% para las Diputaciones Provinciales, a través de las respectivas Comunidades Autónomas.

b) 45,50% para la Liga Nacional de Fútbol Profesional.

c) 4,55% para la Real Federación Española de Fútbol con destino al fútbol no profesional.”

 

El Impuesto ya está “asignado” y “repartido” por la Ley. Y no se puede repartir dos veces.

Además del Impuesto que se recauda de las quinielas y su reparto finalista antes visto, la recaudación del Impuesto sobre las actividades de juego online, procedente de las apuestas o de los demás juegos de azar, se “reparte “ y entrega también según la Ley, a las CCAA allá donde tiene la residencia el jugador o grupo de jugadores residentes originaros (Art. 48.11). Esto puede explicarse de muchas formas, pero la principal es bien sencilla: desde hace ya mucho tiempo, el delicado sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas prevé la cesión de los tributos procedentes de los juegos. Podía haberse adoptado otro criterio que el de la residencia, pero es el que hay, y ha dado lugar a complejas situaciones de gestión cuando los residentes son del País Vasco o Navarra (al aplicarse el criterio emanado de los respectivos Concierto y Convenio, que fue necesario modificar). Además, esta afección y criterio solo pudieron justificarse como una “afección transitoria”; en tanto no quede resuelta de una forma más global y definitiva su inclusión en el sistema de financiación de las CCAA.  La Disposición Transitoria Sexta también recuerda por un lado que la Tributación sobre el Juego está incluida en el régimen de cesión de tributos a las CCAA, y que en consecuencia la solución definitiva de la cesión de este IAJ se dará cuando se adopte el nuevo esquema de Financiación. Los dos artículos conectados (el 48.11 y la DT Sexta) vienen a decir algo así como esto: “Enviemos por ahora un cheque a cada Comunidad Autónoma , bajo dicho parámetro cuantificador; hasta que resolvamos todo el problema de Financiación Autonómica” Y este cheque se viene girando trimestralmente desde entonces, y la estructura y Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas, como sabemos por recientes recordatorios parlamentarios, sigue pendiente de resolver. Esto es lo que hay, y lo mismo que había en 2012, pero la recaudación del Impuesto ya está asignada y repartida por la misma Ley, y no se puede repartir otra vez. Y tampoco estamos ante un nuevo tributo. Esta es la conclusión a la que llegaba ya hace más de tres años (véase en este enlace: “IAJ: el milagro de los panes y los peces”) , cuando a un grupo parlamentario se le ocurrió traer esta cuestión al Congreso de los Diputados que, efectivamente entró al trapo y adoptó solemnemente requerir al Gobierno para el desarrollo de esta Disposición Adicional Sexta. Hasta el mismísimo Defensor del Pueblo (e.f.) ha azuzado este asunto ante ciertas quejas, cayendo en la simplicidad, de requerir al Ministerio de Consumo sobre este particular, cuando es evidente que carece de competencia alguna en el reparto de los tributos. Con estos antecedentes y algunos más, ilusionados posibles destinatarios del “retorno” estos días se lo han recordado y pedido al Gobierno (una especie de “¡¡queremos lo nuestro ¡¡”) , y la propia DGOJ no ha sabido cómo contestarles, y ante ello lo han demandado en la vía judicial (que vale para todo, incluso para patalear). En suma, regular el denominado “retorno” al deporte” es un asunto de calado presupuestario que requiere una Ley Formal que asigne el reparto; y hoy por hoy, la modificación de otra parte de la Ley del Juego, la recaudatoria del IAJ, y a su vez la modificación del Régimen de Financiación de las CCAA y de Cesión de Tributos, que requiere a su vez aprobación por Ley Orgánica. Tarea esta última que hoy por hoy, aunque muy de moda también, presupone la alineación de muchos partidos políticos, incluso regionalistas, nacionalistas e independentistas, en el acuerdo. Para quitarle una parte del cheque al País Vasco o Cataluña. por ejemplo, y dársela al Villaverde CF. ¡¡Quien sabe, el futbol puede mover montañas¡¡ Por último, está el problema de cualquier reparto  ¿cómo se reparte?, ¿a quien se le da más, a quien menos?. ¿lo distribuimos por clase de deporte sobre el que se apuesta ?, ¿que sea olímpico o no, amateur o profesional, masculino o femenino, pleno o discapacitado, mental o físico? ¿para destinar a los clubes, a las federaciones, a los deportistas de élite? ¿quién es el encargado de repartirlo? y como anticipábamos…. ¿se deja de repartir la remesa a las CCAA? Demasiados intereses y partes implicadas, demasiadas arcas tesoreras semivacías, para que este nuevo “reparto” que se pretende llegue a alguna vía de solución ecuánime y equitativa. Al igual que la otra cuestión sometida a Consulta Pública, estamos ávidos por conocer el texto del reparto que el Ministerio de Consumo propondrá,  para opinar definitivamente. Madrid, 20 de Diciembre de 2020, Carlos Lalanda Fernández VISITAR WEB OFICIAL LOYRA ABOGADOS

A principios de 2019 la Ministra de Hacienda criticaba los Presupuestos del Estado heredados de su antecesor Montoro por contener una plaga de “artefactos contables” (luego matizados como “artificios” o “triquiñuelas” contables) con el fin de desviar la atención, ocultar defectos o falsas promesas, o cumplir con fórceps las ratios presupuestarias obligatorias...

Se ha dado a conocer el texto de la carta del Ministro de Consumo del Gobierno de España enviada a los Presidentes de varios clubes de fútbol, la mayoría de los que conforman las Ligas Principales, y no precisamente para animarles o ayudarles en la difícil situación en que se encuentran ante la crisis desatada por el Coronavirus, ni para felicitarles por su decisión de mantener la llama del deporte nacional aun celebrando la competición en estadios sin público...

Hemos visto últimamente una avalancha de propuestas y proposiciones parlamentarias, mediáticas y de todo tipo que surgen de las formaciones políticas y de sus portavoces en distintos foros en torno a los juegos de azar en España y la mejora de su regulación...

El pasado 20 de Junio a las 24:00 terminaba la vigencia del oficial estado de alarma después de 98 días, y mucho se ha hablado acerca de las pérdidas humanas, y de la dificultad de su cuantificación, territorial y total. También de las graves consecuencias económicas de todo orden cuyas controversias se están trasladando a la saturada vía judicial española, siempre lenta e imprecisa...

Vale para todo y para todos.

Vale para satisfacer a los operadores de juego de las ansias de venta de sus juegos, desde los juegos y apuestas online, hasta las loterías estatales.

Vale en sus contenidos para reforzar la satisfacción del “jugador”, para quien el juego es un amante, imprevisible, caprichoso, que hace que tiemble de deseo (Luis Díez y Daniel Díez: “Jugad, jugad. Malditos”2020 )...

Con la aprobación del Decreto Ley 23/2020, de 9 de Junio (D.O.G.C de 11-6), de Cataluña, se despejan preocupantes dudas que asaltaban a muchos empresarios de juego en  su obligación de pago del tributo especial aplicable a las máquinas de juego autorizadas en esta Comunidad Autónoma. Ya advertíamos en un comentario anterior (Vease enlace) que la bonificación aprobada en el artículo 5 del anterior Decreto Ley 11/2020, tramitado urgentemente ante la situación de crisis sanitaria del estado de alarma, resultaba altamente confusa en cuanto al cálculo de la cuota, pero también en cuanto al momento de presentar la autoliquidación y pagar. De forma casi profética, adelantábamos que en caso de prolongarse el estado de alarma hasta el 21-6 (cosa que finalmente ha ocurrido con exactitud), la cuantificación y gestión del pago resultaría poco menos que imposible de entender. Incluso se habían conocido últimamente varias interpretaciones y circulares que corrían por los despachos tributarios de la Generalidad tratando de solventar este problema. Así que ahora se aclara definitivamente la cuestión para las cuotas fijas trimestrales sobre máquinas de juego en el nuevo Decreto Ley:

• La cuota del primer trimestre no se modifica (se queda en 1.004 € para las máquinas de tipo “B” ordinarias) y el plazo para pagarla concluye el 7 de Julio próximo.
• La cuota del segundo trimestre se bonifica al 100% (pasa a ser “0” para todas las máquinas), y en consecuencia solo se presentará la autoliquidación “0”, del 1 al 20 de Septiembre.
• La cuota del tercer trimestre se bonifica un 10%  (pasa a ser de 903,60 € para las máquinas de tipo “B” ), y el plazo de presentación y pago, también del 1 al 20 de Septiembre.

Por otro lado, en el caso de la tributación especial sobre el juego del bingo, con tipo tributario proporcional al importe de los cartones jugados, se acuerda que para los cartones suministrados a las empresas en Febrero, Marzo y Abril, el período de pago será entre el 1 y 15 de Julio próximo. Por último, en el caso de la tasa aplicable sobre los juegos de mesas en casinos, proporcional esta vez a las ganancias de juego, el pago correspondiente a la base del primer trimestre se autoliquidará del 1 al 20 de Julio. Con ello creemos que se clarifican y fijan definitivamente y sin ninguna duda las cuotas y los plazos de pago de estos tributos especiales.

El pago

Ahora viene lo más difícil, asumir el pago, y pagar todas las deudas tributarias, en un contexto de incertidumbre empresarial y oscuras  perspectivas de negocio en los próximos meses, cuando todavía ni siquiera están abiertos muchos de los locales de juego de los diferentes juegos, y no se sabe cómo reaccionará la clientela en el estado de “nueva normalidad”. A los empresarios les queda, todavía, una serie de “cartuchos” tributarios al respecto: la posibilidad de solicitar aplazamientos o fraccionamientos de pago individualizado de las respectivas deudas; y por otros lado, en cuanto a las futuras deudas por tasa de cuota fija de máquinas, la posibilidad de solicitar la “suspensión temporal de las autorizaciones”, (antes del 1 de Julio) aún asumiendo que en Cataluña se pueden extender a un máximo porcentual del parque total  en explotación. A la “sabia” decisión adoptada por el Parlamento catalán, cabe corresponder con alguna otra “sabia” decisión empresarial, siempre esperable de los ya antiguos y civilizados pueblos mediterráneos.  Cipselo de Corintio relataba una de las más antiguas reacciones tributarias que se conocen, la del pueblo griego ante las reiteradas imposiciones fiscales por parte de los tiranos: según se recoge en los textos, los ganaderos a los que se imponían sucesivos gravámenes sobre las mismas cabezas de ganado, e imposibilitados de asumirlos, prefirieron ofrecer los rebaños en sacrificio a los dioses, incinerándolos en la plaza pública, con la exención tributaria consiguiente. (“Mitos y paradojas de la Justicia Tributaria”, L.Einaudi”) A veces, la historia se repite. Desde Madrid, a 11 de Junio de 2020 Carlos Lalanda Fernández. Loyra Abogados mpresarios de juego en  su obligación de pago del tributo especial aplicable a las máquinas de juego autorizadas en esta Comunidad Autónoma. Ya advertíamos en un comentario anterior (Vease enlace) que la bonificación aprobada en el artículo 5 del anterior Decreto Ley 11/2020, tramitado urgentemente ante la situación de crisis sanitaria del estado de alarma, resultaba altamente confusa en cuanto al cálculo de la cuota, pero también en cuanto al momento de presentar la autoliquidación y pagar. De forma casi profética, adelantábamos que en caso de prolongarse el estado de alarma hasta el 21-6 (cosa que finalmente ha ocurrido con exactitud), la cuantificación y gestión del pago resultaría poco menos que imposible de entender. Incluso se habían conocido últimamente varias interpretaciones y circulares que corrían por los despachos tributarios de la Generalidad tratando de solventar este problema. Así que ahora se aclara definitivamente la cuestión para las cuotas fijas trimestrales sobre máquinas de juego en el nuevo Decreto Ley:

• La cuota del primer trimestre no se modifica (se queda en 1.004 € para las máquinas de tipo “B” ordinarias) y el plazo para pagarla concluye el 7 de Julio próximo.
• La cuota del segundo trimestre se bonifica al 100% (pasa a ser “0” para todas las máquinas), y en consecuencia solo se presentará la autoliquidación “0”, del 1 al 20 de Septiembre.
• La cuota del tercer trimestre se bonifica un 10%  (pasa a ser de 903,60 € para las máquinas de tipo “B” ), y el plazo de presentación y pago, también del 1 al 20 de Septiembre.

Por otro lado, en el caso de la tributación especial sobre el juego del bingo, con tipo tributario proporcional al importe de los cartones jugados, se acuerda que para los cartones suministrados a las empresas en Febrero, Marzo y Abril, el período de pago será entre el 1 y 15 de Julio próximo. Por último, en el caso de la tasa aplicable sobre los juegos de mesas en casinos, proporcional esta vez a las ganancias de juego, el pago correspondiente a la base del primer trimestre se autoliquidará del 1 al 20 de Julio. Con ello creemos que se clarifican y fijan definitivamente y sin ninguna duda las cuotas y los plazos de pago de estos tributos especiales.

El pago

Ahora viene lo más difícil, asumir el pago, y pagar todas las deudas tributarias, en un contexto de incertidumbre empresarial y oscuras  perspectivas de negocio en los próximos meses, cuando todavía ni siquiera están abiertos muchos de los locales de juego de los diferentes juegos, y no se sabe cómo reaccionará la clientela en el estado de “nueva normalidad”. A los empresarios les queda, todavía, una serie de “cartuchos” tributarios al respecto: la posibilidad de solicitar aplazamientos o fraccionamientos de pago individualizado de las respectivas deudas; y por otros lado, en cuanto a las futuras deudas por tasa de cuota fija de máquinas, la posibilidad de solicitar la “suspensión temporal de las autorizaciones”, (antes del 1 de Julio) aún asumiendo que en Cataluña se pueden extender a un máximo porcentual del parque total  en explotación. A la “sabia” decisión adoptada por el Parlamento catalán, cabe corresponder con alguna otra “sabia” decisión empresarial, siempre esperable de los ya antiguos y civilizados pueblos mediterráneos.  Cipselo de Corintio relataba una de las más antiguas reacciones tributarias que se conocen, la del pueblo griego ante las reiteradas imposiciones fiscales por parte de los tiranos: según se recoge en los textos, los ganaderos a los que se imponían sucesivos gravámenes sobre las mismas cabezas de ganado, e imposibilitados de asumirlos, prefirieron ofrecer los rebaños en sacrificio a los dioses, incinerándolos en la plaza pública, con la exención tributaria consiguiente. (“Mitos y paradojas de la Justicia Tributaria”, L.Einaudi”) A veces, la historia se repite. Desde Madrid, a 11 de Junio de 2020 Carlos Lalanda Fernández. Loyra Abogados VISITAR WEB OFICIAL LOYRA ABOGADOS

El REAL DECRETO LEY 21/2020, DE 9 DE JUNIO [1]  publicado en el BOE de hoy deroga expresamente el art. 37 del  REAL DECRETO LEY 11/2020 [2] , que establecía una prohibición casi absoluta - salvo franja horaria de 1:00 a 5:00 h de la madrugada- de la actividad públicitaria de las loterías y juegos y apuestas online, con motivo de la situación especial ocasionada por el estado de alarma, y la crisis del Covid 19...