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La Comisión de Juego del Reino Unido ha considerado la existencia de fallos en diferentes ámbitos del negocio

Bet365 deberá pagar 580.000 libras por incumplimientos de la normativa británica

AZARplus

Bet365 enfrenta una multa significativa por violaciones en materia de blanqueo de capitales y responsabilidad social. La Comisión de Juego del Reino Unido ha impuesto a Hillside (UK Gaming) ENC, licenciatario de los productos de bingo y casino de Bet365, el pago de 343.000 libras esterlinas, mientras que Hillside (UK Sports) ENC, licenciatario para las apuestas, deberá abonar 240.000 libras esterlinas, sumando más de 580.000 libras esterlinas (676.000 euros).

Las deficiencias fueron descubiertas durante una revisión de cumplimiento realizada por la Comisión en marzo de 2022. Entre los hallazgos se incluyen problemas relacionados con la responsabilidad social, tales como interacciones inadecuadas con los clientes y un Sistema de Detección Precoz de Riesgos poco efectivo para comprender el comportamiento del cliente. Además, el enfoque de evaluación, según la Comisión, ha demostrado ser “insuficiente” para determinar si los clientes comprendían la información proporcionada.

En cuanto al blanqueamiento de capitales, Gambling Commission ha declarado hallar “deficiencias” en las medidas de debida diligencia con los clientes, falta de verificación de sanciones financieras para nuevos clientes y una confianza excesiva en la autoverificación de la información del cliente.

Kay Roberts, Director Ejecutivo de Operaciones, ha comentado que, aunque los fallos en las políticas y procedimientos no son tan graves como los de otras empresas de juegos en años anteriores, no dejan de ser fallos. “Esperamos de los operadores un alto estándar de seguridad, equidad y legalidad en el juego, y siempre tomaremos medidas para corregir cualquier fallo. Este operador es consciente de que la repetición de estos errores resultará en una intensificación de las medidas regulatorias”.

Los fondos se destinarán a causas socialmente responsables según el acuerdo regulatorio alcanzado con la Comisión.

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