El Govern Balear reconoce el importante papel del Sector

El director general de Empresa, Autónomos y Comercio de las Islas Baleares, José Antonio Caldés, ha comparecido este jueves en la Comisión de Economía del Parlament para exponer las estrategias previstas por el Govern en materia de Juego, como así solicitó la izquierda balear con la intención de seguir estrangulando la actividad en el territorio.

Caldés ha destacado que los operadores privados y empresas del sector “son los principales interesados en evitar la afluencia de ciertos colectivos a las salas” y en prevenir el crecimiento de actividades ilegales.

“La clave radica en que el sector privado promueva pautas de juego responsable y seguro, prestando especial atención a colectivos vulnerables y, particularmente, a los jóvenes”, ha afirmado Caldés, quien ha declarado que el Govern tiene que incluir al Sector privado en sus locuciones para crear sinergias. “Queremos implicar a las empresas de una manera mucho más activa. Necesitamos a los operadores”.

Tras las intervenciones de las diferentes formaciones, en su mayoría denostando al Sector y la falta de concreción en las limitaciones por parte del Govern, Caldés ha pedido acertadamente que no se estigmatice al Sector, regulado y totalmente legal, y ha destacado a los presentes que “las leyes deben tener una buena regulación”, recordando el caso de la comunidad Valenciana y su planteamiento perjudicial a la Unión Europea sobre las distancias. “Una aplicación equivalente a la que hemos hecho en Baleares”. Caldés ha señalado que si la Unión Europea tumba la legislación, “se deberá indemnizar a los Operadores con 400 millones de euros. Por eso digo que es importante dejar las leyes muy bien cerradas y no dejar márgenes interpretativos”.

Por otro lado, el Director ha afirmado que no se debe prohibir por prohibir a la Industria, “pues corremos el riesgo de que el Juego ilegal crezca, y las consecuencias son mucho peores”. Asimismo, ha informado que la reforma de la ley del juego, aprobada hace un año, está en proceso de implementación, aunque con ciertos retrasos en aspectos como la informatización, que incluye los registros de autoprohibidos, actualmente en proceso de integración estatal.