Ataque a la libertad, ataque al juego

El sector del juego privado empieza a entender que sin unión y una voz que lo represente será difícil enfrentarse a la actual situación de acoso y derribo de las distintas administraciones que empieza a plasmarse en normativas y leyes orientadas a hacer inviable la supervivencia de un sector nacido con la propia democracia española, como un elemento más de los derechos de ejercer la libertad individual que ahora, con una supuesta democracia madura, se pretende cercenar. Una de las conclusiones que -desde el total desconocimiento del sector- pude sacar de mi asistencia al Congreso Juego Forum, celebrado el pasado 15 de diciembre en Madrid.

Mientras los juegos estatales, representados por la SELAE (Loterías, Quinielas…) y la ONCE, gozan de la protección y garantía del Estado, los juegos privados se encuentran vapuleados por la parcialidad ejercida, tanto desde el Estado como de las autonomías que empiezan a legislar con profundas regularizaciones de calado que muchos entienden que hará inviable el desarrollo del sector (muy fragmentado) y con ello una industria y unos puestos de trabajo que ahora mismo se colocan en real peligro de desaparición. Parece acertado Juan Manuel Ortega, cuando en la presentación del Congreso señaló que “el sector va por detrás de los acontecimientos”.

La nueva ley valenciana sobre el juego ha levantado la veda para que las distintas autonomías legislen imitando una ley muy restrictiva que va a provocar un tsunami de recursos legales, ante lo que el jurista Santiago Moreno no dudo en calificar como un absoluto despropósito realizado bajo el argumento de que “el juego es malo”. Y acusó de Torquemadas a quienes están legislando bajo ese lema, pero con el contraargumento de que el juego público, los que tienen la garantía del Estado, es “el juego bueno”. Y no puso etiquetas políticas, ya que, si en Valencia gobierna un tripartito de izquierdas, en Galicia lo hace con mayoría absoluta el Partido Popular, en una conjunción de intereses e intenciones. La situación actual -dijo- “es el mayor ataque al juego privado en toda su historia”. Lo de Valencia, en vigor desde el pasado año, “es un desastre en la forma y en el fondo”. Las distancias obligatorias, una vez que terminen las actuales concesiones, de 850 metros de un centro educativo o 500 metros entre los propios centros de juego, sean Bingos, Casinos o Salones de juegos o apuestas, harán inviable la pervivencia y “condenará a la práctica desaparición de los actuales existentes”.

El problema, bajo su punto de vista, es que las nuevas leyes van contra los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, protegidos por la Constitución española y por las leyes europeas, ya que las nuevas normativas tienen efectos sobre situaciones jurídicas anteriores que “crean derechos que ahora se ven conculcados ante las brutales restricciones”. Pareciese como si a las administraciones públicas no les hubiera gustado que la Unión Europea, entonces Comunidades Europeas, les hubiera roto el invento de la exclusividad (monopolio) obligándolas a permitir el juego privado, floreciendo por toda España Salones de juegos recreativos, de apuestas, de bingos y casinos. Ahora, las autorizaciones administrativas exigidas hacen prácticamente imposible abrir nuevos locales y cuando a los actuales se les termine la licencia tampoco podrán seguir operativos, mientras que, al contrario, “ninguna cortapisa para los juegos de la SELAE o la ONCE”. Ya me lo decía Juan José Morón, autor de “Expediente 1X2”, “tenemos despachos de quinielas y loterías hasta en El Corte Inglés y no comprueban el DNI llenándose los despachos de la SELAE de niños, tengo fotos, y de autorregulados, porque no tienen ningún control y pronto los bares tendrán maquinitas donde se podrá jugar la quiniela. Han puesto, a raíz de mi denuncia, unas pegatinas que no valen para nada, si siguen sin controlar el DNI como hacen en las casas de apuestas”.

Dicho y hecho, tras el Congreso, Morón y yo nos pasamos por varios despachos de Loterías, con colas en la calle y sin restricciones de accesos. Vimos las nuevas pegatinas, pero ni una sola vez pidieron el DNI. Y después nos fuimos a visitar un par de salones de juegos y apuestas, admito que nunca había estado en ninguno, y a pesar de que no se ven desde la calle, por la opacidad con la que obligan a los establecimientos, nos pararon, entregamos nuestros DNI y tras rigurosa comprobación y obligación de mascarillas y gel por el COVID, pudimos ingresar y recibir adecuada atención sobre interrogantes y dudas. La noche y el día, entre las exigencias al juego público y las del juego privado. Como dice Morón, “y el ministro Garzón a por uvas”. Así que ante la disparidad de situaciones serán los tribunales los que tengan la última palabra, ya que las administraciones publicas han pretendido ser jueces y partes ante el juego, en clarísima protección del juego público ante el privado, en posición dominante casi monopolística, lo que cuestiona las leyes europeas. Aún más, el juego privado no puede publicitarse, mientras que en estas fechas estamos inundados de anuncios de lotería de navidad, de los 75 años de la quiniela “franquista” (la quiniela tiene más, 92 años) y de los juegos extraordinarios de la ONCE. El desequilibrio entre el tratamiento de uno y otro no es que sea abismal, es negro o blanco.

Pero el mayor interrogante del Congreso Juego Forum es si el sector será capaz de enfrentarse a esta situación por la fragmentación en la que se encuentra, los diferentes intereses de los subsectores y la inexistencia de una asociación que agilice con una voz las demandas del juego privado. Las administraciones se aprovechan de esto y de ahí las rígidas normativas que se están produciendo. Se coincide en que las distintas ramas del juego son vasos comunicantes que necesitan una voz única. Luigi Limido, de Bally Wulff España, dijo que “estamos hiperregulados e hiperperseguidos, pero no estamos haciendo lo correcto”. Y es que en España hay más de 200 asociaciones, “por lo que o confluimos o mal nos va a ir”. Y en cuanto a Fidel Molina, de Comatel, en clara autocrítica admitió que “no hemos sabido integrarnos en la sociedad, porque hemos tenido mucho complejo. Y esa es una labor que hay que hacer, además de confluir en los objetivos, porque están atacando derechos empresariales”. Devuelta la voz a Luigi Limido, éste admitió que “estamos estigmatizados”. José González Fuentes, de Luckia, admitió que actualmente en España hay más juegos que nunca, “por lo que posiblemente haya que reducir salones”. Y como los anteriores, también dijo que la debilidad del sector ante la Administración es “no tener una voz única, por eso no nos escuchan”.

Juan Manuel Ortega definió la situación como una “inmoral asimetría entre el juego privado y el público”. De hecho, en un video proyectado en el Congreso, el propio ministro Garzón, en entrevista en la SER, reconocía sobre el juego público que “no se cumple la normativa”. Lo he escuchado mil veces justificarse dando un criterio moral superlativo al juego público, lo que Juan José Morón define como el chollo de controlar “30.000 millones de euros anuales y aun quieren más, lo que genera el juego privado, por eso tienen distinta vara de medir. El Gobierno maneja su gran empresa del juego, con sus tiendas, sus negocios y por eso se autoprotege legislando contra el juego privado”. Y lanza una propuesta reiterada por otros ponentes, “el sector debe hacer lobby para defenderse y para ello debe ser además muy transparente y ganarse la confianza de la sociedad”. A esos 10.500 locales de apuestas del SELAE para jugar y apostar, Raúl del Pozo aprovechó para definir al Estado como “el primer ´garitero´ del país”.  El periodista Luis Magán defendió al sector, por innovador, moderno, como ejemplo mundial, por crear empleo y por haber contribuido al desarrollo de España, por eso no entiende la demonización con la que se le trata. Y una gran definición “jugar o no jugar es una conquista de la libertad individual”.  A lo que el moderador de la mesa, Miguel Durán, ex de ONCE, ex de R. Franco, apostilló negando la legitimidad moral a gente (legisladores) “que no ha pagado una nómina en su vida”. Ellos tienen un lema (se vio en un video oficial de la Comunidad de Madrid) “el que juega pierde”, pues Durán fue mucho más allá al decir que “el que vota a un gobierno prohibicionista pierde”. Y un aviso para al sector “ante la actual fiebre prohibicionista”, en su opinión no debe temer a hacer lobby, porque “el que no se defiende merece ser derrotado”.

Ahí estuvo también Juan Espinosa, socio de Silverback, quien admitió que el negocio del juego está cuestionado, pero son los consumidores quienes acabarán o no con la actividad, a pesar de la llegada de restricciones por los actuales marcos regulatorios, con una economía digital más difícil de controlar. Según Espinosa, el juego ya está inserto en una sociedad desarrollada, aunque por la transformación el juego privado tendrá que cambiar el mensaje “entre lo presencial y en línea”, pero ahora lo esencial es “anticiparse a los proyectos de normativas regulatorias y hay que promover la incorporación de innovaciones a esos marcos regulatorios, porque la regulación no puede dar la espalda a esto”. Y es que todo está cambiando y el juego privado debe cambiar el mensaje. “Para preservar hay que adelantarse al futuro porque la oferta de actividades de entretenimiento está cambiando con el juego on line y con los medios de identificación y de pago. Ni la mayor de las prohibiciones nos impide hoy el acceso a nuevas modalidades de juego”. Está claro -en su opinión- que las nuevas tecnologías perjudican el tradicional juego presencial, por eso insiste que para alcanzar el futuro hay que adelantarse a los riesgos regulatorios.

Radiografía a un sector arrinconado por la injerencia política, a pesar de que oficialmente se reconoce que en España NO hay un problema de ludopatía social, en un país en el que se venden hasta rascas en las oficinas de Correos. Pero los tiempos arrollan junto a nuevos hábitos sociales, más cuando el juego digital ha irrumpido como nuevo elemento competidor del juego presencial tradicional que deberá adaptarse y convivir, porque como también quedó en evidencia por varios intervinientes, “la sociedad ha cambiado”. Un viejo “garitero” como el periodista y escritor Raúl del Pozo sostuvo que ahora “tratan el juego como una pandemia, con un ministro comunista más preocupado por las bebidas azucaradas que por una industria que genera trabajo” y “eso porque en los partidos de izquierdas que nos gobiernan no quedan trabajadores y están prohibiendo libertades”.  Se admite el diagnóstico, se admite la autocrítica con sus errores de complacientes pasados tiempos y mejores, que hoy no existen. Pero el sector para sobrevivir deberá sí o sí afrontar una sociedad cada vez más digitalizada, a una administración que se autoprotege legislando irracionalmente contra el juego privado y a una fragmentación sectorial que para sobrevivir deberá buscar urgentemente la fórmula para unirse y dar réplica a unos legisladores que pretenden enterrar una conquista social, una industria y miles de empleos. Y yo no soy jugador, ni tengo intereses en el juego.

Juan Carlos León Brázquez

Periodista free lance, ex jefe de Información Económica en RNE y exdirector de Documentos RNE, con 47 años de profesión en RTVE y otros medios como Diario16, Cinco Días, El Europeo, Cataluña Económica, etcétera. Prologuista del libro de Juan José Morón, Expediente 1X2.