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Las autoridades de la isla afirman que las restricciones de la normativa irlandesa podrían propiciar el Juego ilegal

Malta protesta formalmente por la Ley de Juego online irlandesa

AZARplus

Las autoridades de Malta han afirmado que la nueva ley de Juego propuesta en Irlanda, podría tener consecuencias involuntarias que impulsen el crecimiento del mercado ilegal en las Apuestas. Según el gobierno maltés, esta legislación podría restringir ciertos juegos, lo que, a su vez, podría conducir a la búsqueda de alternativas no reguladas por parte de los jugadores.

Las propuestas para otorgar poder al nuevo regulador irlandés de Juego para limitar los horarios de apuestas han sido calificadas por Malta como “desproporcionadas”, y enfatizan la falta de pruebas empíricas y justificación sólida que respalde estas restricciones.

El cuestionamiento de Malta se centra en una parte específica de la ley irlandesa, que permitiría al regulador determinar qué juegos pueden ofrecer los operadores, pero la falta de claridad sobre cuáles serían estos “juegos relevantes” genera preocupación. Esta restricción, según Malta, podría poner en riesgo la libertad de prestación de servicios y limitar la actividad de operadores de otros Estados miembros en el país.

Malta argumenta que la prohibición no es la forma más adecuada de regular el Juego online, ya que la ausencia de opciones en el mercado regulado podría conducir a los jugadores hacia alternativas inseguras e ilegales.

El Departamento de Justicia ha confirmado que el proceso de consulta, iniciado a principios de año, no ha generado solicitudes de cambio en la legislación irlandesa a pesar de las inquietudes planteadas por la Comisión Europea y Malta.

Desde el Departamento de Justicia han señalado que la ley busca proteger a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes y vulnerables, de los impactos negativos del Juego, defendiendo la iniciativa como una medida de salud pública.

La propuesta de ley ha suscitado un fuerte interés por parte de la Industria, como se refleja en los registros de grupos de presión, donde se evidencian reuniones y correspondencia entre estas empresas y James Browne, ministro responsable de la legislación. Browne ha mantenido diálogos también con diversas organizaciones benéficas para discutir los alcances de esta iniciativa.

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