La Guardia Civil esclarece una denuncia sobre apuestas online y aprecia indicios de simulación de delito
Denuncia una supuesta estafa en plataformas de Juego y acaba siendo investigado
La Guardia Civil de Soria investiga a un vecino de El Burgo de Osma como presunto autor de un delito de simulación de delito después de que una investigación sobre una supuesta estafa relacionada con apuestas deportivas online concluyera con indicios que apuntan a que las operaciones denunciadas habrían sido realizadas utilizando sus propios datos personales.
El caso se remonta a julio de 2025, cuando el hombre denunció ante la Guardia Civil que habían utilizado de forma fraudulenta su tarjeta bancaria para efectuar apuestas en diferentes plataformas de Juego online, generándole un perjuicio económico de 1.342 euros.
Tras la denuncia, agentes del Puesto de la Guardia Civil de El Burgo de Osma iniciaron las correspondientes diligencias para esclarecer los hechos y determinar el origen de las operaciones.
Durante la investigación, los agentes recopilaron información de las plataformas implicadas y comprobaron que las cuentas desde las que se realizaron las apuestas habían sido creadas empleando documentación personal del denunciante, así como imágenes de identificación utilizadas durante los procesos de verificación exigidos por los operadores de Juego.
Asimismo, la investigación reveló que la denuncia presentada habría sido utilizada para solicitar a la entidad bancaria la devolución del dinero cargado en la tarjeta, alegando que se trataba de movimientos no autorizados.
Sin embargo, la entidad financiera rechazó asumir el reintegro tras detectar indicios sobre una posible actuación fraudulenta por parte del propio titular del medio de pago.
A la vista de los elementos recabados durante la investigación, la Guardia Civil considera esclarecidos los hechos como un presunto delito de simulación de delito, motivo por el que el denunciante ha pasado a ser investigado.
La simulación de delito puede conllevar penas de multa de entre seis y doce meses, cuya cuantía dependerá de las circunstancias del caso y de la capacidad económica del condenado.











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