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LA EMPRESA NO NECESITA NI DINERO, NI CONDONACIÓN Y SÓLO PIDE UNA MORATORIA DE INTERESES

CODERE reitera a los Bonistas que su propuesta vulnera la legislación española

AZARplus

AZARplus / cincodias.- Codere y sus bonistas no consiguen llegar a un acuerdo y mientras el tiempo avanza, la correspondencia se sucede. Después de la contrarrespuesta de los acreedores, ahora la compañía procede a desmentir punto por punto cada uno de los argumentos y reiteran su versión inicial: la propuesta de los bonistas contraviene la legislación concursal española y en ningún momento supone una reducción del coste de la deuda.

A pesar de que las posturas siguen encontradas Codere se muestra dispuesta a seguir negociando con sus bonistas para alcanzar un acuerdo. Si dicho pacto no se consiguiera la alternativa concursal, “puede ser una vía más que constructiva” pues su objetivo “es facilitar la reestructuración de compañías que en el momento de la declaración son todavía viables”, como es el caso de Codere, según lo señalado por fuentes próximas a la compañía.

Uno de los argumentos esgrimidos por los bonistas en su carta era que el accionista mayoritario estaba obrando de mala fe al obstaculizar el proceso. Desde la empresa defienden que después de 30 años al frente de la gestión, “la familia ha velado por el interés de la compañía desde su creación” reinvirtiendo sus beneficios, e indican que los Martínez Sampedro son los “primeros interesados en que su capital se maximice”.

Codere reitera que no necesita ni la inyección de dinero nuevo que proponen los bonistas ni la condonación de parte de su deuda.En su lugar, desde la empresa piden una moratoria de los intereses y afirman que los 400 millones de euros que propone el comité de los bonistas es solo para “justificar su posición en el accionariado de la empresa en detrimento de los accionistas mayoritarios”.

Por último, y en referencia a la afirmación de que el accionista mayoritario quiere retener el control de la sociedad sin tener en cuenta al resto de grupos afectados, desde la empresa defienden que si el control fuera detentado por los fondos de inversión, “las licencias podrían correr grave peligro” algo que implicaría una pérdida del valor total de los accionistas.

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