Patricia Lalanda: “Melilla ha pasado de la curiosidad a una cartera real de proyectos”

Melilla empieza a jugar en otra liga en su estrategia para atraer empresas de Juego online. La Ciudad está despertando un interés creciente no solo entre operadores nacionales, sino entre grupos internacionales que ya no se acercan solo para conocer sus ventajas fiscales, sino con planes concretos de implantación, contratación y traslado de equipos. Así lo explica en exclusiva para AZARplus Patricia Lalanda, socia de LOYRA Abogados, que lleva más de dos años asesorando al Gobierno melillense en el desarrollo de este proyecto.

Las cifras ayudan a entender el cambio. Según el estudio de la Universidad de Granada presentado en diciembre de 2025, la aportación del Juego online a la economía de Melilla pasó de 19,8 millones de euros en 2022 a 51,6 millones en 2024, lo que representa el 4,58% del PIB local. El empleo del Sector también creció, de 533 puestos a 967 en ese mismo periodo, 804 de ellos directos. Además, Melilla concentra ya el 14% de las licencias estatales y es la segunda jurisdicción española por número de operadores, según los datos citados por Lalanda.

Uno de los grandes argumentos de la Ciudad sigue siendo la fiscalidad, reforzada por el Real Decreto-ley 22/2026. La norma eleva del 50% al 60% la bonificación del Impuesto sobre Sociedades correspondiente a las rentas obtenidas en Melilla por las empresas que desarrollen allí su actividad efectiva y material. Con el tipo general del 25%, esto equivale a un tipo efectivo del 10% sobre esas rentas. El texto también amplía los importes que se presumen obtenidos en la Ciudad por empleado a jornada completa y contempla límites superiores durante los dos primeros ejercicios de implantación.

A este incentivo se suma el régimen específico del Impuesto sobre Actividades de Juego, con un tipo del 10% para los operadores que cumplan los requisitos de residencia fiscal y radicación real en Melilla, frente al 20% general señalado por Lalanda. La fiscalidad, sin embargo, es solo el punto de partida. La abogada insiste en que las empresas también valoran la seguridad jurídica, la disponibilidad de profesionales, las conexiones, las infraestructuras y la posibilidad de desarrollar desde la Ciudad funciones esenciales del negocio.

En este sentido, Lalanda destaca que Melilla está entrando en una segunda fase. Los primeros operadores abrieron camino y ahora otras compañías pueden apoyarse en una experiencia empresarial ya consolidada. El objetivo pasa por generar un ecosistema capaz de atraer perfiles especializados en software, ciberseguridad, prevención del fraude, finanzas, análisis de datos y biometría, además de impulsar proveedores locales de tecnología, pagos, telecomunicaciones y otros servicios vinculados al Sector.

ENTREVISTA CON PATRICIA LALANDA, SOCIA DE LOYRA ABOGADOS

¿Qué ha cambiado realmente en el interés empresarial por la ciudad durante los últimos años?

Ha cambiado, sobre todo, la visibilidad. Durante años, Melilla ha sido una opción conocida sobre todo por los operadores nacionales, que son también la mayoría de los que se han trasladado recientemente. Para los grupos internacionales, en cambio, era una gran desconocida: pocos sabían que se trataba de territorio español y europeo, con la misma licencia y las mismas reglas que en el resto de España y un régimen fiscal propio. Eso está empezando a cambiar. Cada vez más grupos internacionales tienen Melilla en su agenda, y quienes se acercan ya no lo hacen por curiosidad: llegan con un plan de negocio y con preguntas muy concretas sobre dónde ubicar al equipo, cómo contratar, qué funciones trasladar y con qué calendario. Hemos pasado de la curiosidad a una cartera real de proyectos.

Detrás de ese cambio hay dos factores. El primero es la madurez del Sector: los operadores han comprobado que Melilla es España, con la misma licencia de la DGOJ y las mismas reglas que en Madrid, por ejemplo, sin regulador nuevo ni arbitraje regulatorio. El segundo es que la propia ciudad ha dejado de vender solo ventajas fiscales y ha empezado a ofrecer un ecosistema: una administración accesible, formación de talento, presencia internacional y empresas ya instaladas que funcionan como referencia.

Los datos lo confirman. Según el estudio de la Universidad de Granada presentado en diciembre de 2025, la aportación del Juego online a la economía de Melilla pasó de 19,8 millones de euros en 2022 a 51,6 millones en 2024, el 4,58% del PIB local. Melilla concentra ya el 14% de las licencias estatales y es la segunda jurisdicción del país por número de operadores.

¿Cómo definirías vuestra colaboración actual con la Ciudad de Melilla?

Llevamos más de dos años asesorando al Gobierno de la Ciudad en su estrategia como polo de Juego online, y lo hacemos de forma transparente, en el marco de un contrato público. Una parte del trabajo es estrictamente jurídica y regulatoria: el encaje de la estrategia en la normativa aplicable, entre ella la Ley 13/2011 y el marco de la DGOJ, la fiscalidad, el Juego responsable, la prevención del blanqueo. Y todo ello teniendo en cuenta la posición jurídica excepcional de Melilla como Ciudad Autónoma: territorio español y de la Unión Europea, pero fuera del territorio de aplicación del IVA y del territorio aduanero de la Unión, con un régimen fiscal propio y con un encaje competencial distinto al de las comunidades autónomas: su Estatuto no le atribuye potestad legislativa, sino facultades normativas de carácter reglamentario y de ejecución, lo que condiciona cómo puede actuar la Ciudad, también en materia de Juego.

Pero el valor está en el acompañamiento estratégico. Hemos viajado con la delegación de la Ciudad a los principales eventos internacionales del Sector, ayudamos a explicar Melilla en el idioma que entienden los operadores e inversores y trasladamos a la Administración lo que las empresas necesitan para decidirse. Un ecosistema no se construye solo con normas; se construye con confianza, y la confianza se gana explicando bien las reglas y cumpliéndolas.

¿Refuerza el RDL 22/2026 una propuesta que ya resultaba atractiva para el Juego?

Sí, claramente. Las empresas que operan efectiva y materialmente en Melilla pasan de una bonificación del 50% al 60% en la cuota del Impuesto sobre Sociedades correspondiente a las rentas obtenidas en la ciudad. Con el tipo general del 25%, eso supone un tipo efectivo del 10% sobre esas rentas, desde el ejercicio 2026.

El Real Decreto-ley también facilita acreditar dónde se generan las rentas. Se presumen obtenidas en Melilla hasta 60.000 euros por cada empleado a jornada completa que trabaje allí, con un máximo de 1,2 millones (antes, 50.000 euros y 400.000). Y hay una novedad pensada para quien llega: durante los dos primeros ejercicios desde la implantación, esos importes se duplican, hasta 120.000 euros por empleado y 2,4 millones. El texto, convalidado por el Congreso el 16 de septiembre, se tramita ahora como proyecto de ley.

Para un operador de Juego, además, el Impuesto sobre Sociedades es solo una parte. Los operadores con residencia fiscal y radicación real en Melilla tributan en el Impuesto sobre Actividades de Juego al 10% en lugar del 20%. Y como el Juego está exento de IVA, sustituir un IVA no deducible del 21% por el IPSI, con tipos muy inferiores, es un ahorro real en todos los servicios que contrata.

¿Qué valor añadido aporta un despacho especializado como LOYRA a las empresas que quieren implantarse en Melilla?

Conocimiento del Sector. LOYRA lleva más de 40 años en el Juego, online y presencial, asesorando a operadores privados, a asociaciones sectoriales y a otros actores del Sector, como afiliados y proveedores, tanto en España como en multitud de jurisdicciones. Entre otras cosas, ayudó a crear en 1982 ANESAR, la primera asociación del Sector del Juego en España y todavía hoy una de las más relevantes. Esa experiencia nos permite ver cada implantación desde muchos ángulos.

Ese conocimiento lo hemos puesto también al servicio de la propia Administración. Junto a los equipos de nuestra firma hermana, EJASO, hemos puesto a disposición de la Ciudad todas las áreas del despacho relevantes (regulatorio, fiscal, prevención del blanqueo, protección de datos y Juego responsable), tanto para la formación de sus propios equipos como para las jornadas formativas dirigidas a los melillenses. Y acompañamos a la delegación de la Ciudad en todas las ferias nacionales e internacionales del Sector, para explicar Melilla a operadores e inversores con el rigor jurídico que exige un Sector como este.

¿Qué evolución estáis percibiendo y qué potencial adicional tiene la Ciudad?

Estamos viendo una segunda ola. Los primeros operadores llegaron como pioneros; ahora llegan empresas que se apoyan en esa experiencia y buscan un entorno que ya funciona. Según el estudio de la Universidad de Granada, el empleo del Sector pasó de 533 puestos en 2022 a 967 en 2024, 804 de ellos directos, con efecto arrastre sobre proveedores locales de tecnología, asesoría, telecomunicaciones, verificación de identidad, pagos y marketing digital.

El potencial está en convertir ese crecimiento en un ecosistema de talento: perfiles de software, ciberseguridad, prevención del fraude, finanzas, análisis de datos o biometría. Melilla tiene buenas bases para ello: calidad de vida, costes competitivos, conexiones aéreas directas con Málaga, Madrid, Barcelona, Sevilla, Granada, Almería o Palma, y, según la CNMC, una cobertura de banda ancha de alta velocidad casi completa, por encima de la media española y muy por encima de la europea.

Malta es un buen referente de lo que consigue un territorio cuando apuesta por el Sector con constancia y visión a largo plazo. Melilla puede recorrer su propio camino, adaptado a sus fortalezas.

¿Qué es lo primero que pregunta una empresa de Juego cuando estudia instaurarse en Melilla?

La fiscalidad, sin duda. Es lo que abre la conversación. Pero lo que decide la operación son las preguntas prácticas que vienen después: ¿puedo contratar allí al equipo que necesito? ¿Cómo llego y cómo se mueven mis directivos? Y, cada vez más, una pregunta de fondo: ¿esto va a durar?

Esa última es la más importante, y la respuesta es sí. El incentivo principal es ley estatal, no una ayuda discrecional, y el Estado acaba de reforzarlo. La regulación del Juego es la misma que en el resto de España. Y la Ciudad ha mantenido su estrategia con coherencia a lo largo del tiempo.

¿Qué perfil de empresa tiene más sentido que se plantee una implantación en Melilla?

Hay cabida para muchos perfiles, pero no para cualquier planteamiento. Tienen más sentido los operadores B2C con licencia española y equipos reales: atención al cliente, pagos, riesgo y fraude, Juego responsable, cumplimiento normativo. Son funciones que pueden ejercerse desde Melilla y que generan el resultado del negocio. También encajan proveedores B2B, plataformas, empresas tecnológicas y startups.

Lo que no tiene sentido es buscar un buzón. Sin sustancia no hay beneficio fiscal, y el riesgo no compensa. Melilla nunca ha querido empresas que solo registren una dirección, sino empresas que construyan equipos, contraten y formen talento local y hagan de la ciudad parte de su crecimiento a largo plazo.

¿Qué importancia tiene mantener una relación permanente entre Administración, empresas y asesores especializados?

Es fundamental. Ninguno de los tres puede construir el proyecto por separado. La Administración aporta el marco, la estabilidad y la interlocución; las empresas aportan inversión, empleo y la realidad del día a día; y los asesores especializados traducimos entre ambos y ayudamos a que cada implantación se haga bien. La colaboración entre las propias empresas, a través de AJOM, demuestra que en Melilla compiten en el mercado, pero cooperan en lo que necesitan todas, como el talento y la formación.

Y esa relación tiene que resistir a los cambios de personas. Quiero reconocer el trabajo de Jesús Martínez García durante dos años muy intensos, y destacar que Esther Azancot, nueva Directora General, ha asumido el proyecto con continuidad absoluta: la misma estrategia, el mismo equipo y los mismos compromisos con las empresas. Que un cambio en la dirección no suponga ninguna interrupción es la mejor prueba de seguridad jurídica e institucional que puede ofrecer Melilla.