La nueva planificación del Juego en Canarias entra en su fase final de tramitación

La nueva regulación del Juego en Canarias continúa avanzando en su tramitación administrativa. El Gobierno autonómico ha acordado solicitar al Consejo Consultivo el dictamen sobre el Proyecto de Decreto por el que se planifican los Juegos y apuestas en el archipiélago y se modifican distintas disposiciones normativas vinculadas al Sector, una vez obtenida la resolución favorable del Parlamento de Canarias.

Según explica el Ejecutivo, el objetivo principal de la norma es ordenar la actual dispersión normativa mediante un instrumento de planificación único que aporte “una mayor seguridad jurídica para todas las partes intervinientes en el sector del Juego“.

El Gobierno señala además que la futura regulación pretende definir con mayor claridad el marco de actuación para las empresas que operan o quieran acceder al mercado canario, delimitando “el contenido y extensión de los límites de la actividad para aquellas personas empresarias que, cumpliendo los requisitos y condiciones que imponen las normas, quieran acceder al mercado“.

Además, a propuesta de @AdmPcasGobcan, el Gobierno elevará al Consejo Consultivo el proyecto de decreto que modifica los juegos y apuestas de Canarias. Una norma que regresa tras recibir la resolución favorable del @parcan.#CGobCan 🇮🇨

— Presidencia GobCan (@PresiCan) June 8, 2026

La norma también contempla una actualización del Decreto que regula las máquinas recreativas y de azar en Canarias. Según el Ejecutivo, esta revisión responde a “la necesidad de actualizar y adaptar la normativa a determinadas realidades vinculadas a la evolución del sector y a la gestión de los procedimientos vinculados a la materia por parte de la Administración competente“.

Entre las modificaciones incluidas figura la reforma del Registro de Prohibidos de Acceso al Juego. En concreto, se establece que las inscripciones derivadas de autoprohibiciones o de prohibiciones solicitadas por terceros con interés legítimo tendrán carácter indefinido, una circunstancia que hasta ahora no estaba regulada expresamente. No obstante, el decreto prevé que la cancelación pueda solicitarse una vez transcurridos seis meses desde la inscripción.

Asimismo, el texto incorpora la obligación de que los salones de Juego dispongan de un control de acceso “que impida el acceso de menores de edad”.

En cuanto a la planificación del Sector, el Gobierno propone una vigencia inicial de cinco años, con posibilidad de prórroga por otros cinco, teniendo en cuenta factores como las circunstancias poblacionales, socioeconómicas o la distribución geográfica de la actividad. Para ello se tomará en consideración el informe que emita la Comisión del Juego y las Apuestas de Canarias.

Con la remisión del texto al Consejo Consultivo, el decreto entra en una de sus últimas fases antes de su eventual aprobación definitiva, culminando así un proceso que busca reorganizar el marco regulatorio del Juego en el archipiélago bajo un único instrumento de planificación.