El director general de Cejuego reclama a Consumo que se comprueben los controles de acceso de SELAE y la ONCE y denuncia una regulación desigual que perjudica a las empresas privadas y puede favorecer el crecimiento del mercado ilegal

Cejuego denuncia ante Consumo que la ONCE y Loterías permiten jugar a menores

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Alejandro Landaluce, director general de Cejuego, ha vuelto a poner sobre la mesa las diferencias regulatorias entre el Juego privado y SELAE y la ONCE, y lo ha hecho ahora en los medios generalistas. En una entrevista con El Economista, el director denuncia que ambos operadores públicos estarían permitiendo jugar a menores y personas inscritas en los registros de autoprohibición. Una situación que Cejuego ha trasladado al Ministerio de Consumo y sobre la que reclama que se realicen las comprobaciones oportunas.

“Al contrario que nosotros, sabemos que desde la ONCE con el Rasca, pero también en Loterías, se está permitiendo jugar a menores y a personas inscritas en los registros de autoprohibición“, afirma Landaluce. El responsable de la patronal asegura que ha mantenido varias reuniones con la DGOJ para denunciar estas situaciones.

“Se están dando incluso determinados casos en los que se permite jugar a personas con problemas de ludopatía, que se han inscrito en el registro de autoprohibidos“, señala. Landaluce añade que “ha habido hasta denuncias de personas que, pese a no poder jugar, han ganado premios y después no se les ha pagado“. Unas afirmaciones que nos recuerdan casos como los de Carmen, la octogenaria que no se le permite cobrar su premio porque su marido la registró en el RGIAJ sin su consentimiento, pero que pudo comprar el décimo pese a estar inscrita, entre muchos otros.

La cuestión de fondo, para Cejuego, va más allá de los posibles incumplimientos denunciados y apunta a la diferencia de trato que soportan los distintos operadores. “Puesto que la actividad es la misma, no tiene ningún sentido que algunos tengan una regulación y otros otra“, defiende el director general, que insiste en que el sector privado no pretende eludir sus obligaciones, sino competir bajo unas reglas comunes.

En este sentido, Landaluce cuestiona especialmente el marco publicitario establecido por el Real Decreto de comunicaciones comerciales, que endureció las condiciones para el Juego privado. La norma restringió la publicidad audiovisual a la franja de una a cinco de la madrugada, prohibió los bonos de captación de nuevos clientes y limitó el patrocinio deportivo de los locales de apuestas. Sin embargo, desde la perspectiva de Cejuego, las restricciones no se han traducido en unas condiciones equivalentes para todos los operadores.

“Nosotros no queremos privilegios, pero no entendemos que se aprueben restricciones solo para unos y para otros no“, afirma. Y precisa: “Nosotros no pedimos quedar al margen de las obligaciones de protección al consumidor, sino que las reglas se apliquen con criterios equivalentes a todos los operadores, tanto públicos como privados“. Una reclamación que cobra especial relevancia cuando se comprueba día tras día la enorme presencia mediatica y publicitaria que tienen SELAE y la ONCE.

El Juego en España cerró el último ejercicio con unos ingresos brutos de 8.080 millones de euros, un 0,35% menos que el año anterior. SELAE y la ONCE concentraron conjuntamente el 64% del total. En concreto, SELAE registró unos ingresos de 3.834,5 millones de euros, tras caer un 7,57%, mientras que la ONCE alcanzó los 1.288,9 millones, un 2,84% más.

Landaluce también alerta de las consecuencias que una regulación excesivamente restrictiva puede tener para el conjunto del mercado. Limitar las posibilidades de actuación de las empresas legales sin combatir con la misma contundencia la oferta clandestina puede terminar desviando a parte de los jugadores hacia plataformas que no ofrecen las garantías exigidas en España.

Un hecho que no es descabellado, como ya pudimos conocer gracias al  informe de Jdigital, que estima que los operadores ilegales ingresan ya más de 230 millones de euros en nuestro país, una cantidad equivalente al 16% del valor del mercado regulado. “Las plataformas sin licencia se han consolidado como una vía alternativa para los jugadores, que trasladan parte de su gasto desde las plataformas legales hacia entornos sin control donde no hay ningún tipo de restricción en las apuestas y pueden además recibir bonos de bienvenida, promociones e incentivos de fidelidad“, advierte el director general de Cejuego.

El informe apunta, además, a que una parte importante del gasto estimado en el mercado ilegal se concentra en usuarios que destinan más de 600 euros mensuales al Juego. También refleja una dificultad añadida para la protección del consumidor: el 47,5% de quienes afirman jugar legalmente reconoce haber accedido a dominios distintos de los “.es”, asociados a los operadores autorizados en España.

Desde Cejuego sostienen que el objetivo debe ser garantizar unas reglas de Juego comunes para todos los operadores autorizados y evitar que las restricciones al mercado regulado acaben facilitando el avance de quienes actúan al margen de la normativa.

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