La propuesta extiende a los influencers las prohibiciones publicitarias que ya establecen las legislaciones nacionales y comunitarias
El Sector pide a Bruselas que no cargue de nuevas obligaciones al Juego y actúe contra el mercado ilegal
EGBA ha aprovechado la presentación de la nueva Ley de Equidad Digital para reclamar a Bruselas que centre sus esfuerzos en combatir la oferta ilegal y no genere nuevas obligaciones que dupliquen las que ya cumplen los operadores autorizados.
En la propuesta, la Comisión señala expresamente que algunos influencers promocionan productos como apuestas, loterías y otras modalidades de Juego, que considera potencialmente perjudiciales o inadecuados para determinados consumidores, especialmente los menores. Por ello, el artículo 11 establece que no podrá realizarse publicidad mediante influencers de aquellos productos cuya promoción ya esté prohibida por la legislación europea o nacional. No se trata, por tanto, de una prohibición general de la publicidad del Juego, sino de extender a este canal las restricciones que ya contempla cada normativa.
La propuesta también exige que las colaboraciones comerciales se identifiquen de forma clara y visible mediante expresiones como “publicidad” o “colaboración comercial”. Además, establece que las empresas que recurran a estos creadores de contenido deberán garantizar que se respeten las obligaciones legales, independientemente de que exista un contrato formal o de la forma de remuneración.
La patronal europea recuerda que el Juego online regulado ya está sometido a exigencias específicas en materia de publicidad, verificación de edad, prevención del acceso de menores y Juego seguro. También destaca los compromisos adicionales asumidos por sus miembros a través de iniciativas propias, como su Código de Conducta sobre Publicidad Responsable y su compromiso sobre marketing responsable con influencers.
Por ello, EGBA reclama que la nueva legislación sea proporcionada y compatible tanto con las normativas nacionales del Juego como con otras disposiciones europeas, entre ellas la Ley de Servicios Digitales (DSA). Su objetivo es evitar duplicidades, obligaciones contradictorias e inseguridad jurídica para las empresas que ya operan bajo licencia.
Pierre Tournier, secretario general interino de EGBA, lanza un mensaje directo: “Más regulación no significa automáticamente una mejor protección del consumidor“. Pero su advertencia va más allá de la carga normativa que pueda recaer sobre los operadores legales. La asociación considera que cualquier estrategia europea de protección al jugador estará incompleta mientras las páginas ilegales puedan seguir captando usuarios al margen de las garantías exigidas al mercado regulado.
“La protección del consumidor en nuestro Sector no puede detenerse en los operadores regulados“, afirma Tournier, que recuerda que estas webs ignoran los estándares de protección de los jugadores y los exponen a riesgos importantes. Por ello, pide que la lucha contra el Juego ilegal sea una prioridad y no una cuestión secundaria dentro de la política digital europea.
En esa línea, EGBA reclama una mayor cooperación entre países y actuaciones sobre las plataformas digitales y los proveedores de servicios de pago que facilitan la actividad de estos operadores.
La petición cobra especial interés en paralelo a la otra iniciativa presentada por Bruselas: la revisión del Reglamento de Cooperación en materia de Protección de los Consumidores. Esta reforma pretende dar a la Comisión Europea capacidad para investigar directamente los casos de mayor alcance que afecten a consumidores de varios países y permitirle imponer multas de hasta el 6% del volumen de negocio mundial anual de las empresas implicadas. Aunque no es una medida específica contra el Juego ilegal, sí abre la puerta a una mayor capacidad de actuación europea frente a infracciones transfronterizas.
Las propuestas deberán pasar ahora por el Parlamento Europeo y el Consejo. EGBA ha anunciado que analizará su contenido y participará en las negociaciones para defender un marco que refuerce la protección de los consumidores sin imponer nuevas cargas innecesarias a los operadores regulados.
VER AZARplus 12/11/26.- BRUSELAS PLANTEA PROHIBIR LAS CAJAS BOTÍN












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