El Gobierno canario plantea un marco único para ordenar toda la oferta de Juego durante cinco años, mantiene los 12 casinos, eleva a 45 las salas de bingo y actualiza las condiciones de explotación de las máquinas recreativas
Canarias lleva a Bruselas su nueva planificación del Juego, con cambios en salones, bingos, máquinas y apuestas
El Gobierno de Canarias ha remitido a la Comisión Europea, a través del sistema TRIS, su proyecto de Decreto para reorganizar la planificación del Juego en el archipiélago. La iniciativa, que afecta a prácticamente todas las modalidades de Juego presencial, plantea una planificación conjunta para los próximos cinco años y modifica, además, varios aspectos del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar y del Registro del Juego.
Uno de los principales cambios es la unificación de una planificación que hasta ahora se encontraba repartida entre diferentes disposiciones. El Ejecutivo autonómico considera que esa dispersión generaba inseguridad jurídica tanto para los usuarios como para las empresas. El nuevo documento pretende reunir en una misma norma los límites de establecimientos, su distribución territorial y las condiciones de desarrollo de cada modalidad.
La planificación tendrá una vigencia inicial de cinco años, con posibilidad de prorrogarse por otros cinco, previo informe de la Comisión del Juego.
En cuanto a los establecimientos, el proyecto mantiene en doce el número máximo de casinos en Canarias: tres en Tenerife, cuatro en Gran Canaria, dos en Lanzarote y tres en Fuerteventura. El texto justifica esta decisión porque todavía quedan autorizaciones de la planificación anterior pendientes de adjudicación.
Las salas de bingo, por su parte, pasan a contar con un máximo de 45 autorizaciones, tres más que en la planificación anterior. El incremento se concentra en Tenerife, que pasa de diez a quince establecimientos, mientras que Gran Canaria reduce en dos su número previsto, hasta las 22 salas. El resto del reparto contempla una en El Hierro, dos en Fuerteventura, una en La Gomera, dos en Lanzarote y dos en La Palma.
También se establece un nuevo reparto para los salones de juego. Gran Canaria y Tenerife contarán con un máximo de 150 cada una; Lanzarote tendrá 50, Fuerteventura 45, La Palma 20, La Gomera cuatro y El Hierro tres. En Fuerteventura se prevé la incorporación de tres salones por año durante los cuatro primeros años y dos en el quinto, mientras que Tenerife contempla cuatro anuales. Además, se permitirá trasladar los salones dentro de la misma isla en la que fueron autorizados.
El proyecto fija igualmente un máximo de 7.200 máquinas tipo B en establecimientos de hostelería, 700 máquinas tipo C y 50 de tipo A especial. Las máquinas tipo B instaladas en salones recreativos y bingos quedan fuera del límite de 7.200, al depender de las autorizaciones específicas de cada establecimiento.
En el ámbito de las apuestas externas, la propuesta establece un máximo de 35 locales: 16 en Gran Canaria, 14 en Tenerife y cinco en Lanzarote. Se fija una distancia mínima de 200 metros entre establecimientos de esta modalidad, medida en línea recta. En los centros comerciales, esa separación será de 75 metros cuando los locales estén situados en una misma planta. El Gobierno justifica la reducción de la planificación anterior por considerar que estaba sobredimensionada y que más de la mitad de las autorizaciones previstas seguían disponibles.
Pero el proyecto no se queda en los números. También introduce modificaciones que afectan directamente al funcionamiento diario de las empresas operadoras. Entre las más destacadas figura la actualización de los sistemas de pago y cobro de las máquinas, que podrán incorporar cualquier medio admitido por la legislación vigente y debidamente autorizado. Esta posibilidad se extiende expresamente a las máquinas instaladas en establecimientos de hostelería, siempre con autorización administrativa.
Asimismo, se actualiza el límite del monedero de las máquinas, que podrá admitir monedas o billetes por un valor de hasta 250 veces el precio máximo autorizado por partida. Para las máquinas B1 se establece un premio máximo de 500 euros y para las B2, de 3.000 euros. Estas últimas podrán disponer de expulsión automática de premios y de un contador único de acumulación de créditos y premios, recuperable por el jugador en cualquier momento.
En cuanto a la gestión administrativa, en caso de traslado de un salón recreativo, no será necesario aportar una nueva fianza, sino adaptar el aval existente a la nueva dirección. También se concretan las condiciones para suspender temporalmente las autorizaciones de explotación de máquinas por motivos técnicos, organizativos o económicos debidamente justificados.
En materia de acceso, el proyecto establece la obligatoriedad de contar con un servicio de admisión en los salones, con un sistema informático conectado a los registros de interdicción que permita impedir la entrada a menores y personas autoprohibidas. Se recogerán datos identificativos y la fecha y hora de acceso, que se conservarán durante seis meses. La identificación podrá realizarse mediante sistemas técnicos, electrónicos o biométricos que garanticen la identidad de los usuarios. Los establecimientos dispondrán de un plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigor para adaptarse a esta obligación, que supondrá inversiones para sus titulares.
También se modifica el Registro de Prohibidos de Acceso al Juego. Las inscripciones por autoprohibición y las relativas a terceros sobre cuyo patrimonio exista un interés legítimo tendrán carácter indefinido, aunque podrá solicitarse su cancelación una vez transcurridos seis meses desde la inscripción.
El proyecto ha contado con un proceso previo de participación en el que fueron consultadas nueve organizaciones sectoriales, entre ellas las asociaciones canarias de casinos, salones, bingos, máquinas, apuestas y Juego privado, además de Club de Convergentes. Según el informe justificativo, las aportaciones del Sector “han servido para identificar aspectos de la normativa que necesitaban actualizarse”.
De hecho, el Ejecutivo sostiene que la nueva planificación busca ajustar la oferta a las características de cada isla sin provocar reducciones excesivas que puedan generar distorsiones económicas para las empresas y afectar al empleo.
Queda ahora por delante la tramitación correspondiente. El texto deberá continuar su recorrido administrativo y contar con el examen del Parlamento de Canarias, antes de su aprobación definitiva por el Gobierno regional.
El periodo de statu quo, durante el cual pueden examinarse posibles observaciones al proyecto, permanecerá abierto hasta el 16 de febrero de 2027.












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