La propuesta de Ley de Equidad Digital también pretende restringir las mecánicas “pay-to-win” y “pay-to-progress”, y obligar a mostrar el valor real del dinero empleado en las compras virtuales
BRUSELAS PLANTEA PROHIBIR LAS CAJAS BOTÍN
La Comisión Europea ha puesto sobre la mesa nuevas restricciones a la monetización de los videojuegos. Su propuesta de Ley de Equidad Digital, presentada este 11 de noviembre, contempla prohibir las cajas de recompensa de pago, conocidas como loot boxes, a los menores de edad, así como determinadas fórmulas que permiten pagar para obtener ventajas o avanzar más rápido en una partida.
La iniciativa busca frenar mecanismos que, según Bruselas, pueden llevar a los usuarios más jóvenes a gastar más dinero del previsto. Además de las cajas botín, el texto plantea actuar contra las modalidades “pay-to-win” y “pay-to-progress”, que permiten adquirir ventajas competitivas o acelerar el progreso dentro del videojuego mediante pagos.
La Comisión también quiere aumentar la transparencia de las compras digitales. Para ello, propone que las empresas muestren el valor real en euros de las monedas virtuales utilizadas en videojuegos y aplicaciones. En el caso de los menores, estas divisas deberán permanecer desactivadas por defecto, de modo que su utilización no quede habilitada automáticamente.
Las restricciones forman parte de un paquete legislativo más amplio que pretende combatir los llamados “patrones oscuros”, las prácticas comerciales manipuladoras y determinados diseños digitales que fomentan un uso excesivo de aplicaciones y servicios.
La propuesta no supone todavía una prohibición en vigor. El Reglamento de Equidad Digital deberá negociarse ahora entre el Parlamento Europeo y los Estados miembros antes de su aprobación definitiva. Por tanto, las medidas anunciadas por Bruselas tendrán que superar aún el proceso legislativo comunitario.
La iniciativa vuelve a situar las cajas botín en el centro del debate europeo sobre la protección de los consumidores y la monetización de los videojuegos, aunque su alcance, tal y como está planteado, se dirige específicamente a la protección de los menores y no constituye una regulación general de las actividades de juego.











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