La Gambling Commission confirma el despliegue progresivo de una de las medidas más controvertidas de la reforma del Juego en Reino Unido
La Comisión del Juego británica aprueba sus nuevos controles financieros a jugadores de alto gasto y desata el rechazo de la Industria
La Gambling Commission ha anunciado la implantación de los nuevos controles de riesgo financiero para jugadores de elevado gasto, una de las medidas más controvertidas surgidas tras la reforma del Juego en el Reino Unido. El regulador aplicará un sistema escalonado de Financial Risk Assessments (FRA) con el objetivo de detectar a clientes que atraviesen dificultades económicas y reforzar su protección. La iniciativa ha recibido una dura respuesta por parte de la Betting and Gaming Council (BGC), que cuestiona tanto la fiabilidad del sistema como sus posibles efectos sobre operadores y consumidores.
La Comisión sostiene que existe evidencia de que algunos clientes con niveles de gasto muy elevados presentan problemas financieros que actualmente pasan desapercibidos para los operadores. Según el regulador, estos jugadores tienen entre dos y cuatro veces más probabilidades de estar inmersos en planes de gestión de deuda y entre dos y cinco veces más posibilidades de haber sufrido un impago durante el último año que la población general.
La directora ejecutiva interina de la Gambling Commission, Sarah Gardner, defendió que el nuevo modelo permitirá ofrecer apoyo a los jugadores vulnerables sin recurrir a los controvertidos controles documentales que hasta ahora empleaban algunos operadores. “Estamos convencidos de que nuestro enfoque, basado en datos de alta calidad, permitirá apoyar a los clientes de alto gasto con dificultades financieras, al tiempo que reducirá las fricciones para quienes no presentan problemas económicos al eliminar comprobaciones documentales innecesarias e impopulares“, afirmó.
El regulador ha optado por una implantación gradual. La primera fase afectará únicamente a los mayores operadores y a clientes con un patrón de gasto excepcionalmente elevado, fijando inicialmente el umbral en depósitos netos de 5.000 libras en un periodo móvil de 24 horas, un nivel que, según la Comisión, supera menos del 0,5% de los jugadores británicos.
Cuando el sistema quede plenamente implantado, los controles alcanzarán a los jugadores mayores de 25 años que acumulen depósitos netos superiores a 1.000 libras en 24 horas o 3.000 libras en 90 días, mientras que para los menores de esa edad los límites se reducirán a 750 y 2.000 libras, respectivamente.
Según la Gambling Commission es que la inmensa mayoría de los usuarios nunca será objeto de estas comprobaciones. Los análisis se realizarán mediante agencias de referencia crediticia, sin solicitar documentación al cliente ni afectar a su historial crediticio. Además, el piloto desarrollado por el regulador concluyó que el 97% de las cuentas que superaban los umbrales podían evaluarse de forma automática, muy por encima del 80% previsto inicialmente.
La Comisión también ha anunciado que, durante la fase inicial de implantación, no sancionará a los operadores por no actuar tras el resultado de una evaluación financiera, aunque sí mantendrá plenamente vigentes el resto de obligaciones regulatorias ya existentes.
La ministra responsable del Juego, Baroness Twycross, celebró la implantación progresiva de las nuevas evaluaciones al considerar que “ahora la atención debe centrarse en lograr una aplicación satisfactoria para consumidores, operadores y el conjunto del ecosistema“, insistiendo en que debe encontrarse “el equilibrio adecuado” entre la protección de los jugadores vulnerables y la evitación de cargas innecesarias para la industria.
Como era de esperar, el anuncio ha provocado una reacción inmediata de la Industria del Juego británica. La directora ejecutiva de la Betting and Gaming Council, Grainne Hurst, aseguró que el Sector se siente “profundamente decepcionado y frustrado” porque el regulador haya decidido seguir adelante “pese a las importantes preocupaciones planteadas durante los últimos dieciocho meses por el BGC, los operadores, la industria hípica, parlamentarios y clientes“.
Aunque reconoce que la Gambling Commission ha retrasado la implantación, elevado los umbrales y modificado el calendario inicialmente previsto, BGC considera que siguen sin resolverse las principales dudas sobre la fiabilidad del sistema. Hurst sostiene que el proyecto piloto puso de manifiesto “inconsistencias en la información proporcionada por las agencias de referencia crediticia“, advirtiendo de que un mismo jugador podría obtener resultados diferentes según el proveedor utilizado. A su juicio, ello implica el riesgo de que algunos clientes sean identificados erróneamente como financieramente vulnerables sobre la base de un sistema “que continúa sin estar plenamente demostrado“.
La patronal añade además que el regulador aún no ha publicado una evaluación completa del piloto y rechaza que las nuevas comprobaciones puedan calificarse como verdaderamente “sin fricción” si terminan provocando restricciones innecesarias en las cuentas o derivando en solicitudes adicionales de documentación o acceso a información bancaria. Asimismo, advierte de que un endurecimiento excesivo podría favorecer el desplazamiento de jugadores hacia operadores ilegales, una preocupación que el sector lleva tiempo trasladando a las autoridades británicas.











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