Italia destapa una presunta trama para manipular 145 máquinas de Juego y defraudar al fisco

Las autoridades italianas han impuesto medidas cautelares a 15 personas en una investigación sobre una presunta red dedicada a manipular máquinas de Juego para desviar parte de las apuestas y evitar el pago de impuestos. La operación, desarrollada en la provincia de Cosenza, apunta también a una posible trama de corrupción que habría permitido anticipar los controles oficiales.

Entre los investigados, dos han quedado bajo arresto domiciliario, seis están sujetos a otras medidas cautelares y siete tienen prohibido ejercer actividades relacionadas con el Juego durante un año. La investigación está coordinada por la Fiscalía de Cosenza y cuenta con la participación de los Carabinieri y de la Agencia de Aduanas y Monopolios (ADM).

El caso comenzó después de que la ADM detectara anomalías en los registros telemáticos y los contadores de recaudación de distintas máquinas. Las inspecciones posteriores permitieron intervenir 145 Máquinas y alrededor de 80.000 euros en efectivo.

Según la hipótesis de los investigadores, las Máquinas tenían una placa legal conectada a la red estatal y otra clonada que permitía registrar parte de las apuestas al margen del sistema oficial. Para desviar el dinero se habrían utilizado mandos inalámbricos, cableados modificados y tarjetas inteligentes clonadas, además de mecanismos destinados a evitar que los aparatos detectaran la manipulación.

Uno de los aspectos más relevantes de la investigación es la presunta colaboración de un funcionario de la ADM en Cosenza con un empresario dedicado a la distribución de las Máquinas. El empleado habría recibido pagos periódicos a cambio de facilitar información sobre las fechas, los horarios y los objetivos de las inspecciones. También se investiga la presunta sustracción de placas que habían sido incautadas para manipularlas y devolverlas al circuito comercial.

La causa está relacionada con una actuación judicial de noviembre de 2025, cuando se ordenó el embargo preventivo de bienes y activos por más de 12 millones de euros a un operador del sector. La medida se vinculó a la presunta evasión del Prelievo Unico Erariale (PREU), el gravamen aplicado a las cantidades recaudadas por estas máquinas.

Los investigados se enfrentan a posibles delitos de asociación delictiva, corrupción, revelación de secretos oficiales y fraude agravado contra el Estado. El procedimiento continúa en fase de investigación preliminar.