ANJL e IBJR llevan al Supremo brasileño la prohibición del Juego y reclaman frenar la MP de Lula da Silva

La batalla por las apuestas en Brasil ya está en el Supremo Tribunal Federal. La Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL) y el Instituto Brasileño de Juego Responsable (IBJR) han solicitado al ministro Luiz Fux la suspensión de la Medida Provisional aprobada por el Gobierno de Lula da Silva y que ordena el cierre del mercado regulado del Juego.

Las dos organizaciones consideran que la medida carece de la urgencia necesaria para recurrir a una medida provisional y denuncian un cambio de rumbo radical después de que el propio Estado crease, autorizase y supervisase el mercado regulado desde 2025.

Uno de los argumentos centrales es precisamente la seguridad jurídica. Las empresas obtuvieron autorizaciones federales, abonaron las correspondientes tasas y realizaron inversiones para adaptarse a las exigencias regulatorias. Según las asociaciones, el Estado no puede ahora vaciar de contenido esas autorizaciones sin un periodo adecuado de transición o compensación.

La cifra económica que acompaña al conflicto tampoco es menor. 85 operadores abonaron 30 millones de reales cada uno por sus autorizaciones, lo que supone unos 2.550 millones de reales. La nueva normativa establece, sin embargo, que la extinción de las autorizaciones no dará derecho a recuperar esas cantidades.

ANJL e IBJR también ponen el foco en el impacto fiscal. Según los datos manejados por el Sector, durante 2025 las apuestas reguladas generaron 9.950 millones de reales en impuestos federales, además de 2.500 millones en autorizaciones y 95,5 millones en tasas de fiscalización. El Gobierno, por su parte, defiende que los costes sociales y económicos asociados a las apuestas justifican el cambio de modelo.

Además, las asociaciones advierten de que la desaparición de las plataformas autorizadas puede desplazar a los usuarios hacia operadores ilegales, sin los controles de identificación, límites financieros, prevención del blanqueo y herramientas de Juego Responsable exigidos a las empresas legales.

La ofensiva judicial no se limita a ANJL e IBJR. ANSEJA también ha presentado ante el Supremo una acción directa de inconstitucionalidad contra la medida, reclamando su suspensión cautelar y cuestionando, entre otros aspectos, la falta de urgencia y sus efectos sobre las autorizaciones ya concedidas.

Mientras tanto, el reloj corre. La MP establece un plazo de diez días para que las plataformas dejen de estar disponibles y de 30 días para extinguir las autorizaciones, aunque su aplicación podría quedar condicionada por las decisiones que adopte el Supremo y por la tramitación parlamentaria.