Las plataformas deberán cerrar, devolver los saldos y retirar toda su publicidad en un plazo de apenas unos días
Lula da Silva decreta el fin de las apuestas online en Brasil y deja en el aire un mercado regulado de 2.550 millones de reales
El Gobierno de Brasil ha decidido poner fin al mercado regulado de apuestas de cuota fija apenas año y medio después de su entrada en funcionamiento. El presidente Lula da Silva aprobó este fin de semana una Medida Provisional que prohíbe la explotación, oferta, intermediación y publicidad de las llamadas “bets”, tanto en apuestas deportivas como en Juego online, y que también alcanza a las licencias y autorizaciones otorgadas por los estados y el Distrito Federal. La prohibición no afecta al resto de modalidades de lotería ya autorizadas por ley.
La decisión supone un giro radical respecto al proceso de regulación desarrollado en los últimos años. El Gobierno brasileño había establecido un marco legal para las apuestas de cuota fija y, hasta ahora, había concedido 85 autorizaciones, por las que las compañías abonaron 30 millones de reales cada una, hasta alcanzar 2.550 millones de reales, unos 430 millones de euros al cambio aproximado actual. El Ejecutivo establece ahora que la extinción de estas autorizaciones responde a razones de interés público y señala expresamente que no generará derecho a indemnización por lucro cesante, inversiones realizadas o expectativas de continuidad de la actividad, ni a la devolución de las cantidades pagadas por las licencias.
Desde la publicación de la medida queda prohibida la realización de nuevos depósitos en las plataformas. Los jugadores podrán retirar voluntariamente sus fondos hasta el 5 de octubre a las 23:59 horas. A partir del 6 de octubre, las páginas web y aplicaciones de apuestas deberán quedar fuera de servicio. Entre el 7 y el 8 de octubre, los Operadores deberán comunicar a las entidades financieras los saldos pendientes, identificados por CPF, y entre el 9 y el 14 de octubre los bancos deberán proceder a su devolución. Si surgieran problemas para completar los reembolsos, a partir del 14 de octubre intervendrá Caixa Econômica Federal.
El Ejecutivo acompaña el veto con una ofensiva específica contra el Juego ilegal. Los ministerios de Hacienda y Justicia serán los encargados de impulsar el bloqueo de las plataformas ilegales, mediante un sistema que permitirá identificar los sitios, solicitar a la autoridad de telecomunicaciones el bloqueo de sus dominios, retirar aplicaciones y restringir los medios de pago empleados por estos Operadores. Además, la Medida Provisional crea un Comité Institucional de Fiscalización y Combate a la Explotación Ilegal de Apuestas para articular las actuaciones de las distintas autoridades. Las sanciones podrán alcanzar los 2.000 millones de reales, además de contemplar la suspensión parcial o total de la actividad para las personas jurídicas.
El Gobierno también ha preparado un proyecto de ley para introducir delitos específicos relacionados con las apuestas de cuota fija. La propuesta contempla penas de entre cuatro y seis años de prisión para la explotación de apuestas, incluso cuando exista autorización de una autoridad extranjera. La publicidad o captación de jugadores, el uso de datos personales para captar jugadores, la facilitación financiera y el suministro de aplicaciones para apuestas quedarían igualmente sujetos a penas de entre dos y cuatro años, con agravantes en determinados supuestos relacionados con menores, datos de salud o mecanismos destinados a eludir los controles de edad y localización.
La salud pública constituye el principal argumento utilizado por el Ejecutivo para justificar la medida. El Gobierno considera que las apuestas online se han convertido en una demanda creciente para el sistema sanitario y relaciona el trastorno del Juego con problemas como ansiedad, depresión, pérdida de control, alteraciones del sueño y del estado de ánimo, conflictos familiares y aislamiento.
El Ministerio de Salud cifra además en 28 millones los brasileños que habían apostado durante los 12 meses anteriores a una investigación realizada en 2023 y en 10,9 millones quienes presentaban un patrón de juego de riesgo o problemático. El Gobierno añade que el riesgo de desarrollar dependencia es mayor entre personas socioeconómicamente vulnerables y entre los jugadores online. En el ámbito educativo, señala que el 20,4% de los estudiantes consultados había apostado online y que el contacto con estas plataformas puede comenzar a los 11 años.
La prohibición llega, además, cuando el mercado brasileño ya había adquirido una dimensión considerable. Según datos oficiales, más de 25 millones de brasileños apostaron en 2025, con un volumen de 220.600 millones de reales, mientras que la recaudación tributaria asociada al Sector se situó alrededor de los 9.000 millones de reales.
El impacto no se limita a los operadores. El fútbol brasileño se ha convertido en uno de los principales escaparates de las “bets” y al menos 13 de los 20 clubes de la primera división mantenían acuerdos comerciales con compañías de apuestas por un valor conjunto estimado en unos 1.000 millones de reales anuales. La desaparición de las compañías autorizadas implica, por tanto, también el final de una importante vía de patrocinio para clubes y competiciones deportivas.
El Sector, por su parte, sostiene que la desaparición del mercado regulado puede provocar el efecto contrario al perseguido por el Gobierno y trasladar a los usuarios hacia Operadores clandestinos. La Asociación Nacional de Juegos y Loterías, el Instituto Brasileño de Juego Responsable y las 85 compañías autorizadas han advertido de que “la prohibición no acaba con las apuestas en Brasil sino con la protección de quien apuesta”, al considerar que las plataformas ilegales no ofrecen los mismos mecanismos de identificación, control, autoexclusión y protección al usuario.
La gran incógnita ahora es si la prohibición permanecerá. Al tratarse de una Medida Provisional, la decisión entra en vigor con su publicación, pero deberá ser examinada por el Congreso brasileño dentro del plazo establecido para mantener su vigencia. Paralelamente, el Gobierno pretende convertir en delito distintas actividades relacionadas con las apuestas de cuota fija, mientras las empresas afectadas afrontan la desaparición de un mercado en el que habían obtenido autorización, pagado licencias millonarias y realizado inversiones bajo el marco regulatorio vigente.
Brasil pasa así, en un giro de apenas unos meses, de construir un mercado regulado de Juego a plantear su desaparición completa. El desenlace dependerá ahora del recorrido parlamentario de la medida y del enfrentamiento que previsiblemente se abrirá entre el Ejecutivo, las empresas autorizadas y los distintos intereses económicos vinculados.












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