Suspendidas las carreras de caballos en España

AZARplus /libertaddigital.- Como ya adelantamos en AZARplus el pasado 20 de febrero, el conflicto existente entre la Sociedad de Fomento y Cría Caballar de España (SFCCE) e Hipódromo de la Zarzuela ha hecho que la temporada de carreras de caballos se suspendan sin que se sepa a ciencia cierta cuándo podrán reanudarse. El origen del conflicto se encuentra en los derechos de imagen de las carreras de caballos, vendidos por Hipódromo de la Zarzuela a Loterías y Apuestas del Estado (LAE) a cambio de cinco millones y medio de euros en enero de 2013 a fin de que las carreras pudieran retransmitirse por televisión.

La SFCCE, conocida en el mundo del turf como Fomento, cree que esos derechos le pertenecen. Fomento está integrada por personas relacionadas con el turf, pero no están presentes en ella todos los estamentos afectados, jockyes y preparadores, especialmente, ni tampoco todos los propietarios de caballos, aunque sí algunos de ellos. Quizá esa composición tan poco representativa se explique por el hecho de que la sociedad regula las carreras de caballos en España desde el siglo XIX y no ha experimentado notables cambios en su funcionamiento desde que nació.

Sus funciones alcanzan al régimen disciplinario, incluido el control antidoping de los caballos, y la fijación de los órdenes definitivos de llegada, alterándolos en caso de que algún caballo tenga que ser sancionado. Esta última función es muy relevante a efectos de apuestas. También era la encargada de valorar los caballos a efectos de fijar el peso que tenían que soportar en los hándicaps (carreras muy atractivas para las apuestas en las que las posibilidades de los caballos están igualadas por el diferente peso que han de soportar, tanto mayor cuanta superior es su calidad) y expedir la documentación para que nuestros caballos puedan competir en el resto del mundo, especialmente en Francia, donde es frecuente que los propietarios españoles trasladen a competir a sus caballos dada la escasez de carreras en España. Por realizar esa función, Fomento recibía el 4% de lo que se recaudaba por las apuestas. Esta cantidad, sin embargo, no debía de ser suficiente para atender todos sus gastos, pues Fomento arrastra una cuantiosa deuda cercana a los dos millones de euros cuyos acreedores principales son Hacienda y la Seguridad Social.

Es extraño que los derechos de imagen sean el verdadero origen del conflicto pues nunca nadie había reclamado nada por la retransmisión de las carreras toda vez que esa retransmisión beneficiaba a todos al ser un medio para difundir las carreras y las dos apuestas que organiza LAE a cuenta de ellas y que sirven, aunque deficitariamente, para financiarlas. Probablemente, el contrato entre Hipódromo de la Zarzuela y Loterías y Apuestas del Estado no tuvo otra finalidad que la de proveer a la Zarzuela de financiación y evitar así que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, una empresa pública propietaria de Hipódromo de la Zarzuela, tuviera que arrastrar más pérdidas por parte de La Zarzuela. No obstante, ha de observarse que, salvo Fomento, todos los afectados, Hipódromo de la Zarzuela, SEPI y LAE dependen de la Administración de manera que los contratos que celebren entre ellos tienen poca más relevancia que la contable pues todo el dinero sale del mismo pozo.

En cualquier caso, no se entiende que Fomento se sintiera estafada por la venta de unos derechos que, como mucho, le pertenecen sólo en parte, dado que nunca pensó en comercializarlos y nunca protestó cuando se utilizaron en retransmisiones televisivas. Sólo cuando LAE e Hipódromo de la Zarzuela idearon esa fórmula de financiación alegó ser propietaria de esos derechos.

Por otra parte, es posible que el conflicto no se limitara a los derechos de imagen, sino que viniera de lejos y alcanzara a otros aspectos de la competición, aunque no ha trascendido cuáles pudieran concretamente ser. El caso es que Hipódromo de la Zarzuela consideró quebrada la sociedad y decidió que quien debía regular las carreras de caballos era la Federación Hípica Española, una institución que, aparte el hecho de regular un deporte que necesita un caballo para poder practicarlo, nada ha tenido que ver nunca con las carreras. Se supone, sin embargo, que el nuevo ente regulador podría realizar su función sin importunar, en cuanto a los derechos de imagen o lo que sea que ha provocado el conflicto, a la Administración que es quien a la postre financia las carreras a través de LAE. Tod o lo cual se hizo con las reticentes bendiciones del Consejo Superior de Deportes que temía una sanción del Comité Olímpico Internacional a la Federación Hípica Española por financiarse a través de apuestas si es que la regulación iba a ser financiada como en el caso de Fomento gracias a lo recaudado por ese concepto.

Fomento, en concurso de acreedores incluso antes de que se prescindiera de sus servicios, contraatacó para tratar de sobrevivir querellándose contra las personas físicas que participaron en la venta de los derechos de imagen que considera suyos hasta el punto de estar incluidos en su activo a liquidar. Las querellas se encuentran ahora mismo en trámite de ser o no admitidas.

Abrumados por la necesidad de reemprender la competición el 1 de marzo, tal y como se había prometido a las 3.000 familias cuyo sustento depende de que haya carreras en España, y ante la imposibilidad material de que la Federación Hípica se haga cargo de la competición en tan escaso espacio de tiempo, Hipódromo de la Zarzuela y SEPI ofrecieron a la Sociedad de Fomento 850.000 euros a cambio de todos sus activos, incluidos las bases de datos necesarias para regular la competición y, sobre todo, que nuestros caballos puedan competir en el extranjero. Estando cerrado el acuerdo, los abogados del Estado que trabajan en la SEPI se dieron cuenta de que, incluyendo esos activos que se iban a comprar los derechos de imagen, comprarlos era tanto como reconocer que no se era propietario de ellos cuando se vendieron, dando fundamento y visos de prosperar a las querellas.

Se puso entonces como condición a la venta que las querellas fueran retiradas. El administrador concursal se negó a hacerlo alegando no estar entre sus facultades ésa por estar sus funciones limitadas a la liquidación del patrimonio de la entidad en concurso. Al no retirarse las querellas, Hipódromo de la Zarzuela y SEPI han preferido no llevar a cabo la adquisición de manera que todo ha quedado paralizado hasta que el juez decida admitir o no las querellas. Si no las admite, las carreras podrán reanudarse en relativamente breve espacio si el administrador concursal y el Estado siguen de acuerdo en vender los activos de las Sociedad de Fomento por la suma pactada. Si, por el contrario, las querellas son admitidas a trámite, la única forma de desbloquear el conflicto será con la dimisión de las personas querelladas y que nuevos administradores negocien con el administrador concursal sin la rémora de estar implicados en un proceso penal.

Mientras, el mundo del turf haría bien en buscar a largo plazo el modo de financiarse privadamente y no ser tan dependiente de la Administración. Tal financiación sólo puede llevarse a cabo a través de las apuestas, que hoy controla LAE impidiendo, para que no compitan con sus propias apuestas, que se pueda jugar en las carreras de caballos de por ejemplo Madrid fuera del Hipódromo de la Zarzuela. Así resulta que un apostante de cualquier lugar de España puede apostar por medio de su ordenador en el Derby de Kentuky, las 2000 Guineas o el Arco de Triunfo, pero, si quiere hacerlo en el Gran Premio de Madrid, tiene que viajar hasta el Hipódromo de la Zarzuela y apostar en cualquiera de las taquillas que se encuentran en el recinto el día en que se celebre la carrera. Es ésta una situación absurda que obstruye injustificadamente los ingresos que las carreras de caballos podrían generar en España hasta hacerlas rentables.