La plataforma había conseguido una autorización provisional para operar hasta el 25 de octubre, pero la Justicia brasileña ha revocado la medida tras un recurso del Gobierno de Lula
Stake pierde en los tribunales y Brasil mantiene en vilo al Sector del Juego
La aparente victoria judicial de Stake en Brasil ha durado apenas unos días. La compañía había conseguido una medida cautelar que le permitía continuar operando hasta el próximo 25 de octubre, pese a la prohibición de las apuestas online decretada por el presidente Lula da Silva. Sin embargo, el Tribunal Regional Federal de la 3ª Región (TRF3) ha suspendido esa autorización tras estimar el recurso presentado por la Abogacía General de la Unión (AGU), devolviendo a la plataforma a la misma situación que el resto de operadores afectados por la medida.
La resolución, dictada el 9 de octubre por el presidente del tribunal, el magistrado Luis Antonio Johonsom Di Salvo, considera que permitir que una única compañía siga operando mientras las demás permanecen bloqueadas genera una “asimetría regulatoria” capaz de comprometer la aplicación de la política pública impulsada por el Ejecutivo.
El revés resulta especialmente significativo porque la primera resolución, dictada por la jueza Cristiane Farias Rodrigues dos Santos, había permitido a Stake mantener su actividad hasta el 25 de octubre, aunque no hasta diciembre de 2029, fecha de vencimiento de su autorización original, como había solicitado la empresa. La magistrada entendió que la propia medida gubernamental establecía un plazo para el cese de las autorizaciones y que la Administración no debía adelantar sus efectos.
La intervención del tribunal de segunda instancia ha dejado sin efecto esa protección provisional. Por tanto, Stake ya no puede ampararse en aquella medida cautelar para continuar operando, mientras sigue abierto el procedimiento judicial de fondo. La decisión tampoco resuelve definitivamente la legalidad de la prohibición ni cierra las vías de recurso del conjunto de la industria.
El origen del conflicto se encuentra en la Medida Provisional 1.394/2026, firmada por Lula el 25 de septiembre. La norma prohíbe en todo Brasil la explotación, oferta, intermediación y publicidad de las apuestas de cuota fija, incluidas las apuestas deportivas y el Juego online. También contempla el cierre de las operaciones autorizadas y la devolución de los saldos pendientes a los usuarios.
La medida provocó una inmediata reacción de la industria regulada. La Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL) y el Instituto Brasileño de Juego Responsable (IBJR) acudieron al Supremo Tribunal Federal (STF) para solicitar la suspensión de la norma. Ambas organizaciones cuestionan que el Gobierno haya recurrido a una medida provisional para desmantelar un marco regulatorio que había permitido a las empresas obtener autorizaciones e invertir en el mercado brasileño.
El ministro Luiz Fux, ponente de los procedimientos en el Supremo, solicitó inicialmente una respuesta del Gobierno. La AGU, por su parte, ha defendido que la prohibición se mantenga mientras se estudia el asunto y ha pedido que se recabe la opinión de la Fiscalía General de la República antes de adoptar una decisión. También ha solicitado una nueva audiencia pública sobre la cuestión.
De momento, el Supremo no ha suspendido la medida de Lula. La batalla judicial continúa, por tanto, sin una resolución definitiva sobre la constitucionalidad de la prohibición.
Al frente judicial se suma ahora el político. El Congreso Nacional debe examinar la medida provisional, que tiene un plazo inicial de vigencia de 60 días, prorrogable por otros 60. El calendario parlamentario fija el 23 de noviembre como fecha límite para su deliberación, mientras que el plazo para presentar enmiendas concluye este 13 de octubre.
El debate ya ha abierto la puerta a posibles modificaciones. Entre las propuestas planteadas por parlamentarios figuran mantener la prohibición de los casinos online, pero permitir las apuestas deportivas bajo determinadas condiciones. También se han planteado restricciones publicitarias, medidas de atención sanitaria y fórmulas de compensación para empresas que pagaron por sus licencias antes del cambio de rumbo del Ejecutivo.
Estas iniciativas no significan que exista un acuerdo para recuperar la actividad. Su futuro dependerá de la tramitación parlamentaria y de la capacidad de los distintos grupos para modificar el texto.
El calendario electoral convierte las próximas semanas en un periodo especialmente delicado. La segunda vuelta de las elecciones presidenciales está prevista para el 25 de octubre, precisamente la fecha hasta la que Stake había conseguido inicialmente autorización para operar.
El senador Flávio Bolsonaro, rival de Lula en la segunda vuelta, ha defendido una posición favorable a permitir las apuestas deportivas, aunque manteniendo restricciones sobre los casinos online. Un eventual cambio político podría modificar el enfoque del Ejecutivo, pero no supondría por sí solo la derogación automática de la medida ni resolvería los procedimientos judiciales y parlamentarios en curso.
Mientras tanto, el Gobierno insiste en mantener la prohibición. La AGU ha defendido ante el Supremo que la regulación anterior no bastaba para combatir los riesgos asociados a las plataformas ilegales y ha solicitado que se mantengan los efectos de la medida provisional.
El resultado es un escenario que vuelve a dejar a las empresas autorizadas sin una perspectiva clara sobre el futuro de sus operaciones. Después de haber invertido para entrar en un mercado regulado, los operadores se enfrentan ahora a una prohibición cuya continuidad depende de decisiones que todavía están pendientes.
La caída de la medida cautelar de Stake demuestra, además, que conseguir una resolución favorable en primera instancia no garantiza una salida estable para una compañía ni para el conjunto del Sector. Brasil afronta ahora varias decisiones decisivas: el pronunciamiento del Supremo, la tramitación parlamentaria de la prohibición y el resultado de las elecciones. Hasta que esos frentes se despejen, la industria seguirá pendiente de un desenlace que puede determinar si el país recupera un mercado regulado, introduce cambios parciales o mantiene el veto a las apuestas de cuota fija y al Juego online.











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