Los clubes brasileños alertan del impacto económico de la prohibición de las apuestas ante un Fux contrario al Sector

Fux enfría las esperanzas del Juego en Brasil al defender la prohibición de las apuestas

AZARplus

El ministro del Supremo Tribunal Federal Luiz Fux ha reconocido durante la audiencia pública celebrada este martes que tiene la “percepción de que las bets deben ser prohibidas“. Sus palabras han marcado una jornada en la que clubes de fútbol y representantes del Sector han defendido la continuidad del mercado regulado frente a la medida del Gobierno de Lula que pretende acabar con las apuestas de cuota fija en Brasil.

La declaración de Fux ha sido, sin duda, el momento más preocupante. El magistrado, que actúa como relator de las acciones judiciales contra la prohibición, ha explicado que ya había llegado a esa conclusión tras la audiencia celebrada en 2024. “Me convencí de que las apuestas online son un problema de salud pública“, señala.

El ministro también ha querido responder a las críticas por la composición de la audiencia de este martes, en la que buena parte de los participantes defienden el mercado regulado. “No procede la alegación de que solo he convocado a empresas y equipos de fútbol“, respondió. Fux justificó la nueva convocatoria por la necesidad de aportar a los demás magistrados información sobre los efectos económicos y jurídicos de la prohibición, especialmente en materia de seguridad jurídica.

Aunque Fux ha dejado clara su posición personal, también ha apuntado a la necesidad de evitar una decisión que genere inseguridad jurídica. El magistrado deberá trasladar los argumentos escuchados al resto de integrantes del Tribunal, que tendrán la última palabra sobre la constitucionalidad de la medida.

Frente a esta posición, los representantes de los clubes han defendido durante la sesión que el cierre del mercado regulado tendría consecuencias económicas muy importantes para el fútbol brasileño. El Flamengo, por ejemplo, ha advertido de que la medida pone en riesgo alrededor de 430 millones de reales en ingresos anuales. Su vicepresidente, Flavio Willeman, ha explicado que el club había organizado su planificación financiera para los próximos cuatro o cinco años contando con los contratos firmados con los operadores.

El presidente del Fluminense, Mattheus Montenegro, ha advertido de que también existe un coste social derivado del desempleo y de la pérdida de ingresos para los clubes, especialmente los más pequeños.

También ha tenido protagonismo el argumento de que una prohibición total no acaba con la actividad, sino que puede favorecer a los operadores ilegales. La representante del São Paulo, Daniele Maiolini, ha defendido que las plataformas autorizadas colaboran en la detección y comunicación de apuestas sospechosas relacionadas con la manipulación de competiciones. Desde el Corinthians se ha señalado igualmente a las plataformas ilegales como el principal enemigo común, mientras que el Botafogo ha cuestionado que el Gobierno haya demostrado que una prohibición integral consiga reducir los problemas asociados al Juego.

El abogado del Botafogo, Udo Seckelmann, ha asegurado que no se ha presentado “un ejemplo siquiera de un país que haya prohibido las apuestas online de forma integral, como está haciendo Brasil, y que haya conseguido reducir a partir de ello los índices de problemas con el Juego, endeudamiento y mercado ilegal“.

La audiencia ha reunido a 34 entidades, entre ellas clubes, organismos deportivos, representantes gubernamentales, asociaciones empresariales y organizaciones del Sector. La Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL) ha solicitado al STF que suspenda la medida y declare su inconstitucionalidad, defendiendo la validez del marco regulatorio aprobado en 2023. La misma disposición también está siendo cuestionada en otras tres acciones judiciales.

Por el momento, la audiencia pública no ha supuesto ninguna resolución sobre el futuro del Juego en el país. La medida del Gobierno continúa vigente y su tramitación parlamentaria sigue pendiente. El Congreso brasileño tiene hasta el 23 de noviembre para deliberar sobre ella.

La gran incógnita queda ahora en manos del Supremo. Y las palabras de Fux, aunque no anticipan por sí solas el resultado de la votación, dejan claro que el Sector tendrá que afrontar un escenario judicial bastante complicado…

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