La reelección de Lula deja el futuro del Juego en Brasil en manos del Supremo y el Congreso

La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales brasileñas del pasado domingo añade incertidumbre al futuro de la Industria del Juego, que permanece vetado tras la sorpresiva decisión del renombrado presidente Lula da Silva. El presidente se ha impuesto a Flávio Bolsonaro con el 51,8% de los votos, frente a algo más del 48% de su rival, según los resultados oficiales. La victoria refuerza políticamente a Lula, pero no resuelve por sí misma la batalla legal ni convierte la prohibición en una norma permanente.

El Sector había contemplado la posibilidad de una victoria de Flávio Bolsonaro y, según la prensa especializada, mantenía contactos para intentar modificar la Medida Provisional 1.394/2026. La derrota del candidato reduce las expectativas de que el cambio político facilite una rápida recuperación de la actividad. Aun así, el futuro de las bets no depende exclusivamente del presidente: también está condicionado por el Tribunal Supremo Federal y por el Congreso Nacional, que deben pronunciarse sobre la validez de la medida y sus posibles alternativas.

La norma se publicó el 25 de septiembre y prohíbe la explotación, oferta, intermediación y publicidad de las Apuestas de cuota fija en Brasil. Su alcance incluye las Apuestas deportivas y el Juego online, tanto si los operadores están establecidos dentro del país como si ofrecen sus servicios desde el extranjero a usuarios situados en territorio brasileño. La prohibición también alcanza las concesiones y autorizaciones estatales y de distrito para explotar estas Apuestas, aunque no afecta a las demás modalidades de lotería que ya están autorizadas por ley.

La aplicación de la medida se organizó mediante un calendario de transición. Desde el 25 de septiembre quedó prohibida la entrada de nuevos fondos en las cuentas transaccionales de las plataformas. Los usuarios tuvieron hasta el 5 de octubre para retirar voluntariamente los saldos disponibles y, a partir del día 6, las webs y aplicaciones destinadas a ofrecer apuestas de cuota fija debían quedar fuera de servicio. Las entidades financieras recibieron instrucciones para devolver los fondos remanentes y, desde el 15 de octubre, la Caixa Econômica Federal quedó habilitada para intervenir en los casos en los que las entidades bancarias encuentren dificultades para completar las devoluciones.

El vencimiento del periodo de transición ha añadido un problema a la incertidumbre jurídica. Las autorizaciones existentes expiraron el domingo 25 de octubre, al cumplirse los 30 días previstos por la medida. Eso significa que una eventual suspensión o pérdida de vigencia de la norma no necesariamente devolvería de forma automática sus autorizaciones a los operadores que habían obtenido licencia. La forma en la que podrían recuperar el derecho a operar (o si fuera necesario tramitar nuevas autorizaciones) es precisamente una de las incógnitas que afronta la Industria.

El primer frente para intentar revertir la prohibición está en el Supremo. La Asociación Nacional por la Seguridad Jurídica de los Juegos y Apuestas (Anseja) presentó la acción directa de inconstitucionalidad, en la que solicita la suspensión íntegra de la medida. Entre sus argumentos figuran la falta de urgencia que justificaría recurrir a una medida provisional, la posible invasión de materias que deberían tramitarse por ley y la vulneración de principios como la seguridad jurídica, la libre iniciativa y el pacto federativo. La Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL) y el Instituto Brasileño de Juego Responsable (IBJR) también han pedido que se suspendan los efectos de la norma; otras organizaciones, como la asociación de emisoras de radio y televisión Abert, han planteado objeciones vinculadas al impacto de la prohibición sobre sus actividades publicitarias.

El ministro Luiz Fux, ponente de los procedimientos relacionados con el marco regulatorio de las apuestas, solicitó a la Abogacía General de la Unión que se pronunciase sobre las peticiones del Sector. La AGU pidió mantener la medida y solicitó que, antes de decidir, se recabase la opinión de la Fiscalía General de la República. A fecha de hoy, aunque la presión judicial continúa, no existe todavía una decisión pública que permita anticipar el desenlace.

El segundo frente está en el Congreso, donde la tramitación sigue pendiente. La ficha oficial de la Medida Provisional indica que la comisión mixta aún está a la espera de ser instalada. El plazo de deliberación que figura en el calendario es el 23 de noviembre, mientras que el régimen de urgencia está previsto a partir del 9 de noviembre. En el procedimiento se han registrado 99 enmiendas. Entre las alternativas existentes figura la posibilidad de modificar la propuesta para permitir una continuidad de las apuestas deportivas, excluyendo los casinos online, aunque esa opción no ha sido aprobada y sigue siendo una de las líneas que podrían debatirse.

La victoria de Lula complica, por tanto, las expectativas de quienes confiaban en una rápida rectificación política, pero no cierra la disputa. Un análisis de la consultora Regulus Partners considera que el escenario más probable es que la medida termine perdiendo vigencia sin que se restauren automáticamente las licencias, prolongando la suspensión del mercado mientras continúan los litigios. La firma asigna a esa posibilidad una probabilidad del 80%; es una estimación de escenarios de la consultora, no un pronóstico oficial ni una resolución jurídica. Su análisis contempla también la posibilidad de que el Supremo suspenda la medida, de que el Congreso la mantenga o de que se apruebe una versión modificada con restricciones adicionales.

Para los operadores, el riesgo no se limita a la prohibición actual. Una eventual caída de la medida podría abrir la puerta a una recuperación de la actividad, pero la expiración de las autorizaciones complica el camino y deja pendiente la cuestión de las licencias. En paralelo, una modificación parlamentaria que permitiese únicamente las apuestas deportivas y excluyera los juegos de casino online supondría un mercado sustancialmente distinto del que quedó regulado en 2023. El propio texto de la medida se aplica también a permisos estatales y de distrito, por lo que las licencias regionales no ofrecen por sí solas una vía segura para reanudar la actividad mientras la prohibición siga en vigor.

La cuestión de fondo es, por tanto, si Brasil consolidará una prohibición de las apuestas de cuota fija o si la medida será suspendida, rechazada o modificada durante su tramitación. La respuesta no depende únicamente del resultado electoral: será el desenlace de los procedimientos judiciales y parlamentarios el que determine si el mercado puede reabrirse, bajo qué condiciones y con qué régimen de autorizaciones. Por ahora, el Sector continuará en un escenario de bloqueo e inseguridad jurídica, sin una fecha confirmada para la reanudación de las operaciones.