Luiz Fux escuchará a 26 participantes antes de avanzar en los recursos que cuestionan la constitucionalidad de la medida impulsada por Lula da Silva
El Supremo de Brasil debatirá el 3 de noviembre el impacto económico de la prohibición de las apuestas
AZARplus
El magistrado Luiz Fux ha convocado una audiencia pública para el próximo 3 de noviembre, a las 10:00 horas, en la Segunda Sala del Supremo Tribunal Federal de Brasil, con el objetivo de analizar las consecuencias económicas de la prohibición de las apuestas aprobada por el Gobierno de Lula da Silva. La sesión reunirá a 26 participantes, entre representantes institucionales, asociaciones del Sector, medios de comunicación y clubes de fútbol.
La convocatoria se produce tras los múltiples recursos presentados contra la Medida Provisional 1.394/2026, publicada el 25 de septiembre, que prohíbe la explotación, oferta, intermediación y publicidad de apuestas de cuota fija, tanto deportivas como de Juego online. La norma contempla también la extinción de las autorizaciones concedidas a operadores, con un periodo transitorio para cerrar sus páginas y aplicaciones y devolver los fondos a los usuarios.
Las asociaciones del Sector, entre ellas la Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL), el Instituto Brasileño de Juego Responsable (IBJR) y ANSEJA, han recurrido la medida al considerar que vulnera la seguridad jurídica y cuestionar su aprobación mediante una disposición de urgencia. La Abogacía General de la Unión, por su parte, defiende la prohibición y ha solicitado al Supremo que mantenga su vigencia.
La audiencia contará con representantes del Ministerio de Hacienda, la Confederación Nacional de la Industria y la asociación brasileña de emisoras de radio y televisión, además de la Confederación Brasileña de Fútbol y diez clubes, entre ellos Flamengo, Fluminense, Botafogo, Corinthians y São Paulo.
Fux habría fijado la sesión después de la segunda vuelta electoral para evitar que la decisión pudiera interpretarse como una interferencia en el proceso político.
La medida provisional deberá ser examinada por el Congreso brasileño para convertirse en ley de forma definitiva. El primer plazo de vigencia concluye el 23 de noviembre.
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