El Gobierno notifica a Bruselas los requisitos de seguridad y autenticación necesarios para el acceso automatizado al futuro repositorio universal de facturas.
España somete a validación europea el reglamento técnico de la nueva factura electrónica obligatoria
AZARplus
La Comisión Europea ha registrado la notificación relativa al Proyecto de Orden por la que se regula la solución pública de facturación electrónica. Este trámite, realizado a través del sistema TRIS, somete a examen comunitario el Proyecto de Orden que define los elementos técnicos y funcionales de la solución pública gestionada por la Agencia Tributaria. Con la apertura de este periodo de “statu quo”, que se prolongará hasta el próximo 6 de agosto, Bruselas supervisará que las especificaciones españolas no supongan obstáculos técnicos al comercio dentro del mercado único.
La normativa perfilada por el Ministerio de Hacienda establece el 1 de octubre de 2026 como la fecha oficial de entrada en vigor. A partir de ese hito, se activará el calendario de aplicación efectiva: las empresas con una facturación superior a los ocho millones de euros deberán operar bajo este sistema desde el 1 de octubre de 2027, mientras que el resto de autónomos y pymes dispondrán de margen hasta finales de 2028. Este ecosistema digital funcionará como un repositorio universal y obligatorio donde todas las facturas B2B deberán remitirse, ya sea directamente mediante la plataforma estatal o a través de copias fieles enviadas por proveedores privados.
Uno de los pilares técnicos del proyecto es la adopción de la sintaxis UBL bajo el estándar europeo EN16931, lo que garantiza la interoperabilidad total del sistema. Además de la mera emisión, la plataforma obligará a los destinatarios a informar electrónicamente sobre el pago efectivo o el rechazo de los documentos, con el objetivo prioritario de monitorizar y reducir la morosidad comercial en el Sector privado. Según la redacción del proyecto, el regulador busca “garantizar la coherencia del texto con el resto del ordenamiento jurídico nacional, generando un marco normativo estable, predecible e integrado” que facilite la actividad económica sin introducir cargas administrativas innecesarias. El acceso a esta solución será gratuito, consolidando un servicio de interconexión que centralizará el control de los plazos de pago en todo el tejido empresarial.
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