El Gobierno moviliza 309 millones para reactivar Ceuta tras la crisis migratoria y reforzar su economía

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley de medidas urgentes de carácter social y económico para Ceuta que movilizará 309 millones de euros durante los cuatro últimos meses de 2026, una cantidad equivalente al 16% del PIB de la ciudad autónoma.

El paquete pretende responder a la situación generada tras la entrada masiva de migrantes registrada los pasados 30 y 31 de julio y, al mismo tiempo, reforzar la actividad económica, el empleo y los servicios públicos de Ceuta. El Gobierno estructura las medidas en cuatro grandes bloques: 21 millones para servicios esenciales, 90 millones para seguridad, 118 millones para acogida humanitaria y 80 millones para empresas y trabajadores.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido que el objetivo es “dar confianza y tranquilidad” a la ciudad y recuperar cuanto antes la normalidad. “Somos conscientes y hemos sido testigos de la necesidad urgente” de recuperar esa normalidad y el real decreto-ley debe servir como prueba de que “no vamos a escatimar esfuerzos” para conseguirlo, señaló.

Uno de los principales componentes económicos del plan son los 36,6 millones de euros destinados a ayudas directas para empresas y trabajadores autónomos. Según el Gobierno, estas ayudas contemplan 5.000 euros por autónomo y entre 10.000 y 150.000 euros por empresa, dependiendo de su volumen de facturación.

Asimismo, en el terreno fiscal, el decreto eleva con carácter permanente del 50% al 60% la bonificación del Impuesto sobre Sociedades para empresas residentes en Ceuta y Melilla y para aquellas que mantengan actividad y puestos de trabajo en ambas ciudades.

El Ejecutivo estima que podrán beneficiarse alrededor de 2.500 autónomos y 1.500 empresas. Las solicitudes podrán presentarse desde el 14 de septiembre a través de la página web de la Agencia Tributaria, con el objetivo de comenzar los pagos durante octubre.

Las ayudas estarán exentas de tributación y tendrán carácter inembargable. El Gobierno explica que el procedimiento pretende ser sencillo y que las empresas y autónomos únicamente tendrán que facilitar un número de cuenta para recibir la prestación.

A estas ayudas se suman 14 millones de euros para impulsar el comercio, el turismo y la restauración. De esta cantidad, 10 millones se canalizarán mediante un convenio entre la Secretaría de Estado de Comercio y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Ceuta para bonos de consumo, campañas destinadas a atraer compradores y actuaciones de dinamización de barrios comerciales y mercados.

Otros cuatro millones se destinarán al turismo y la hostelería mediante bonos turísticos, promociones, campañas de comunicación y medidas destinadas a reducir el coste del transporte para los visitantes no residentes.

El paquete incorpora además un millón de euros para el Plan Ceuta Exporta del ICEX y otro millón para una campaña extraordinaria de Turespaña destinada a promocionar internacionalmente Ceuta como destino turístico.

El Gobierno pretende reforzar también el acceso de las empresas y autónomos a financiación mediante una línea de avales por cuenta del Estado de hasta 50 millones de euros, gestionada por el ICO. Los avales podrán cubrir operaciones destinadas a necesidades de liquidez y circulante, así como inversiones para mantener, recuperar o relanzar la actividad empresarial.

A ello se añade una aportación de 2 millones de euros para reforzar de forma estructural una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) en Ceuta, con el objetivo de ampliar las alternativas de financiación disponibles para el tejido empresarial.

Los autónomos también dispondrán de mejores condiciones para tributar en el IRPF, al ampliarse las posibilidades de deducción de provisiones y gastos de difícil justificación. El Gobierno cifra el ahorro de estas medidas en 12 millones de euros anuales por ciudad.

El paquete incorpora igualmente medidas destinadas a reducir los costes laborales. Las empresas que hayan visto interrumpida o limitada su actividad y tengan que recurrir a un ERTE podrán beneficiarse de exenciones en las cuotas a la Seguridad Social.

También se contempla una prestación extraordinaria por cese de actividad para autónomos y la posibilidad de aplazar pagos con un interés del 0,5%.

Una de las medidas de carácter estructural más relevantes es el incremento de la bonificación de las cotizaciones empresariales del 50% al 75% para trabajadores con contrato indefinido que desarrollen actividades formativas. La medida se aplicará tanto en Ceuta como en Melilla y supondrá, según las estimaciones del Gobierno, un ahorro de unos 12,2 millones de euros para cada ciudad en los cuatro últimos meses de 2026, hasta alcanzar unos 36,6 millones anuales por ciudad.

El paquete laboral se completa con una convocatoria del SEPE dotada con 650.000 euros para formación de trabajadores de empresas ceutíes.

Más allá del componente económico, el plan contempla 90 millones de euros para seguridad. Entre las medidas figura un incentivo excepcional al rendimiento de 7,1 millones para la Policía Nacional y 8 millones para la Guardia Civil, además de una dotación adicional de 74 millones para el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas.

El Gobierno justifica estos recursos por el despliegue extraordinario realizado durante la crisis migratoria, tanto en materia de seguridad como de transporte, logística y mantenimiento de los medios empleados.

En servicios esenciales, el Ejecutivo destinará 4,5 millones a reforzar la Justicia, incluyendo jueces, fiscales, letrados y funcionarios, así como asistencia jurídica gratuita, apoyo informático y automatización de procedimientos.

La sanidad recibirá 3,5 millones para incorporar 100 nuevos profesionales del INGESA, mientras que Educación contará con 3,2 millones para reforzar la seguridad de los centros docentes y desarrollar actuaciones de acompañamiento psicosocial.

El bloque de servicios esenciales incluye además 2 millones de euros para la Ciudad de Ceuta, a los que se suman más de siete millones aprobados para la planta desalinizadora.

En conjunto, el Gobierno señala que el apoyo presupuestario previsto para Ceuta y Melilla alcanzará los 507,5 millones de euros hasta 2031, combinando las medidas de carácter extraordinario con los nuevos incentivos fiscales, laborales y de apoyo a infraestructuras.

El plan llega después de las reclamaciones planteadas por las organizaciones empresariales, sindicatos, la Cámara de Comercio y el propio Gobierno de Ceuta para afrontar el impacto económico de la crisis migratoria y tratar de recuperar la actividad. Su aplicación efectiva durante los próximos meses permitirá comprobar hasta qué punto las ayudas consiguen trasladarse a la actividad empresarial y contribuir a recuperar el consumo, el turismo y el empleo en la ciudad autónoma.