Un nuevo Rasca de duración indefinida se suma a la larga lista de Rascas que podemos encontrar en la calle sin ningún tipo de control

El Gobierno constriñe al Juego privado, mientras aprueba más y más Rascas

AZARplus

El Gobierno ha vuelto a autorizar a la ONCE un nuevo Rasca, reforzando su posición de privilegio como Operador semipúblico bajo tutela estatal, al tiempo que impone un férreo control sobre el Sector privado, con medidas como los carteles “antijuego” que aún mantienen a la Industria sin palabras.

La secretaria de Estado de Derechos Sociales, detalla que el Consejo de Protectorado de la ONCE (órgano donde el propio Estado supervisa y avala todas las actividades de la organización) ha dado su visto bueno a la modificación del reglamento tras constatar su “adecuación al marco normativo vigente”. Es decir, el Estado autoriza, supervisa y a la vez legitima a su propio Operador, consolidando un modelo en el que la ONCE sigue acumulando permisos de “papá Estado” sin ningún tipo de restricción.

El nuevo producto, con mecánica “reúne varias piezas iguales en seis oportunidades”, tendrá un precio de cinco euros por boleto. Cada serie contará con 4 millones de boletos, con un valor facial total de 20 millones de euros, un 68% destinado a premios y una probabilidad de ganar de uno de cada tres boletos. Este Rasca podrá comercializarse desde el 19 de noviembre de 2025, sumándose a la larga lista de juegos instantáneos que la ONCE lanza de forma casi mensual con total respaldo gubernamental.

La resolución también incluye la retirada de varios productos de la modalidad electrónica y física, como Símbolos 28, Gran Cleopatra electrónico y Gran Cleopatra físico, que dejarán de venderse entre el 26 de noviembre y el 16 de diciembre de 2025, al ser productos temporales del Operador semipúblico.

El Ejecutivo vuelve a exhibir así su doble rasero: mientras exige al Juego privado “pedir perdón por existir”, continúa alimentando la maquinaria de las loterías públicas bajo el argumento de la “finalidad social”, un concepto que sirve para justificar privilegios económicos y regulatorios de una entidad que compite en el mismo mercado pero sin asumir las mismas obligaciones ni limitaciones.

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FRANCO

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