El dato contra el relato: El sesgo que hiperregula al Sector privado e impulsa la narrativa negativa, a debate en Palencia

La percepción social y mediática del Juego en España ha sido el eje central de la última mesa-coloquio del XVIII Congreso de Juego de Castilla y León. Bajo el título “Percepción del Juego en los medios de comunicación y en la sociedad: Juego público vs Juego privado. Responsabilidad corporativa del Sector,” la mesa ha contado con el director general de Suelo de la Comunidad de Madrid, Ramón Cubián, como moderador, y la participación de Rafael de Andrés Álvarez, abogado especialista en derecho administrativo y del Juego, y Javier Egocheaga, secretario general de ASESFAM. Según señalaba Cubián, el objetivo manifiesto de la sesión no fue generar controversia, sino “analizar situaciones y qué puede hacer el Sector para para mejorar esa esa percepción”.

Los ponentes coincidieron en la profunda asimetría en el tratamiento regulatorio y en la imagen proyectada por SELAE y ONCE y el sector privado. Rafael de Andrés Álvarez subrayó que la discusión se dirime en la “batalla de la comunicación, deberá sobrar el relato y apostar más por el dato”.

De Andrés trazó un recorrido histórico en tres etapas, destacando cómo la normativa ha condicionado la percepción social. Inicialmente, la regulación, que comenzó con la despenalización parcial en 1977, buscaba la normalización y el desarrollo controlado de la actividad. Sin embargo, desde 2012 hasta la actualidad, la regulación ha girado en las deseconomías e incidir en el jugador y grupos vulnerables. Este cambio se ha traducido en una hiperregulación del Juego presencial privado a través de la planificación, la contingentación, las distancias y un maremágnum de prohibiciones.

Frente a esta hiperregulación del Sector privado, el Juego público goza de un régimen de mayor liberalidad. Javier Egocheaga detalló que los Juegos reservados como los de SELAE y ONCE se rigen por tres reglas fundamentales: se pueden comercializar directamente o a través de su red externa (puntos mixtos); no se someten a la obligación de autorización autonómica; y pueden abrir establecimientos accesibles al público sin necesitar la autorización de la comunidad autónoma. Esta disparidad, que incluye la ausencia de limitación de máquinas o distancias para el Juego público, es un factor clave en la diferente percepción.

La disparidad se manifiesta con mayor crudeza en el plano mediático y publicitario. El Juego público proyecta una imagen positiva asociada a la “solidaridad”, la “esperanza” y la “inclusión social”. Egocheaga citó el eslogan de la ONCE, “porque hacéis que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor ahora y siempre, bien jugado”, como ejemplo de una narrativa reforzada por los medios. El Juego público tiene, además, la ventaja de la capacidad de patrocinio deportivo, lo que facilita su penetración positiva en la sociedad, algo prohibido al Juego privado.

En contraste, el sector privado se sitúa en una “línea divisoria entre legitimidad y sospecha”. Los medios, en lugar de destacar los beneficios económicos o el empleo que genera el Sector, tienden a poner el foco en “excesos como blanqueo de capitales o fraudes”.

La situación se agrava por el llamado framing mediático, que enmarca la información para destacar ciertos aspectos negativos. Javier Egocheaga compartió su experiencia directa, relatando que ha tenido “negativas de la prensa generalista a acudir a ciertos eventos del Sector” y a publicar contenido informativo no publicitario sobre el Juego. La razón, sugirió, radica en los intereses publicitarios de estos medios: “cuáles son los principales clientes de los medios de comunicación a nivel de publicidad… Por tanto, no morder la mano de quien te da de comer”.

De Andrés recordó que el Tribunal Supremo ya ha intervenido en esta materia, dictaminando que las limitaciones y prohibiciones a una actividad empresarial lícita deben tener “cobertura legal suficiente sin que pueda regular por normas reglamentarias independientes y desvinculadas de los criterios y límites fijados por el legislador”. A pesar de ello, se ha intentado recuperar artículos derogados del Real Decreto de Comunicaciones Comerciales mediante “enmiendas extemporáneas”, lo que se suma a la asimetría jurídica existente en la Ley General de Comunicación Audiovisual.

Los expertos también abordaron la falsedad de la alarma social generada por ciertos partidos políticos, así como medios de comunicación. Rafael de Andrés mencionó el informe ESTUDES 2024, destacando que el problema de las adicciones al Juego no ha avanzado significativamente en 40 años. El problema de prevalencia del Juego problemático es bajo, alrededor del 0,3% de la población. De Andrés hizo una comparación con el sector del videojuego, que tiene una percepción muy positiva a pesar de incorporar factores parecidos como las loot boxes y las microtransacciones, y no tiene la misma valoración negativa.

Un riesgo crucial de la hiperregulación es el “potencial desvío de los jugadores hacia operadores ilegales”. Este mercado ilegal no protege a los clientes. La prohibición de la publicidad por sí sola no reduce el Juego entre menores, se reduce combatiendo el mercado ilícito, un punto que el legislador parece ignorar.

Los ponentes fueron especialmente críticos con lo que consideran intentos de la Administración de manipular la percepción social. Javier Egocheaga se refirió al acto de “Juego Seguro” promovido por la DGOJ, donde se propuso imponer advertencias en el Juego online similares a las de los paquetes de tabaco. Egocheaga consideró que la intención es la de “asociar el Juego al tabaco”, buscando que el público “asocio mentalmente el lema el tabaco Mata con el Juego”.

Ramón Cubián se sumó a la crítica, señalando el borrador del contenido del próximo congreso de Juego de la DGOJ, cuya primera mesa se titula “daños y retornos de los Juegos de azar”. Cubián calificó esto como una “manipulación absolutamente directa de la percepción social”, que confunde “el riesgo real con la manipulación de la libertad”. Rafael de Andrés coincidió, señalando que la administración es el primer prescriptor y si esta da una imagen negativa, el sector no puede trascenderla.

En conclusión, el desafío fundamental, tanto para el Sector público como para el privado, es “proteger a las personas vulnerables sin demonizar el Juego”. La regulación debe ser sensata, inteligente y estar basada en datos, reconociendo el Juego como una actividad de ocio y entretenimiento que aporta valor a la sociedad en términos de industria, empleo, e impuestos. Asimismo, la regulación debe ser ecuánime para todos los sectores, tengan o no una buena percepción, para poder trabajar de la mano.