La reforma prohíbe preguntar a los candidatos por sus anteriores sueldos, obliga a informar de la retribución en las ofertas de empleo y refuerza los derechos de información de los trabajadores

El BOE establece nuevas reglas para las empresas en contratación, salarios y condiciones laborales

AZARplus

El BOE ha publicado el Real Decreto-ley que introduce importantes cambios en las obligaciones de las empresas y en los derechos de sus trabajadores, sobre el cual informamos ayer en AZARplus. La nueva normativa modifica el Estatuto de los Trabajadores y las reglas de transparencia retributiva, con nuevas exigencias para los procesos de selección, la contratación y la gestión salarial.

Uno de los cambios más destacados afecta a la selección de personal. Las empresas deberán indicar en sus ofertas de empleo la retribución inicial correspondiente al puesto y el convenio colectivo aplicable. Además, queda prohibido preguntar a los candidatos por su salario actual o por el que percibían en anteriores trabajos. Los anuncios y las denominaciones de los puestos también deberán utilizar criterios neutros respecto al género y presentarse en formatos accesibles para personas con discapacidad.

La reforma amplía igualmente la obligación de informar por escrito sobre las condiciones esenciales del contrato a todos los trabajadores, con independencia de la duración de la relación laboral. De esta manera, desaparece la excepción que permitía no facilitar esta información en contratos inferiores a cuatro semanas.

También se establecen nuevos límites para los periodos de prueba: seis meses para los técnicos titulados y dos meses para el resto de trabajadores, con una ampliación hasta tres meses para estos últimos en empresas de menos de 25 empleados. En los contratos temporales de duración inferior a seis meses, el periodo de prueba no podrá superar la parte proporcional correspondiente.

En el trabajo a tiempo parcial, las empresas deberán comunicar las horas complementarias con al menos tres días de antelación, salvo que el convenio colectivo establezca un plazo inferior. Si no se respeta este requisito, el trabajador podrá rechazarlas sin sufrir consecuencias desfavorables. Asimismo, si la empresa cancela horas complementarias que ya había comunicado, deberá abonarlas igualmente.

Otro aspecto relevante es la protección del pluriempleo. Las compañías no podrán prohibir de forma general que sus empleados trabajen para otras empresas, salvo que existan razones objetivas relacionadas con la confidencialidad, la seguridad o conflictos de intereses. También se mantienen los pactos de plena dedicación, siempre que contemplen una compensación económica.

La norma reconoce además el derecho de los trabajadores con al menos seis meses de antigüedad a solicitar condiciones laborales más estables y previsibles, como un contrato indefinido o un aumento de jornada. Las empresas deberán responder por escrito y de forma motivada en un plazo de un mes, ampliable a tres meses para las compañías con diez o menos trabajadores, e informar de las vacantes disponibles.

Más transparencia salarial y nuevas sanciones

La reforma también refuerza el acceso de los empleados a la información retributiva. Los trabajadores podrán solicitar por escrito datos sobre su propio salario y las retribuciones medias, desglosadas por sexo, de quienes realicen el mismo trabajo o uno de igual valor. Las empresas dispondrán de dos meses para facilitar esta información.

Además, serán nulas las cláusulas contractuales que impidan a los trabajadores revelar su salario cuando lo hagan para defender el principio de igualdad retributiva. Las compañías tampoco podrán tomar represalias contra quienes reclamen sus derechos.

Todas las empresas deberán mantener actualizado su registro retributivo, mientras que las de 50 o más trabajadores tendrán que justificar las diferencias salariales medias entre hombres y mujeres cuando alcancen o superen el 25%. En las compañías de 100 o más empleados, este umbral se reduce al 5%. Si las auditorías detectan desigualdades injustificadas, deberán establecerse medidas correctoras, con un plazo máximo de seis meses para subsanarlas.

El incumplimiento de estas obligaciones también tendrá consecuencias. La falta de información sobre las condiciones laborales o el incumplimiento de las exigencias relativas al registro salarial se consideran infracciones graves. Por su parte, solicitar datos prohibidos durante los procesos de selección o adoptar represalias contra trabajadores que reclamen sus derechos puede constituir una infracción muy grave.

La reforma alcanza igualmente a las empresas que trabajan con las administraciones públicas, cuyos contratos podrán incorporar penalizaciones por incumplimientos de las obligaciones de igualdad retributiva y transparencia salarial. En los casos de especial gravedad o reiteración, podrá acordarse incluso la resolución del contrato.

El Real Decreto-ley 39/2026 entra en vigor hoy 19 de noviembre, aunque contempla disposiciones transitorias para facilitar la adaptación de las empresas a determinadas obligaciones.

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FRANCO

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