La reforma también modifica las horas complementarias, los periodos de prueba y las obligaciones de información salarial de las compañías
El SMI subirá a 1.286 euros en 2027 y las empresas tendrán nuevas obligaciones laborales
El Gobierno ha aprobado una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional y una reforma de las condiciones laborales que introduce cambios importantes para las empresas. El nuevo salario mínimo aumentará un 5,3% desde el 1 de enero de 2027, hasta alcanzar los 1.286 euros mensuales en 14 pagas y 18.004 euros anuales.
La cuantía supone 910 euros más al año que en 2026 y sitúa el salario mínimo diario en 42,87 euros. Desde 2018, el SMI acumula un incremento cercano al 75%.
Pero la subida salarial llega acompañada de otra norma que también tendrá consecuencias para las compañías, incluidas las del Sector del Juego. El Ejecutivo ha aprobado un Real Decreto-ley que amplía los derechos de información de los trabajadores y refuerza las obligaciones empresariales en materia de transparencia e igualdad retributiva.
Entre las principales novedades figura la extensión del derecho a conocer las condiciones esenciales del contrato a todas las relaciones laborales, independientemente de su duración. También cambian las reglas de las horas complementarias en los contratos a tiempo parcial: los empleados podrán rechazarlas si no se respeta el preaviso o no se especifican el día y la hora de realización. Si la empresa cancela horas previamente convocadas, deberá abonar la retribución correspondiente.
El periodo de prueba tendrá, como regla general, un máximo de seis meses y solo podrá ampliarse mediante convenio colectivo por causas justificadas. En los contratos de seis meses, el límite será de un mes.
La reforma también permitirá trabajar para otras empresas, salvo que existan causas objetivas que lo impidan o un pacto de plena dedicación con compensación económica.
Otro cambio importante afecta a los procesos de selección. Las ofertas de empleo deberán incluir la retribución inicial o el nivel salarial del puesto y el convenio aplicable. Además, las empresas no podrán preguntar a los candidatos por sus salarios actuales o anteriores.
Los trabajadores podrán solicitar información escrita sobre su remuneración y las retribuciones medias, desglosadas por sexo, de quienes desempeñen el mismo trabajo o uno de igual valor. La empresa tendrá dos meses para responder. También serán nulas las cláusulas que impidan hablar del propio salario.
Por último, se refuerza la protección frente a represalias por reclamar derechos laborales y se endurece el régimen sancionador. La falta de información sobre las condiciones esenciales del contrato pasará a ser infracción grave, mientras que determinadas represalias empresariales podrán constituir infracciones muy graves.
Dos reformas que obligarán a las empresas a revisar tanto sus referencias salariales como sus procedimientos de contratación y gestión de personal.











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