EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA RESPONDE AL TRIBUNAL SUPREMO CON UNA NUEVA “CHULERÍA” CONTRA EL JUEGO PRIVADO

Así es el Ayuntamiento de Barcelona. Tan pronto regala millones de euros a una Feria extranjera de Juego, como parece que intenta perjudicar a la Industria Privada de nuestra actividad con medidas tan restrictivas como ilegales. Efectivamente, el Ayuntamiento de Barcelona ha sido reprendido por el Supremo por meterse donde no le llaman, y en lugar de bajar la cabeza y entonar el “mea culpa”, ha huido hacia delante y ha anunciado la suspensión inmediata de nuevas licencias para salones de Juego, bingos y casinos en toda la ciudad.

Esta decisión ha sido su respuesta a la reciente sentencia del Tribunal Supremo que anula varios artículos clave del Plan Especial Urbanístico aprobado en 2021 para regular este tipo de establecimientos. La decisión judicial considera que las restricciones entonces impuestas, como la prohibición de abrir locales de Juego a menos de 800 metros de centros educativos o a menos de 450 metros de otros equipamientos sensibles, carecían de justificación técnica suficiente y vulneraban principios fundamentales como la libertad de establecimiento y el libre mercado, además de extralimitarse en las competencias municipales respecto a la normativa autonómica catalana.

Parece que al Ayuntamiento no le ha debido sentar nada bien esta sentencia, que defiende la validez de los objetivos del plan, y ha asegurado que “introducirá las enmiendas necesarias para su desarrollo con todas las garantías legales”. Según el comunicado del consistorio, “el Ayuntamiento tiene plena legitimidad para regular urbanísticamente las condiciones de implantación de los establecimientos de Juego, pero es necesario que estas regulaciones sean cuidadosamente justificadas, proporcionadas y respetuosas con la normativa sectorial autonómica vigente”.

La suspensión tendrá una vigencia de un año, prorrogable por otro más. “A partir de ahora se inicia la redacción de un nuevo planeamiento urbanístico que dé plenas garantías jurídicas a los objetivos de la ciudad”, ha afirmado el Gobierno municipal.