La Gambling Policy Commission analizará si la ley vigente sigue respondiendo a los cambios tecnológicos y a la evolución del mercado

Una nueva Comisión de Juego abre la puerta a una nueva Ley del Juego en Reino Unido

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Reino Unido vuelve a poner sobre la mesa una posible reforma integral de su legislación del Juego. La recién creada Gambling Policy Commission (GPC) ha abierto una revisión independiente de la Gambling Act de 2005 para estudiar si sigue respondiendo a la realidad actual del mercado o si ha llegado el momento de preparar una nueva ley.

La Comisión, presidida por el profesor de Economía de la Universidad de Cambridge Jagjit Chadha, quiere analizar cómo han cambiado el Juego y los hábitos de los consumidores en estas dos décadas. La expansión del mercado online, la inteligencia artificial, las criptomonedas y la aparición de nuevos productos, como los mercados de predicción, han puesto sobre la mesa cuestiones que la legislación vigente no contemplaba cuando fue aprobada.

Pero la revisión no se limitará a los nuevos productos. La GPC también quiere estudiar el efecto de las últimas reformas regulatorias, incluidas las medidas recogidas en el Libro Blanco del Juego de 2023, y comprobar si han conseguido los resultados esperados, si están suficientemente respaldadas por evidencias y si resultan proporcionadas. Cabe recordar que buena parte de aquellas medidas todavía se encuentra en fase de aplicación.

La fiscalidad tendrá un papel destacado en el análisis. La Comisión examinará cómo están afectando los cambios impositivos a las empresas y a los consumidores, así como su relación con otras medidas regulatorias, entre ellas la tasa obligatoria destinada a financiar investigación, prevención y tratamiento de los problemas relacionados con el Juego. También tendrá en cuenta el peso económico de la actividad: según las cifras recogidas en la información sobre la iniciativa, el sector aportó 5.000 millones de libras al valor añadido bruto británico en 2024 y sostuvo alrededor de 75.000 empleos en 2025.

Otro de los asuntos que estarán bajo la lupa será el Juego ilegal. La GPC pretende estudiar su dimensión real, las razones por las que algunos consumidores recurren a operadores sin licencia y la eficacia de las medidas para combatir esta actividad, desde el bloqueo de pagos y páginas web hasta la actuación de buscadores, redes sociales y tiendas de aplicaciones.

La Comisión también abordará la relación entre las apuestas y el deporte, con especial atención a las carreras de caballos británicas y a su modelo de financiación. Entre las cuestiones que quiere estudiar figura la posibilidad de sustituir parte del actual impuesto sobre las apuestas por una tasa específica para el deporte. Un debate especialmente relevante para las carreras, cuya financiación mantiene una estrecha vinculación económica con el sector de las apuestas.

La revisión abre además una cuestión de fondo: hasta qué punto debe mantenerse el actual modelo de licencias comerciales para determinadas modalidades de Juego online o si deberían estudiarse fórmulas alternativas, incluida una oferta pública más restringida. También se analizará la coordinación entre los distintos departamentos del Gobierno y la eficacia de las medidas destinadas a reducir los riesgos asociados al Juego.

La GPC ha sido observada bajo sospecha por el propio Sector, pues se presenta como una comisión independiente del Gobierno, los partidos políticos, los reguladores y de la propia Industria. Además, su composición no cuenta con representantes directos de operadores del Juego, pese a que sus conclusiones podrían afectar de lleno a su actividad. Entre sus integrantes figuran académicos, economistas, especialistas en políticas públicas, profesionales del ámbito jurídico y representantes del deporte.

La iniciativa está financiada inicialmente por Derek Webb, conocido por su activismo a favor de reformas en el Juego y fundador de organizaciones como Gambling with Lives y Campaign to End Gambling Advertising. Un dato que también forma parte del contexto en el que nace esta nueva Comisión y que hace especialmente importante conocer qué voces y qué evidencias acabarán teniendo mayor peso en sus conclusiones.

La GPC ya ha abierto una convocatoria para recibir aportaciones de investigadores, consumidores, empresas, reguladores y responsables políticos. El plazo para presentar documentación termina el 12 de febrero de 2027. Tras recopilar las pruebas y desarrollar sus investigaciones durante el próximo año, la Comisión prevé publicar su informe final en 2028.

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