Cuando apenas han pasado seis meses desde que se aprobara la reforma del Juego
Castilla y León vuelve a la casilla de salida
AZARplus
Suma y sigue… Tan solo seis meses después de la última modificación de la Ley del Juego en Castilla y León, las Cortes han aprobado una Proposición No de Ley del Grupo Socialista que insta a la Junta a realizar una nueva reforma.
Esta propuesta pretende ampliar las restricciones impuestas en marzo de 2024, aumentando la distancia entre los locales de Juego y los centros educativos a 500 metros, y prohibiendo que estos establecimientos se sitúen a menos de 1000 metros entre sí. Una medida absolutamente desproporcionada, cuando apenas habían logrado salir adelante con la nueva Ley.
Lo más surrealista de todo, es que la PNL ha salido adelante gracias a la abstención de Vox, que formó parte del gobierno que aprobó la reforma inicial, y que en este caso no ha querido mojarse, con lo que les gusta a ellos tirarse a la piscina… Susana Suarez ha comentado que “las medidas podrían haber sido más ambiciosas“, aunque ha dudado sobre la urgencia de revisar nuevamente la ley. Esta postura ha dejado al PP como el único grupo en votar en contra de la propuesta socialista.
El Partido Socialista justifica la iniciativa basándose en la falacia de que la normativa actual “ha favorecido la proliferación en barrios con menor renta per cápita“, según la procuradora Yolanda Sacristán. Además, denuncian que las reformas aprobadas en marzo no son suficientes. Sorprende enormemente esa afirmación cuando ni siquiera se ha dado tiempo suficiente para evaluar los resultados de la vigente reforma.
El procurador popular Francisco Javier Carpio ha criticado la premura con la que el PSOE ha traído esta propuesta de nuevo al pleno, calificándola de oportunista. Carpio ha defendido la reforma de marzo como “moderna e integradora“. El Partido Popular sostiene que la ley aprobada ha sido diseñada para proteger tanto a los ciudadanos como para proporcionar estabilidad a un sector que genera empleo y actividad económica en la región. Según Carpio, “el problema quizás no esté en la ley autonómica sino en la nacional“, en referencia a las normativas que regulan el Juego a nivel estatal, dentro del cual se sitúa el Juego público. “Mientras un Salón de Juego tiene que estar a 150 metros de un centro de educación reglada, un vendedor de la ONCE se puede poner a 10 metros de un colegio”, ha destacado.
Lo cierto es que, tras solo seis meses de la implementación de la última reforma, no se ha presentado ningún estudio riguroso que avale la necesidad de imponer nuevas restricciones, ni se ha ofrecido un análisis claro sobre el impacto económico y social de la normativa actual. De hecho, una de las principales medidas que propone el PSOE, ampliar las distancias a 500 metros entre las casas de apuestas y los centros escolares, carece de base sólida que justifique su efectividad.
La PNL presentada por el PSOE refleja su clara intención de introducir medidas más restrictivas en la ley, argumentando que la actual “no protege adecuadamente a los colectivos vulnerables”. Además, reclaman que se prohíba la instalación de locales de Juego en áreas residenciales y se limiten las autorizaciones para nuevas aperturas cerca de centros educativos y deportivos. Volvemos a la casilla de salida, señoras y señores…
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