El Tribunal Superior de Justicia de Canarias respalda al Ayuntamiento de Las Palmas y rechaza el recurso de Punto Zero Centros de Ocio

El TSJ de Canarias da otra vuelta de tuerca a las restricciones al Juego y avala vetar salones junto a colegios que todavía ni existen

AZARplus

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha avalado que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pueda impedir la instalación de establecimientos de Juego junto a parcelas reservadas para futuros colegios, aunque todavía no se haya colocado ni un ladrillo. Una interpretación que amplía considerablemente el alcance de las limitaciones a las que se enfrenta el Sector y que deja poco margen para discutir la decisión municipal.

La sentencia desestima el recurso de apelación de Punto Zero Centros de Ocio SAU contra el Consistorio, que había declarado incompatible la ubicación de un establecimiento proyectado en un entorno con tres centros educativos dentro del radio de 300 metros previsto en la normativa canaria. Pero había algo más: una de las parcelas incluidas en el entorno estaba calificada para uso educativo, pese a que el futuro centro todavía no se había construido.

Y aquí está precisamente la cuestión más llamativa del fallo. El tribunal considera perfectamente legítimo que el Plan General extienda esa protección a los terrenos destinados a colegios que aún no existen. Es decir, la limitación no necesita esperar a que haya un edificio, alumnos o actividad educativa. Basta con que el suelo tenga asignado ese uso sobre el papel.

Punto Zero cuestionó que el Ayuntamiento se estuviera atribuyendo competencias que corresponden al Gobierno de Canarias en materia de Juego. Sin embargo, los magistrados distinguen entre regular la actividad y decidir dónde puede instalarse. La primera competencia es autonómica; la segunda, según el tribunal, también puede quedar condicionada por el planeamiento urbanístico municipal.

La Sala entiende que el Consistorio no estaba prohibiendo la actividad de Juego, sino emitiendo un informe desfavorable sobre la compatibilidad urbanística del emplazamiento. Una distinción jurídica que permite mantener en pie la restricción sin considerarla una invasión de competencias autonómicas.

Tampoco prosperó el argumento de la empresa sobre la aplicación de normativa posterior a la presentación de su declaración responsable. El TSJC afirma que este documento permite iniciar una actividad, pero no garantiza que sus condiciones normativas vayan a permanecer inalterables ni libera de cumplir los requisitos exigibles.

El resultado es una sentencia que vuelve a dar cobertura a las restricciones municipales sobre los emplazamientos del Juego y que, en este caso, lleva la protección urbanística un paso más allá. Un paso que, sin duda, parece incomprensible.

La resolución desestima íntegramente el recurso de Punto Zero Centros de Ocio y le impone las costas de la segunda instancia, con un máximo de 2.000 euros. La empresa dispone de treinta días desde la notificación para preparar un posible recurso de casación.

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