Mikel Arana defiende el endurecimiento regulatorio y cuestiona la autorregulación del Juego online

La intervención de Mikel Arana, director general de la DGOJ, durante la apertura de la conferencia Gaming in Spain, ha estado marcada por la defensa de las medidas regulatorias impulsadas en los últimos años, el anuncio de nuevos avances normativos y la presentación de las principales conclusiones de la evaluación del Real Decreto sobre comunicaciones comerciales. Arana ha defendido que la evolución del mercado justifica mantener y reforzar la intervención pública, al tiempo que ha cuestionado la capacidad de la industria para autorregularse cuando sus intereses comerciales entran en conflicto con los objetivos de protección de los jugadores.

Arana ha comenzado repasando el estado de los proyectos normativos de la DGOJ y ha explicado que el adelanto electoral obligó a modificar los plazos inicialmente previstos y a acelerar la tramitación de varias iniciativas. Según ha detallado, tres desarrollos regulatorios ya se han aprobado y publicado oficialmente, un cuarto se encuentra en la fase final de tramitación y la reforma de la Ley del Juego continúa avanzando como el proyecto más ambicioso de su agenda.

Uno de los asuntos a los que ha dedicado más atención ha sido el sistema conjunto de límites de depósito. Arana ha advertido de que el sistema estará plenamente operativo en los próximos seis meses y ha expresado su sorpresa por la falta de adhesión generalizada de los operadores. “El tiempo disponible para completar las adaptaciones técnicas necesarias es cada vez menor“, ha señalado, antes de recomendar que no se retrase innecesariamente la implementación de una herramienta que, por su complejidad, exige preparación técnica.

El director general ha explicado que el mecanismo pretende impedir que determinados usuarios eludan los límites de depósito mediante el uso simultáneo de cuentas en distintos operadores. No obstante, ha matizado que el impacto sobre la mayoría de los participantes será limitado: según los datos expuestos en su discurso, más del 60% de los jugadores opera exclusivamente con una cuenta. Además, ha indicado que quienes decidan modificar sus límites o eliminarlos por completo podrán hacerlo sin impedimentos.

El acceso al sistema se articulará mediante un portal del jugador que la DGOJ pondrá a disposición de la ciudadanía en las próximas semanas. La herramienta formará parte de la infraestructura necesaria para aplicar los límites conjuntos y permitirá a los usuarios acceder al sistema.

Arana también ha hablado sobre los controvertidos carteles “antijuego”. Aunque la normativa contempla periodos transitorios para facilitar su implantación, ha pedido a los operadores que no los traten como una simple formalidad. “Estos mensajes no deben entenderse como un mero trámite ni como una obligación meramente formal“, ha afirmado. A su juicio, deben cumplir una función real de información y protección al consumidor, por lo que han de resultar claramente visibles en las páginas web y los canales digitales de las empresas.

Otro de los cambios regulatorios que ha destacado es la obligación de que los medios de pago utilizados por los jugadores sean de la misma titularidad que la persona registrada como titular de la cuenta de Juego. Aunque ha reconocido que la medida no surgió directamente de una iniciativa de la DGOJ, ha subrayado que el organismo llevaba años defendiendo su incorporación. Arana ha vinculado esta exigencia con la prevención del fraude, la lucha contra la suplantación de identidad y la protección de los datos personales.

En este punto, ha cuestionado la oposición que, según ha señalado, mostró parte de la industria a una obligación que considera sencilla en su formulación y relevante para la seguridad del sistema. Con su entrada en vigor, los operadores disponen de seis meses para verificar que los medios de pago cumplen el requisito.

La DGOJ ultima el mecanismo de detección de conductas de riesgo

Entre las iniciativas pendientes, Arana ha destacado la resolución que establecerá un mecanismo de detección de conductas de riesgo. El proyecto ha vuelto a someterse a audiencia pública después de que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) emitiera un informe que ha llevado a introducir modificaciones.

El director general ha explicado que la nueva versión simplifica el mecanismo mediante la reducción y redefinición de sus variables, sin comprometer su eficacia. También incorpora una evaluación de impacto común para reforzar la claridad y la seguridad jurídica de las obligaciones relacionadas con la protección de datos y facilitar una aplicación homogénea entre los operadores.

Sin embargo, el planteamiento de fondo permanece intacto. Arana ha defendido la necesidad de disponer de un sistema objetivo y uniforme para identificar de manera temprana patrones potencialmente problemáticos. Para justificarlo, ha lanzado una crítica directa a las iniciativas voluntarias desarrolladas por las empresas: “La experiencia acumulada hasta la fecha demuestra que los mecanismos voluntarios desarrollados por la industria no han dado resultados ni mínimamente aceptables“.

Una vez concluya el procedimiento de audiencia, el texto volverá a notificarse a la Comisión Europea y continuará su tramitación hasta su aprobación definitiva y publicación oficial.

La reforma de la Ley del Juego y la polémica con Jdigital

El siguiente asunto ha sido la reforma de la Ley de regulación del Juego, que Arana considera el proyecto de mayor alcance de la agenda de la DGOJ. El director general ha reconocido que no esperaba que la iniciativa recibiera la aprobación definitiva durante la legislatura actual, pero ha reafirmado el compromiso del organismo de presentar una propuesta antes de que termine ese periodo.

En este contexto se ha producido una de las declaraciones más llamativas de su intervención. Arana ha asegurado sentirse sorprendido por la decisión de Jdigital de no participar activamente en las fases iniciales de elaboración de la iniciativa legislativa. Según ha argumentado, las primeras etapas de redacción son especialmente relevantes porque permiten a los distintos actores plantear alternativas y contribuir a mejorar el contenido de la norma cuando todavía existe margen para introducir cambios.

“Es una realidad ampliamente conocida que la capacidad de influencia de los diferentes actores es especialmente relevante durante las fases preliminares de redacción de una norma“, ha señalado. A continuación, ha añadido que la DGOJ respeta las decisiones de las organizaciones, “incluso cuando ello suponga el incumplimiento de los acuerdos alcanzados con la DGOJ“.

Estas desafortunadas y sorpresivas palabras han sorprendido mucho a Jorge Hinojosa y a Jdigital, que han estado ayudando con el proyecto desde el minuto cero. La referencia del director general a una supuesta falta de participación inicial contrasta, por tanto, con la colaboración que la patronal asegura haber mantenido desde el comienzo de los trabajos.

Arana ha insistido en que la DGOJ quiere dejar preparada una propuesta de reforma para que sirva de punto de partida a quienes deban continuar desarrollando la política pública del Juego en la siguiente etapa. Ha justificado ese compromiso tanto por la necesidad de cumplir los objetivos adquiridos como por las conclusiones de la evaluación del Real Decreto de comunicaciones comerciales.

La evaluación del Real Decreto 958/2020, eje central del discurso

La parte más extensa de la intervención ha estado dedicada al informe de evaluación del impacto del Real Decreto sobre las comunicaciones comerciales del Juego, cuya presentación pública está prevista para las próximas semanas.

Arana ha recordado que la industria ha reclamado reiteradamente que se evaluaran las normas antes de seguir avanzando con nuevas restricciones. Ha reconocido que la evaluación constituye una parte fundamental de la gestión pública, aunque ha defendido que necesita tiempo para realizarse con rigor. En este sentido, ha elogiado el trabajo de los equipos de la DGOJ y ha descrito el documento como un informe de “enorme rigor, profundidad y precisión técnica“.

El responsable del organismo ha situado el objetivo original del real decreto en la creación de un marco homogéneo y actualizado para la publicidad del Juego y en la reducción de su exposición general y de su normalización social, especialmente entre los jóvenes y las personas que ya habían mostrado interés por esta actividad.

Una de las principales conclusiones que ha expuesto es que la actividad comercial no desapareció, sino que cambió de canal. Las limitaciones horarias en radio y televisión, las restricciones a los patrocinios deportivos y la prohibición de utilizar personajes famosos redujeron la presencia de las marcas en los grandes espacios audiovisuales y deportivos. Sin embargo, la inversión se desplazó progresivamente hacia buscadores, redes sociales y otros servicios digitales. Según las cifras presentadas por Arana, estos canales representaban en 2025 cerca del 80% de la inversión publicitaria registrada en los medios.

También ha destacado la evolución de la afiliación, que ha pasado de ser una herramienta fundamentalmente vinculada a la captación a desempeñar un papel más amplio en la fidelización, la reactivación y la monetización de los clientes. En paralelo, los bonos de bienvenida perdieron protagonismo y las estrategias promocionales se orientaron hacia la retención de los usuarios existentes.

Esta transformación, según ha explicado, permite entender por qué la disminución de los nuevos registros no se tradujo en una reducción equivalente de los jugadores activos. Los operadores reforzaron las estrategias dirigidas a mantener la actividad de sus clientes y a recuperar a quienes habían dejado de jugar.

El escenario cambió tras la sentencia del Tribunal Supremo de 2024, que anuló parcialmente el régimen de comunicaciones comerciales. Arana ha señalado que, a partir de entonces, reaparecieron los bonos de bienvenida, se redujo el tiempo necesario para acceder a determinados incentivos y aumentó de forma significativa la publicidad digital.

El informe también refleja cambios en la composición del mercado. Los jugadores de entre 18 y 25 años aumentaron su peso tanto entre los nuevos registros como en el conjunto de usuarios activos. Por su parte, el gasto medio más elevado continuó concentrándose en el grupo de entre 36 y 55 años.

En cuanto a la concentración del gasto, Arana ha señalado que una proporción reducida de cuentas concentra la mayor parte de las pérdidas y aporta una parte muy significativa del ingreso bruto del Juego. Según el director general, este fenómeno plantea interrogantes sobre un modelo comercial que puede depender de forma creciente de los usuarios que juegan con mayor intensidad.

El director general también ha aludido a los intentos de acceso de menores al mercado regulado, al crecimiento sostenido de las nuevas inscripciones en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego y a la supuesta relación cada vez más estrecha entre determinados indicadores de riesgo y los niveles de gasto. Asimismo, ha señalado la creciente importancia de las comunidades digitales especializadas, las herramientas de automatización y los comportamientos coordinados entre usuarios.

En cuanto al Juego ilegal, Arana ha presentado una evolución que considera especialmente relevante para valorar los efectos de la regulación. Según los datos expuestos, los depósitos vinculados al mercado ilegal, identificados mediante tarjetas y criptoactivos, se han mantenido históricamente por debajo del 3,5% del total. Tras la entrada en vigor del Real Decreto 958/2020, su cuota relativa descendió y permaneció durante varios semestres por debajo del 2,3%. Sin embargo, desde el segundo semestre de 2024, coincidiendo con la sentencia del Supremo, la estimación de la actividad ilegal aumentó de forma significativa y prácticamente duplicó los valores registrados entre 2021 y 2023.

Arana ha resumido la relación que establece la DGOJ entre publicidad y mercado no autorizado con una afirmación contundente: “A mayor publicidad, mayor Juego ilegal“. Una afirmación que choca diametralmente con las afirmaciones que se sostuvieron durante la conferencia, donde se mostró que cuanto menor sea la publicidad, menos informados estarán los jugadores, que serán llevados por esa razón a plataformas ilegales, que sí ofrecen publicidad continua.

Arana defiende que los datos justifican mantener la intervención pública

A partir de los resultados del informe, el director general ha articulado cinco conclusiones que sostienen su defensa de una regulación más estricta.

La primera es que las herramientas comerciales reaparecen cuando desaparecen las restricciones que limitaban su utilización. Arana ha recurrido a la evolución de la inversión en marketing para respaldar este argumento: de 440 millones de euros en 2020 se pasó a 660 millones en 2025. A su juicio, la recuperación de las promociones demuestra que estas herramientas siguen teniendo un elevado atractivo económico para los operadores.

El responsable de la DGOJ ha cuestionado, en este punto, la capacidad de la autorregulación para imponerse a los incentivos comerciales. “Cuando la rentabilidad entra en conflicto con la prudencia comercial, la autorregulación cede ante el incentivo económico“, ha afirmado.

La segunda conclusión es que el modelo de negocio puede crecer sin que aumente en la misma proporción el número de jugadores. Según Arana, la reducción de las impresiones publicitarias no provocó una caída equivalente de los ingresos porque las empresas adaptaron sus estrategias hacia la segmentación, la fidelización y la reactivación.

En su intervención ha mencionado prácticas como aumentar la frecuencia de Juego, prolongar los periodos de actividad, incentivar depósitos más elevados y recuperar usuarios inactivos. Aunque ha reconocido que estas estrategias pueden responder a una lógica económica empresarial, ha advertido de sus implicaciones regulatorias cuando se dirigen a los participantes más intensivos.

El director general ha defendido que el Real Decreto de entornos de Juego más seguros y el sistema conjunto de límites de depósito constituyen respuestas preventivas para tratar de conciliar las estrategias comerciales con la protección de los participantes. En su opinión, cuanto mayor sea la dependencia de los operadores respecto de los jugadores más intensivos, más difícil será separar la fidelización legítima de las prácticas que pueden estimular en exceso la actividad.

La tercera conclusión vuelve sobre la concentración de las pérdidas y los ingresos. Arana ha insistido en que la aportación económica de los jugadores no se distribuye de manera uniforme y ha advertido de que una mayor dependencia de los participantes más intensivos puede acentuar el conflicto entre los objetivos comerciales y los de protección.

La cuarta se refiere a la sentencia del Tribunal Supremo como una especie de experimento natural para observar los efectos de las restricciones. Arana ha destacado la rápida recuperación de las herramientas promocionales después de la anulación parcial de las medidas.

Por último, ha situado a los jóvenes y a los colectivos vulnerables en el centro de la justificación de las políticas preventivas. Ha rechazado que el enfoque regulatorio deba interpretarse como una visión paternalista sobre la capacidad de los jóvenes para tomar decisiones libres. Su argumento es que determinados estímulos publicitarios pueden resultar especialmente eficaces entre quienes se encuentran en las primeras etapas de acceso al mercado y que esa circunstancia justifica la intervención preventiva.

La conclusión general de Arana es que el mercado regulado ha seguido creciendo y los operadores han mantenido su rentabilidad, incluso durante el periodo en el que determinadas herramientas de captación estaban restringidas. Sin embargo, tras la anulación parcial de esas medidas, la respuesta comercial fue inmediata, con una recuperación de la publicidad, las promociones y las altas.

Con este planteamiento, el director general ha querido trasladar al sector una cuestión que considera central para el futuro de la regulación. “La verdadera pregunta es si resulta aceptable que el crecimiento futuro del sector dependa de una intensificación permanente de la captación y del gasto, especialmente entre los grupos más sensibles“, ha planteado al cierre de su intervención.

Arana ha concluido asegurando que la DGOJ ya tiene una respuesta a esa pregunta y trasladándosela a los asistentes. Su discurso ha dejado patente la orientación del organismo respecto al Juego, con “pullita” incomprensible hacia Jdigital incluida. Tocará ahora comprobar en las urnas si el organismo se mantiene de cara a la próxima legislatura, o el Sector conoce nuevo compañero de baile subidos ya a este escenario.