El despacho realiza un completo análisis sobre la situación actual de la reforma del Juego tras el anuncio de las elecciones y recomienda mantener los planes de cumplimiento normativo
Loyra prevé que la reforma de la Ley del Juego no llegue al Congreso hasta bien entrado 2027
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El adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez abre un periodo de incertidumbre sobre el futuro de la reforma de la Ley del Juego, aunque no modifica, por el momento, las obligaciones regulatorias ya aprobadas para los Operadores de Juego online. Así lo afirma Loyra Abogados en un nuevo y detallado análisis sobre la actual situación del Sector tras el anuncio de las elecciones, en la que analiza las consecuencias de la disolución de las Cortes Generales y distingue entre las medidas que mantienen su calendario y aquellas cuyo desarrollo dependerá del próximo Gobierno.
El despacho parte de una consideración fundamental: “El impacto de la disolución sobre las obligaciones ya aprobadas es limitado” y, a su juicio, “no es previsible que cambie la orientación marcada por la DGOJ”. La principal incógnita se encuentra en la reforma de la Ley del Juego, cuyo avance dependerá de la agenda legislativa del Ejecutivo que salga de las urnas.
Uno de los asuntos que más directamente afecta a los operadores es el sistema de límites de depósito conjuntos. Loyra aclara que la disolución de las Cortes no afecta al recurso que Jdigital ha anunciado que interpondrá ante el Tribunal Supremo contra esta norma. La asociación considera que el sistema no encaja en el marco legal vigente y que resulta desproporcionado.
El real decreto establece unos límites conjuntos por jugador para el conjunto de Operadores con licencia de 700 euros diarios, 1.750 euros semanales y 3.300 euros por periodos de cuatro semanas. La DGOJ será la encargada de gestionar centralizadamente estos límites, cuya entrada en vigor está prevista para el 25 de marzo de 2027.
En este punto, el despacho introduce una precisión relevante para las empresas del Sector: “La mera interposición del recurso no suspende la aplicación del Real Decreto, salvo que el Tribunal Supremo acuerde medidas cautelares”. Por tanto, mientras no exista una decisión judicial que altere su aplicación, el calendario permanece intacto.
“Al estar ya publicado en el BOE, el calendario de implantación del Real Decreto 520/2026 se mantiene, por ahora, inalterado”, advierte Loyra. Su recomendación es clara: los operadores deben continuar preparando la conexión con el sistema técnico de la DGOJ, sin dar por hecho que la impugnación judicial vaya a paralizar la medida.
La DGOJ mantendría su orientación regulatoria
El análisis aborda también la posibilidad de que las elecciones provoquen un cambio de signo político en el Gobierno y sus consecuencias para la regulación del Juego. Loyra considera poco probable que se produzca una modificación sustancial de las prioridades del organismo regulador.
“Las prioridades del regulador se han mantenido con independencia del Gobierno de turno”, señala Loyra, que distingue entre la continuidad de la orientación general de la regulación y la posibilidad de que un nuevo Ejecutivo introduzca cambios concretos en la legislación.
La conclusión del despacho es que, aunque el próximo Gobierno podría abordar la reforma de la Ley del Juego desde un enfoque diferente, “es poco probable un giro en la orientación general de la regulación del Juego”. Por ello, recomienda a los Operadores que sigan planificando su cumplimiento normativo conforme a la hoja de ruta regulatoria actual, sin supeditar sus decisiones a un eventual cambio de Gobierno.
La reforma de la Ley del Juego queda pendiente hasta la nueva legislatura
Donde Loyra sí aprecia un efecto directo del adelanto electoral es en la reforma de la Ley del Juego. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a través de la DGOJ, sometió la iniciativa a consulta pública previa el 18 de mayo de 2026. Desde entonces, el organismo ha mantenido reuniones con asociaciones sectoriales y otros interesados, pero todavía no se ha publicado ningún anteproyecto de ley.
La iniciativa se encuentra, por tanto, en una fase preliminar. Las aportaciones realizadas durante la consulta pública y el trabajo desarrollado hasta ahora conservan su validez.
Sin embargo, la continuidad de esos trabajos no significa que la reforma pueda avanzar de inmediato. Loyra explica que su remisión a las Cortes deberá esperar al inicio de la nueva legislatura. Además, durante el periodo posterior a las elecciones, el Gobierno pasará a estar en funciones, lo que le impide presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado.
La decisión sobre si se retoma la reforma y cuándo se hace corresponderá, por tanto, al Ejecutivo que resulte de las elecciones. El despacho ofrece una previsión sobre los plazos: “A nuestro juicio, es previsible que no llegue a las Cortes hasta bien entrado 2027”.
Las resoluciones de la DGOJ sí pueden avanzar antes de las elecciones
La disolución parlamentaria no supone, en cambio, una paralización general de la actividad normativa relacionada con el Juego. Loyra diferencia entre las iniciativas que necesitan convertirse en ley y las resoluciones que puede tramitar la propia DGOJ.
Estas últimas no requieren aprobación parlamentaria, por lo que pueden continuar su recorrido durante las próximas semanas. El despacho pone como ejemplo la resolución sobre las especificaciones técnicas de los mensajes obligatorios relativos a los riesgos del Juego.
En consecuencia, no puede descartarse que alguna de las medidas pendientes se publique antes de la celebración de las elecciones del 29 de noviembre.
El despacho concluye que las empresas deben distinguir entre tres escenarios: las obligaciones ya aprobadas, cuyo calendario no cambia por el adelanto electoral; la actividad normativa de la DGOJ, que puede seguir desarrollándose; y la reforma de la Ley del Juego, cuyo futuro queda en manos del próximo Ejecutivo.
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