La moción socialista salió adelante por unanimidad tras incorporar las enmiendas de PP y Vox y plantea rehacer la regulación municipal anulada
Lorca vuelve a la ofensiva contra los Salones de Juego pese al varapalo judicial
AZARplus
El Pleno de Lorca ha aprobado por unanimidad una nueva hoja de ruta para regular su implantación, pero después de que PP y Vox introdujeran enmiendas a la propuesta socialista. El acuerdo pretende rehacer la regulación que el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia tumbó y volver a plantear restricciones de 500 metros respecto a centros educativos, deportivos y sanitarios y de 1.000 metros entre establecimientos.
El Ayuntamiento ya intentó imponer esas distancias y el TSJ anuló aquella regulación al considerar insuficiente su justificación técnica. Ahora Lorca pretende volver a empezar, pero con una memoria justificativa “exhaustiva”, datos objetivos, estudios técnicos, informes de vulnerabilidad específicos del municipio y análisis de modelos alternativos que permitan acreditar la necesidad y proporcionalidad de las medidas.
El Ayuntamiento tendrá que demostrar esta vez, con documentación y no simplemente con declaraciones sobre protección de menores, convivencia o seguridad, por qué necesita imponer unas distancias superiores a las previstas por la regulación autonómica. El anterior intento ya pasó por el juzgado y perdió.
El acuerdo también pide a la Comunidad Autónoma modificar sus reglamentos para establecer en toda la Región un mínimo de 500 metros respecto a centros educativos, deportivos o sanitarios y 1.000 metros entre locales similares. Una pretensión que afecta directamente a la actividad privada del Juego y que, de prosperar, elevaría considerablemente las actuales exigencias territoriales.
Mientras tanto, el propio Ayuntamiento aporta un dato que introduce cierta perspectiva en el discurso de la “proliferación”: según la concejala de Urbanismo, no se conceden licencias para nuevos Salones desde 2018 y todos los establecimientos han sido inspeccionados por su departamento, con dos cierres cautelares por incumplimientos urbanísticos. La Policía Local, además, realiza inspecciones diarias en alrededor de una veintena de locales para comprobar, entre otras cuestiones, el acceso de menores, horarios, consumo de alcohol en el exterior y posibles infracciones.
Así que Lorca vuelve a la casilla de salida. El TSJ ya dejó claro que las distancias no se pueden sacar de la chistera. Ahora toca ver si el Ayuntamiento consigue algo más difícil: demostrar que las que pretende imponer responden a una necesidad real, proporcional y jurídicamente sostenible.
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