LANDALUCE, TRAS REUNIRSE CON LA DGOJ: “EL JUEGO AUTORIZADO, PRIVADO O PÚBLICO, DEBE TENER LAS MISMAS REGULACIONES”

CEJUEGO ha puesto sobre la mesa sus cartas ante la reforma de la Ley del Juego. Con motivo de la reunión mantenida entre la asociación y la DGOJ, hemos hablado con Alejandro Landaluce, director general de CEJUEGO, quien desgrana en Exclusiva, para todos nuestros lectores, las principales propuestas trasladadas por la organización para actualizar la actual Ley del Juego.

La primera sensación tras el encuentro fue positiva, aunque con cautela. Landaluce valora la disposición mostrada por la DGOJ para escuchar las reivindicaciones del Juego privado, pero evita anticipar cuál será su recorrido final. “Hubo buena predisposición para escuchar, lo cual es de agradecer. Que lo vayan a incorporar o no ya es otra cosa y habrá que esperar alrededor de dos meses para salir de dudas”, explica.

Según relata, durante la reunión la DGOJ trasladó que comparte algunas de las cuestiones planteadas por CEJUEGO, mientras que existen otras en las que las posiciones no coinciden. Entre estas últimas se encuentra precisamente uno de los asuntos que la organización considera centrales: la diferencia de tratamiento entre el Juego público y el privado.

Para CEJUEGO, la apertura del proceso de reforma debería servir para ir mucho más allá de modificaciones puntuales. La asociación considera que ha llegado el momento de revisar el conjunto de la norma y adaptarla al mercado actual.

“Consideramos que una vez se abre la reforma de la ley hay que aprovechar y plantearse una reforma íntegra de la misma, que lleva vigente desde el 2011, actualizándola para adecuarla a la situación actual del mercado y de la sociedad”, señala Landaluce.

Uno de los primeros asuntos que reclama abordar es el reparto competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Para el director general de CEJUEGO, la actual redacción genera suficiente ambigüedad como para que cuestiones competenciales terminen dirimiéndose en los tribunales.

“No es lógico que se tenga que estar yendo a los tribunales para que aclaren quién tiene o no competencia sobre cada Juego”, sostiene, señalando que la situación llega al extremo de que existan “dos informes contradictorios de la Abogacía del Estado”.

La reforma debería servir, por tanto, para delimitar con mayor claridad las competencias y evitar una situación que, a juicio de CEJUEGO, genera inseguridad jurídica para el propio Sector.

Mismas reglas para el Juego público y el privado

Pero si hay una cuestión que atraviesa buena parte de las reivindicaciones trasladadas por CEJUEGO es la necesidad de establecer reglas equivalentes para todo el Juego autorizado, con independencia de quién lo opere.

Landaluce lo resume de forma tajante: “El Juego autorizado, privado o público, debe tener las mismas regulaciones, el mismo tratamiento por parte de la administración. Así de simple”.

La organización considera que esta igualdad debería extenderse a ámbitos como la publicidad y promoción, la protección de los consumidores y la protección de los colectivos vulnerables. En este contexto, CEJUEGO también reclama revisar el propio concepto de Juego reservado, al entender que la realidad del mercado ha cambiado desde que se aprobó la Ley.

“El mensaje es claro: si SELAE o la ONCE comercializan juegos similares a los operadores privados deberán cumplir las mismas normas”, afirma Landaluce.

La posición de CEJUEGO parte además de una diferenciación clara entre la oferta autorizada y la ilegal. La primera, sostiene, debe contar con un marco regulatorio homogéneo, mientras que la segunda debe ser perseguida por las administraciones competentes.

“El Juego no autorizado debe ser eliminado y esa responsabilidad es de la administración competente en cada caso”, apunta.

Y reivindica el papel que, a su juicio, debe desempeñar el operador legal dentro del propio sistema regulado: “El Juego autorizado es aliado natural tanto de la administración como de la sociedad para desarrollar la actividad legal del Juego con dinero con todas las premisas que tanto una como otra impongan”.

Precisamente la relación entre regulación y oferta de Juego ilegal fue uno de los puntos en los que CEJUEGO puso mayor énfasis durante el encuentro con la DGOJ.

Landaluce asegura que esta cuestión encontró, al menos inicialmente, una respuesta favorable por parte del regulador. La preocupación de CEJUEGO es que nuevas restricciones sobre los operadores autorizados terminen generando el efecto contrario al perseguido.

“Cuanta más restricciones pongan al Juego autorizado más potencian el Juego ilegal”, advierte. La asociación considera que cualquier reforma debe contemplar conjuntamente la protección del usuario, la actividad empresarial y la lucha contra el Juego ilegal, evitando que el endurecimiento de las condiciones para el mercado regulado termine ampliando mercado para el Juego ilegal. En esta misma línea se sitúa otra de las propuestas planteadas por CEJUEGO: el refuerzo de la protección del usuario mediante datos biométricos.

Landaluce también aborda una cuestión menos jurídica, pero que considera determinante a la hora de explicar la evolución regulatoria del Sector: la percepción social del Juego y el modo en que esa percepción acaba trasladándose a las normas.

“Nos hemos acostumbrado a este tipo de slogans sobre el Juego que en otros sectores serían muy extraños y difíciles de aceptar”, afirma.

Landaluce pone como ejemplo la mesa debate celebrada en el pasado expo congreso de Torremolinos, en la que “muchos de los ponentes reguladores autonómicos, con buena fe, decían que éramos un sector normal, y eso ya te está señalando como poco normal, o que “sus normativas defendían la protección de los menores y de los colectivos vulnerables pero también la libertad empresarial y la seguridad jurídica”, pero lo decían siempre en este orden lo cual no deja de ser algo “sospechoso” por sí mismo”. Landaluce cuestiona esto preguntándose si nos imaginamos a un regulador del sector del automóvil que diga en un congreso que son una actividad normal, o que hacen regulaciones para la defensa de los menores, cuando conducir está prohibido para los menores de 18 años. “Seguro que hacen regulaciones para ello, poner multas y demás, pero no es de lo primero que hablan. Ese estigma luego nos cuesta mucho superarlo para tener unas normativas NORMALES”.

“Estamos siempre anteponiendo la externalidad negativa del sector del Juego a la inmensa mayoría que disfruta con esta actividad y por supuesto influye en que cada vez tengamos una regulación más restrictiva”, sostiene.

Proteger al jugador sin limitar la libertad empresarial

La búsqueda del equilibrio regulatorio fue otro de los asuntos presentes en la reunión. La DGOJ ha planteado la necesidad de avanzar hacia una regulación adaptada a la realidad actual, y CEJUEGO considera esencial que la protección del jugador no se convierta automáticamente en una sucesión de nuevas limitaciones para las empresas autorizadas.

Uno de los puntos abordados fue “buscar ese equilibrio entre proteger al jugador sin limitar el derecho constitucional de la libertad empresarial”. La cuestión adquiere especial relevancia para CEJUEGO después de los últimos años de intensa actividad normativa, en los que el Sector ha tenido que adaptarse a numerosas modificaciones y nuevas exigencias. La organización quiere que la próxima reforma no se limite, por tanto, a añadir nuevas obligaciones, sino que sirva para construir un marco estable, coherente y actualizado.

Una reforma que no llegará al Parlamento en esta legislatura

Pese a la importancia de las cuestiones planteadas, Landaluce introduce un elemento determinante. Según explica, la propia DGOJ trasladó a CEJUEGO que no habrá tiempo para que la Ley sea modificada durante la actual legislatura.

La intención sería que el Gobierno deje preparado un texto aprobado por el Ejecutivo, pero sin completar el posterior trámite parlamentario.

“Su intención es la de dejar un texto aprobado por el Gobierno, pero sin pasar el trámite parlamentario, es decir, algo parecido a un ‘legado’ para los próximos que vengan”, señala.

Para CEJUEGO, esta circunstancia no resta importancia al proceso. Al contrario, la organización pretende aprovechar estos meses para intentar influir en la configuración del futuro texto y, posteriormente, trasladar sus planteamientos a las distintas fuerzas políticas.

“Aunque esto sea así, nosotros intentaremos que ese texto sea lo más coherente posible y aprovecharemos la circunstancia para comentarlo con los partidos políticos y demás decisores de cara a una futura legislatura”, concluye Landaluce.

El mensaje de CEJUEGO queda así definido: si se va a reabrir la Ley del Juego, debe aprovecharse para actualizarla de forma integral, aclarar las competencias, equiparar el tratamiento del Juego público y privado, reforzar la protección del usuario y, al mismo tiempo, evitar que la regulación del mercado autorizado genere más espacio para la oferta clandestina.