Jesús Serrano alerta de una “encrucijada crítica” para el Juego privado por el trato desigual frente a la ONCE y SELAE

Jesús Serrano Escudero, presidente de la Asociación de Empresarios de Juego de Castilla-La Mancha, lanzó una advertencia sobre la situación del Juego presencial privado durante la primera mesa de debate del XIX Congreso de Juego de Castilla y León, celebrado en Soria. Serrano no opinaba de la misma manera que Carlos Duelo, quien defendió la evolución del sector sin necesidad de una reconversión traumática, señalando: “Lamento discrepar con Carlos, pero desde mi punto de vista sí nos encontramos en una situación de encrucijada crítica“.

Su preocupación se centró en dos cuestiones que, a su juicio, ponen en riesgo el equilibrio competitivo: las consecuencias de las sentencias del Tribunal Supremo de abril de 2026 sobre los terminales de la ONCE instalados en establecimientos de hostelería y la supresión prevista de los medios de pago bancarios y electrónicos en los locales de Juego de Castilla y León.

Serrano cuestionó la interpretación del Tribunal Supremo en relación con el conflicto surgido en Asturias por la instalación de terminales físicos de Juego de la ONCE en bares. Según explicó, las sentencias avalan un régimen diferenciado para la ONCE y SELAE, al considerar que las comunidades autónomas carecen de competencias para exigirles autorizaciones autonómicas sobre estos juegos y terminales, así como para ejercer facultades de intervención e inspección sobre ellos.

El empresario señaló que esta interpretación se apoya en la Ley de Regulación del Juego, particularmente en sus artículos y disposiciones adicionales relativos a la reserva estatal. A su juicio, el resultado es un marco desigual para las empresas privadas, sometidas a las autorizaciones y controles autonómicos mientras determinados productos y terminales estatales quedan fuera de ese régimen.

Ante esta situación, planteó cuatro posibles vías de actuación.

La primera pasa por revisar el alcance de las exenciones legales y las condiciones de uso de los terminales. Serrano aludió al criterio de la Abogacía del Estado de 2017 y al acuerdo entre la ONCE y el Estado, cuyo artículo 4 establece, según expuso, que los terminales tecnológicos instalados en puntos de venta externos son herramientas de trabajo de uso exclusivo del vendedor y no deben ser utilizados directamente por el consumidor.

En este contexto, cuestionó el funcionamiento de determinados productos de premio instantáneo, como los Rascas, y pidió examinar si las formas de interacción con los terminales respetan las condiciones previstas. A su juicio, si se permite al consumidor utilizarlos directamente al margen de esas condiciones, podría producirse una situación equiparable a la explotación de una máquina de azar sin el correspondiente control.

Como segunda vía, propuso impulsar una reforma consensuada de la Ley del Juego que delimite claramente las competencias autonómicas sobre los locales y la implantación territorial de estos terminales. Recordó que Castilla y León trató de someterlos a autorización mediante el artículo 12 de su normativa, aunque esa previsión ha quedado desactivada por la vía judicial.

La tercera opción sería que los gobiernos autonómicos estudiasen plantear un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional. La cuarta consistiría en acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para cuestionar un posible trato discriminatorio y las ventajas competitivas concedidas al Juego público cuando no estén justificadas por razones de protección de la salud o prevención del fraude.

Serrano defendió que estas alternativas no son excluyentes y que resulta necesario encontrar una respuesta que garantice un marco competitivo coherente para todos los operadores.

Moratoria para los medios de pago electrónicos

La segunda cuestión que centró su intervención fue la previsión incluida en la Ley de Acompañamiento de Castilla y León para suprimir los medios de pago bancarios y electrónicos en los establecimientos de Juego, permitiendo únicamente el efectivo hasta el desarrollo reglamentario de la medida. Su entrada en vigor está prevista para el 1 de enero.

“Esta medida distorsiona gravemente el mercado y perjudica la seguridad, la transparencia y la trazabilidad de las empresas privadas“, advirtió.

Serrano puso el foco en la diferencia de trato que, en su opinión, supondría impedir los pagos electrónicos en los establecimientos privados mientras los productos de lotería y de la ONCE pueden adquirirse mediante tarjeta, Bizum o transferencias, además de permitir el cobro electrónico de premios.

Por ello, reclamó una “moratoria inmediata” de la medida y alertó de sus posibles consecuencias para la actividad presencial. “Si las administraciones autonómicas no defienden sus competencias y el equilibrio de mercado, la viabilidad económica del Juego presencial privado estará en serio riesgo“, concluyó.

Durante el debate posterior, Susana Pastor, Directora general de Tributos y Ordenación del Juego de Castilla-La Mancha, intervino para aclarar que el documento suscrito por varias comunidades autónomas con la DGOJ no cuestionaba las competencias estatales ni las sentencias del Supremo. Según precisó, la iniciativa buscaba abrir un espacio de debate sobre la proliferación de terminales por motivos de “protección de menores y colectivos vulnerables“.