González Gago reivindica el peso del Juego privado y apuesta por una regulación actualizada y consensuada en Castilla y León

Luis Miguel González Gago, consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, ha defendido el papel del Juego privado como parte del tejido empresarial de la Comunidad durante la apertura del XIX Congreso del Juego de Castilla y León, que se celebra en Soria. González Gago ha puesto en valor la actividad económica que genera el Sector, su contribución a las arcas regionales y su compromiso con la legalidad, la innovación tecnológica y la responsabilidad social. Al mismo tiempo, ha subrayado la importancia de mantener una regulación clara, estable y adaptada a la evolución de las empresas.

“Reconocemos el valor del Sector empresarial del Juego, que ha demostrado reiteradamente su compromiso con la legalidad, con la innovación tecnológica, con la autorregulación y con la responsabilidad social“, ha afirmado durante su intervención.

González Gago ha aprovechado el encuentro para recordar la dimensión empresarial del Juego privado en Castilla y León. La Comunidad cuenta con más de 450 empresas vinculadas al Sector y cerca de 2.000 puestos de trabajo directos, además de una aportación tributaria que, según las cifras expuestas, ronda los 60 millones de euros anuales.

La red de establecimientos se extiende por las nueve provincias y comprende tres casinos, 16 salas de bingo, 116 salones de Juego y 13 casas de apuestas, además de 73 zonas de apuestas y 70 córners o puntos de apuestas. En cuanto a las máquinas, la Comunidad dispone de 12.195 unidades, de las que 9.571 están instaladas en establecimientos de hostelería.

Unos datos que reflejan la implantación territorial de una actividad que, como ha recordado el consejero, combina su dimensión económica con una regulación específica y un sistema de control administrativo. En este sentido, ha querido trasladar también un reconocimiento expreso a los empresarios, especialmente a autónomos y pequeñas y medianas empresas.

“Todo empresario, y más si es un autónomo o constituye una pyme, merece nuestro máximo respeto, pues arriesga su propia economía y patrimonio para poner en marcha el negocio y todos los días levanta la persiana para abrir sus oficinas o locales“, ha manifestado.

El responsable autonómico ha incidido en que la actividad empresarial no solo genera empleo y riqueza para sus titulares, sino que también contribuye al crecimiento económico y responde a una demanda social tan importante como es el Ocio y el entretenimiento.

Como bien ha matizado el consejero, la Junta de Castilla y León mantiene dos grandes líneas de actuación en materia de Juego privado: ofrecer seguridad jurídica a las empresas y garantizar la protección de los usuarios. González Gago ha defendido que ambos objetivos deben avanzar de forma compatible, sin perder de vista la realidad de una actividad económica regulada y sometida a autorización, inspección y control.

“La regulación del Juego requiere, en definitiva, tener en cuenta el interés general y encontrar un equilibrio entre distintos posicionamientos legítimos: el desarrollo de la actividad empresarial, por una parte, y la protección que merecen los usuarios, por otra“, ha explicado.

Ese equilibrio pasa, a su juicio, por contar con normas suficientemente claras y estables, pero capaces de adaptarse a los cambios tecnológicos, económicos y sociales. De ahí la importancia que ha atribuido al diálogo con las asociaciones empresariales y los distintos subsectores, con los que la Administración autonómica lleva meses manteniendo reuniones técnicas para estudiar propuestas y detectar dificultades en la aplicación de la normativa.

“La interlocución con el Sector no sustituye, naturalmente, el análisis jurídico que corresponde a esta administración pública, pero constituye una fuente de información relevante para conocer de primera mano cómo se aplica la normativa, cuáles son las cuestiones que generan mayores dificultades en la práctica y cómo debemos evolucionar“, ha afirmado.

El consejero ha insistido así en la utilidad de escuchar a quienes conocen el funcionamiento diario de las empresas antes de acometer cambios regulatorios. El objetivo, ha explicado, es mejorar la calidad, la coherencia y la aplicación práctica de las normas, tomando también como referencia aquellas experiencias de otras comunidades autónomas que hayan demostrado resultados positivos.

En el ámbito de la protección, González Gago ha recordado que Castilla y León tiene inscritas a 1.146 personas en el registro de prohibidos, lo que representa el 0,052% de la población mayor de edad de la Comunidad.

“La protección de las personas y la prevención de las conductas de riesgo requieren además una actuación coordinada entre distintos ámbitos“, ha señalado, citando la sanidad, la educación, los servicios sociales, la protección de menores y el consumo, entre otras áreas.

En este contexto, ha avanzado que está muy desarrollada la propuesta de la Estrategia para la Prevención y Tratamiento del Juego Patológico de Castilla y León 2027-2030. El documento, contemplado en la Ley del Juego autonómica, pretende coordinar actuaciones de prevención, sensibilización, detección y atención, con la participación de las distintas consejerías, la Federación Regional de Municipios y Provincias, las empresas del Sector, las asociaciones de consumidores y las entidades vinculadas al Juego problemático.

González Gago ha defendido que una iniciativa de estas características debe apoyarse en el conocimiento de las distintas realidades que rodean al Juego presencial y en la experiencia de quienes intervienen directamente en el Sector.

En lo que respecta al marco reglamentario, González Gago ha señalado que, tras la modificación de la Ley del Juego de Castilla y León en 2024, la aprobación de la regulación de las rifas y tómbolas aleatorias con fines publicitarios en marzo de 2025 y la actualización de las máquinas recreativas de tipo B operadas bajo servidor en marzo de 2026, la Junta considera necesario revisar el desarrollo reglamentario de las distintas modalidades.

El proceso afectará a máquinas recreativas y salones de Juego, bingos, casinos y apuestas, así como a la publicidad, el patrocinio y la promoción del Juego y a los registros de empresas y procedimientos relacionados con las interdicciones.

“Este desarrollo afecta a diferentes ámbitos de la regulación“, ha recordado el consejero, quien ha precisado que se trata de un proceso general que exige analizar conjuntamente los cambios legales, las normas vigentes y la experiencia acumulada durante su aplicación.

“No se trata únicamente de establecer nuevas reglas, sino también de comprobar cómo funcionan las existentes, identificar aquellos aspectos que puedan requerir revisión y valorar sus efectos sobre el conjunto de la actividad“, ha añadido.

El consejero ha vuelto a situar el diálogo entre Administración y empresas como una herramienta necesaria para que el Juego privado pueda seguir desarrollando su actividad con seguridad jurídica y responsabilidad.