El Grupo Popular exige al Gobierno datos concretos sobre el volumen económico del mercado negro y la efectividad de las multas
El PP acorrala al Gobierno por su inacción ante el crecimiento del Juego ilegal en España
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El Grupo Parlamentario Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas dirigidas al Gobierno que, por fin, desplazan el foco del castigo constante al Sector regulado para centrarse en la verdadera amenaza: el Juego ilegal. El Partido Popular ha puesto sobre la mesa cuestiones técnicas y realistas sobre un preocupante mercado que opera en la sombra, y que elude cualquier control administrativo y fiscal.
El PP exige conocer la estimación oficial sobre el número de plataformas sin licencia y el volumen económico que este mercado negro ha movido en los últimos cinco años. Los populares advierten que “la existencia de operadores de Juego online que ofrecen sus servicios en España sin contar con la correspondiente licencia administrativa supone un riesgo para la protección de los consumidores”, señalando que esta actividad al margen de la ley facilita el acceso de personas vulnerables a entornos que ignoran las obligaciones de control exigidas a las empresas autorizadas.
Mientras el sector legal afronta una carga regulatoria y fiscal asfixiante, el PP cuestiona la eficacia real de las sanciones impuestas a los piratas del Juego. El grupo parlamentario señala que la ubicación de estas empresas fuera de España y la complejidad de sus estructuras societarias dificultan enormemente la ejecución de las multas. Por ello, solicitan un desglose anual de las sanciones de los últimos cinco años, preguntando directamente qué importe ha sido “efectivamente abonado y qué importe permanece pendiente de cobro”, así como cuántos expedientes están paralizados por la imposibilidad de localizar bienes o responsables.
La preocupación por el “efecto desplazamiento” también ha cobrado protagonismo. Frente a la tendencia de imponer medidas de control cada vez más estrictas a los operadores legales, el PP ha preguntado si el Gobierno posee informes sobre el trasvase de jugadores con conductas problemáticas hacia el mercado ilegal como consecuencia directa de dichas restricciones. Los diputados recuerdan que, mientras los operadores autorizados cumplen con la obligación de verificar identidades y consultar el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ), “la existencia de operadores ilegales que no aplican estos controles puede comprometer la eficacia de las medidas de protección de los jugadores vulnerables”.
Finalmente, la iniciativa parlamentaria insta al Ejecutivo a explicar qué mecanismos de cooperación internacional mantiene para perseguir a quienes operan desde terceros países. Se cuestiona la efectividad del bloqueo de medios de pago y si existe un plan para promover modificaciones normativas que permitan una actuación más rápida contra páginas web y aplicaciones móviles ilegales.
El Partido Popular, a través de estas acertadas preguntas, cual giro copernicano, deja claro que el enemigo no es quien cumple la ley, sino quien la ignora sistemáticamente desde la impunidad que ofrece la red.
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