La asociación celebra una interesante jornada en la que se constató el peligro real que existe con las plataformas clandestinas sin que la Administración haga algo por evitarlo
Jdigital reclama medidas contundentes contra el Juego ilegal y un marco regulatorio que no penalice al mercado legal
La jornada de Jdigital celebrada ayer en Madrid ha puesto sobre la mesa el desequilibrio entre las crecientes exigencias que soportan los operadores autorizados y la falta de eficacia frente a las plataformas clandestinas. La EGBA, representantes de LaLiga y de los consumidores, la Policía Nacional y FEJAR coincidieron en señalar el Juego ilegal como la principal amenaza para la protección de los usuarios.
El encuentro dejó un mensaje unánime: no tiene sentido seguir aumentando las obligaciones del Juego regulado mientras las plataformas que operan al margen de la ley continúan captando usuarios sin apenas obstáculos.
Jorge Hinojosa, director general de Jdigital, abrió la jornada explicando que la asociación está preparando una propuesta regulatoria que presentará en enero. Para ello ha creado un grupo de trabajo centrado en las áreas que considera prioritarias, y que muy pronto conoceremos desde el Sector.
También puso sobre la mesa las dificultades que está generando la aplicación del Real Decreto en materia de prevención del blanqueo de capitales. Según explicó, Jdigital ha mantenido conversaciones con entidades de pago como Visa, PayPal y Paysafe, cuyos representantes coinciden con los operadores en que algunas de las exigencias planteadas son de “casi imposible cumplimiento“. La asociación prepara un encuentro específico con estas entidades para intentar avanzar en interpretaciones y soluciones comunes.
La inauguración corrió a cargo de Kissy Chandiramani, consejera de Hacienda, Transformación Económica y Transición Digital de Ceuta, que aunque no pudo asistir presencialmente por encontrarse enferma, quiso estar presente en la Jornada de Jdigital a través de un vídeo en el que agradeció al Sector todas las muestras de cariño, apoyo, mensajes y visitas recibidas durante los últimos meses, en los que Ceuta ha atravesado una situación especialmente complicada. “Os considero mi familia“, afirmó la consejera, que aseguró que la Ciudad “no va a desistir en el empeño de conseguir que Ceuta recupere su alegría y su vitalidad“.
Chandiramani reafirmó además el compromiso del Gobierno de Juan Jesús Vivas con las empresas, garantizando su apoyo para “modular esas nuevas regulaciones a las necesidades que tiene el Sector“, siempre desde la protección de las personas vulnerables. “Gracias por permanecer, gracias por estar y gracias por ese calor que hemos recibido“, concluyó con un sentido “gracias de corazón“.

Pierre Tournier, de EGBA, alerta del crecimiento del mercado ilegal en Europa
El primer bloque estuvo protagonizado por Pierre Tournier, secretario general interino de la European Gaming and Betting Association (EGBA), quien ofreció una perspectiva europea sobre las iniciativas de protección al jugador y, especialmente, sobre la dimensión que está alcanzando el Juego ilegal.
Tournier recordó los resultados de la Semana Europea del Juego Seguro, impulsada por EGBA desde 2021. En su última edición participaron más de 200 organizaciones de 24 países, con contenidos en más de 25 idiomas y un alcance superior a cuatro millones de usuarios en redes sociales.
También destacó los resultados de los operadores asociados a EGBA en materia de protección: más de 16 millones de clientes utilizaron herramientas voluntarias de seguridad, se enviaron cerca de 30 millones de mensajes relacionados con el Juego Seguro y el 85% de las plantillas recibió formación específica.
Entre las iniciativas mencionadas destacó el estándar europeo de marcadores de daño, aprobado por el Comité Europeo de Normalización en mayo de 2024 y compuesto por nueve indicadores destinados a detectar comportamientos de riesgo antes de que se produzca un daño efectivo.
Sin embargo, el mensaje más contundente de Tournier llegó al abordar el mercado ilegal. “Consideramos que el mayor riesgo para la protección de los consumidores procede del mercado ilegal“, afirmó. Según las estimaciones que presentó, H2 Gambling Capital sitúa este mercado en 18.000 millones de euros de GGR, aproximadamente el 30% del mercado online europeo. “El mercado ilegal es masivo, significativo y está creciendo a mayor velocidad que el mercado regulado“.

Para combatirlo, Tournier defendió dos líneas de actuación. Por un lado, mantener sistemas de licencias atractivos y competitivos, advirtiendo de que las restricciones excesivas en publicidad y producto pueden restar capacidad al mercado autorizado. En este sentido, señaló a España como uno de los ejemplos de regulación restrictiva. Por otro, reclamó actuaciones contundentes contra las plataformas que facilitan la actividad clandestina.
EGBA está preparando denuncias contra grandes plataformas tecnológicas en ocho Estados miembros por alojar publicidad de operadores ilegales. También ha denunciado ante el regulador financiero de Lituania a un proveedor de servicios de pago que procesaba transacciones para estas páginas.
Tournier insistió en que no basta con imponer multas. “Las grandes plataformas tecnológicas disponen de recursos suficientes para pagar multas multimillonarias anualmente“, señaló. Por ello, EGBA trabaja en un código de conducta que establezca obligaciones concretas, plazos para retirar anuncios ilegales y mecanismos de transparencia sobre las actuaciones de estas compañías.
En cuanto al futuro normativo europeo, repasó iniciativas como la Digital Fairness Act, la revisión de la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual y la EU Kids Act, que podrían introducir nuevas exigencias para la publicidad y las comunicaciones comerciales. También quiso aclarar que no existe actualmente una propuesta legislativa formal para crear un impuesto europeo al Juego, aunque sí se ha planteado la cuestión en el debate presupuestario comunitario.

Mario Chamorro pone cifras a la ventaja de las plataformas clandestinas
La situación española fue analizada con mayor detalle por Mario Chamorro, socio de MDF Partners, quien recuperó los resultados del White Paper sobre Juego ilegal presentado anteriormente. Uno de sus datos más significativos es que el 25% de los usuarios encuestados reconoció haber jugado en plataformas no reguladas. Y prácticamente la mitad de ellos ni siquiera sabía que estaba utilizando una web ilegal.
Chamorro explicó que el problema no puede analizarse únicamente desde la perspectiva del mercado autorizado, sino que es necesario observar qué está ocurriendo al otro lado. Su diagnóstico fue bastante claro: mientras acceder al Juego legal resulta cada vez más complicado, las plataformas ilegales se encuentran con facilidad y ofrecen una experiencia mucho más sencilla.
TikTok, Instagram, Telegram, los afiliados, las retransmisiones de casino en Kick y Twitch y los patrocinios internacionales son algunos de los canales que utilizan estas plataformas para llegar al público español. Según los datos expuestos por Chamorro, más del 90% de las retransmisiones de casino en directo que analizó en estas plataformas correspondían a criptocasinos o dominios no regulados.
También alertó sobre la publicidad encubierta, mediante aplicaciones que aparentan ofrecer entretenimiento convencional, pero que terminan redirigiendo al usuario hacia casinos ilegales. A ello se suma el uso de VPN, que permite acceder a ofertas extranjeras eludiendo las restricciones territoriales.
El contraste con el mercado legal resulta evidente. Chamorro explicó que registrarse en una plataforma legal puede exigir hasta 23 campos de información, verificaciones documentales y controles adicionales para realizar depósitos y retiradas. En cambio, en los entornos ilegales el registro puede ser prácticamente inmediato, sin apenas comprobaciones y con bonos y promociones mucho más agresivos.
“El mercado regulado se está desplazando hacia un entorno donde cada vez resulta más complejo acceder“, advirtió. Frente a ello, las plataformas clandestinas ofrecen “muy fácil acceso para cualquier usuario“.
Su propuesta pasa por actuar sobre toda la cadena de suministro, bloquear con mayor rapidez las páginas espejo, exigir responsabilidad a las grandes plataformas digitales y actualizar la oferta legal para que pueda competir en mejores condiciones. También pidió revisar la eficacia de determinadas medidas de protección cuando terminan convirtiéndose en avisos que los usuarios cierran de manera automática.
Jorge Hinojosa resumió el desequilibrio con una frase especialmente significativa: “Cinco años protegiendo al jugador, Cinco años desprotegiendo al mercado“. El director general de Jdigital señaló dos preocupaciones fundamentales: “A mayor Juego ilegal, menor protección al jugador” y la dificultad de canalizar la demanda hacia los entornos legales cuando el mercado regulado pierde competitividad.

LaLiga y los consumidores también acusan al Juego ilegal
La publicidad y el patrocinio deportivo ocuparon otro de los bloques de la jornada, con la participación de Alejandro Martínez, asesor jurídico de LaLiga, Alejandro Perales, presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) y Alejandro Ramos, associate legal counsel en Bally’s, quien hizo las veces de moderador.
Martínez cuantificó en 80 millones de euros el impacto directo que tuvo el Real Decreto de Comunicaciones Comerciales sobre los clubes de Primera y Segunda División y la propia competición. La prohibición de lucir marcas de operadores en las equipaciones y de emitir publicidad en los soportes perimetrales de los estadios eliminó dos de sus principales vías comerciales.
El representante de LaLiga explicó que clubes y competición tuvieron que reinventar sus activos y trasladar buena parte de su actividad al entorno digital. Pero también cuestionó las diferencias que genera la regulación entre el fútbol español y las competiciones internacionales.
“Si vais a ver la retransmisión de un partido de LaLiga como el Celta de Vigo contra el Real Madrid, no veréis publicidad de Juego. Pero si veis a ese mismo equipo competir el martes en una competición europea, sí la veréis“, señaló. A su juicio, esta situación perjudica a los clubes españoles frente a sus competidores extranjeros sin que ello suponga una protección efectiva adicional para el espectador.
Martínez pidió también aclarar qué se considera publicidad directa e indirecta, especialmente ante la aparición de canales, podcasts y contenidos deportivos vinculados a operadores de apuestas. Para ilustrarlo utilizó el ejemplo de la cerveza sin alcohol, cuya publicidad cuenta con una identidad propia y diferenciada.
Desde la perspectiva de los consumidores, Perales coincidió en señalar el Juego ilegal como el principal problema. “Para las organizaciones de consumidores y usuarios, especialmente las especializadas en comunicación, el principal problema es el Juego ilegal. Todos debemos tener eso claro“, afirmó.
El presidente de la AUC reclamó que la CNMC disponga plenamente de las competencias necesarias como Coordinador de Servicios Digitales para aplicar el Reglamento Europeo de Servicios Digitales y actuar frente a los contenidos ilícitos que circulan por las grandes plataformas.
Perales estructuró la protección en tres niveles: combatir primero el Juego ilegal, proteger a los menores en el entorno digital y garantizar después un Juego seguro para los adultos, evitando una presión publicitaria excesiva. También recordó que la sentencia del Tribunal Supremo sobre el Real Decreto de comunicaciones comerciales puso de manifiesto la necesidad de regular mediante una norma con rango de ley aquellas cuestiones que no pueden resolverse únicamente mediante desarrollos reglamentarios.

FEJAR reclama controles de acceso también para SELAE y la ONCE
El último de los bloques fue el dedicado a la canalización de la demanda y la protección del jugador, en la que participaron Brahim Aslimani, presidente de Bet On Ceuta y CEO de Paf Spain; José Manuel Gómez, representante de la Policía Nacional, y Gerardo Rodríguez, portavoz de FEJAR.
Aslimani denunció la desigualdad entre las exigencias que soportan los operadores autorizados y la falta de eficacia contra las plataformas clandestinas. “Necesitamos que la DGOJ actúe también contra el Juego ilegal, no solo contra el mercado regulado“, reclamó. Como bien afirmó, las multas anunciadas contra operadores ilegales no están consiguiendo detener su actividad ni impedir que continúen captando usuarios, y de hecho no están siquiera cobrándolas, dejando las sanciones sin ningún tipo de solvencia.
José Manuel Gómez explicó que las redes sociales y los grupos de Telegram y WhatsApp son algunas de las principales vías de entrada a estas plataformas. Los enlaces difundidos por influencers y tipsters permiten llegar rápidamente a páginas que, en ocasiones, el propio usuario no identifica como ilegales.
Asimismo, advirtió que entre los perfiles detectados figuran jóvenes, jugadores que buscan anonimato y personas autoexcluidas. También menores de edad, que encuentran en estos entornos controles de acceso mínimos o inexistentes.
Pero los riesgos van mucho más allá de la ausencia de medidas de Juego Responsable. La Policía Nacional alertó de fraudes económicos, impagos de premios, bloqueos de cuentas y posibles usos indebidos de los datos personales y bancarios. Gómez señaló que durante el año anterior se denunciaron al menos 8.500 suplantaciones de identidad vinculadas al Juego.
También describió el uso de inteligencia artificial para falsificar documentos, generar vídeos deepfake y superar los sistemas de identificación de los operadores. Una amenaza que, según explicó, obliga a reforzar la colaboración policial y las herramientas tecnológicas de detección.
Por su parte, Gerardo Rodríguez, presidente de FEJAR, aportó la perspectiva de los que trabajan directamente con personas que sufren trastornos relacionados con el Juego. Para ilustrar el problema leyó el testimonio recibido por la línea gratuita de FEJAR de una persona en tratamiento que había sufrido una recaída en un casino ilegal. Pese a haber solicitado su autoexclusión, la plataforma ignoró su petición y continuó ofreciéndole bonos con los que terminó perdiendo más dinero. Algo absolutamente impensable en la oferta legal, y que demuestra que la desprotección hacia este colectivo es total dentro del Juego ilegal.
Rodríguez advirtió de que las personas que se autoexcluyen del Juego regulado quedan completamente desprotegidas cuando acceden a plataformas clandestinas. “La gran mayoría de la sociedad incluso desconoce si está jugando en un sitio legal o ilegal“, señaló.
El portavoz de FEJAR reclamó que la autoexclusión no se limite a las fronteras nacionales y que se avance hacia “un registro único de interdicción a nivel de la Unión Europea“. También explicó que las asociaciones de la federación instalan a las personas que acuden a tratamiento una aplicación capaz de bloquear el acceso tanto al Juego legal como al ilegal. Una herramienta que, según indicó, está testada y cuenta con financiación pública en Reino Unido, pero que no se ofrece institucionalmente en España a los usuarios y sus familias.
Al plantearle qué medidas deberían ser prioritarias para el regulador, Rodríguez expuso tres reivindicaciones. La primera, combatir el Juego ilegal. Informar a la sociedad sobre las diferencias entre la oferta autorizada y la clandestina y evaluar a largo plazo la eficacia de las normas antes de modificarlas.
La segunda fue especialmente contundente y conecta directamente con uno de los debates históricos del Sector privado: el control de acceso debe ser obligatorio en todas las modalidades de Juego, sin excepciones.
“Todo el juego —legal, online, presencial, público y privado— debe contar con control de acceso obligatorio, verificación de edad y comprobación del registro de interdicciones. Es una reivindicación histórica de FEJAR“, manifestó.
Una exigencia que incluye expresamente a SELAE y la ONCE, que siempre se han desmarcado de esta obligación, pese a sacar pecho a la mínima oportunidad de sus “loterías responsables”. Rodríguez no considera coherente que una persona autoexcluida pueda encontrar barreras en determinados establecimientos y, sin embargo, tenga acceso a otras modalidades de Juego público donde no se aplican controles equivalentes. De hecho, remarcó la absoluta incoherencia existente en que los autoexcluidos puedan comprar lotería, pero no cobrarla.
Según señaló el presidente de FEJAR, “El gran problema de las recaídas hoy en día se da en el Juego presencial”, señalando que esto se debe en parte a la falta de control de acceso en la mayoría de los puntos de venta de Juego público. Es una incongruencia en la que todos debemos trabajar“.
Su tercera reivindicación se centró en garantizar recursos suficientes para la prevención y el tratamiento. Como ejemplo, recordó que en Galicia se recaudan 63 millones de euros por tasas de Juego, pero se destina menos del 0,2% a prevención y tratamiento. Una cantidad que considera claramente insuficiente.
Un mensaje común de cara a la nueva legislatura
La jornada terminó con un mensaje de Jorge Hinojosa que recogió buena parte de lo escuchado durante las distintas intervenciones. El director general de Jdigital insistió en que los operadores autorizados cumplen las exigencias normativas y mantienen un compromiso real con las políticas de protección.
“Un operador ilegal no cumple ninguna normativa, mientras que nuestros operadores legales cumplen absolutamente todo“, afirmó. Y fue todavía más directo al señalar dónde deben concentrarse los esfuerzos: “Los riesgos reales están fuera del mercado regulado“.
Hinojosa defendió que seguir poniendo el foco en las empresas autorizadas para resolver problemas que se originan fuera de ellas resulta injusto y termina perjudicando al propio usuario, al debilitar el mercado que sí ofrece garantías, controles y seguridad.
Una conclusión que encontró respaldo en las distintas perspectivas reunidas por Jdigital. Desde EGBA hasta la Policía Nacional, pasando por LaLiga, la AUC y FEJAR, el combate contra el Juego ilegal apareció como una prioridad compartida. Y la reclamación de Gerardo Rodríguez dejó además una cuestión que difícilmente debería seguir quedando al margen del debate regulatorio: si la protección del jugador es realmente la prioridad, los controles de acceso y la verificación de edad deben aplicarse a todo el Juego, también al público.












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