El Juego privado reclama equilibrio regulatorio y apuesta por la innovación en el Congreso de Castilla y León

La primera mesa de debate del XIX Congreso de Juego de Castilla y León, titulada “Los distintos juegos de azar en la encrucijada: ¿evolución o reconversión?”, dejó dos diagnósticos distintos sobre el momento que atraviesa el Sector presencial. Carlos Duelo defendió que la actividad lleva décadas adaptándose y necesita cambios concretos, mientras que Jesús Serrano advirtió de una “encrucijada crítica” por las diferencias regulatorias entre el Juego privado y los operadores estatales. La tecnología y la inteligencia artificial completaron una sesión moderada por Fátima Pablos Mateos, directora general de Tributos de la Junta de Extremadura.

Duelo rechazó que el Sector se encuentre en una encrucijada y defendió que su trayectoria demuestra una capacidad constante de adaptación. Como ejemplo, recordó la transformación de los salones, que han pasado de ser “un almacén de máquinas de hostelería con una oferta muy reducida” a convertirse en “locales de ocio adulto con tecnología punta y una oferta potente“.

Según señaló Duelo, el camino pasa por aplicar mejoras concretas en cada subsector: extender los sistemas TITO y la fidelización en los salones, avanzar en la regulación de las apuestas virtuales, ampliar el catálogo de juegos multijuego en las máquinas de hostelería de Castilla y León y generalizar determinadas soluciones electrónicas en los casinos. “No requerimos transformaciones traumáticas, sino ajustes quirúrgicos para implantar las mejores prácticas donde ya funcionan“, resumió.

Carlos Duelo situó, además, uno de los grandes retos en la percepción pública de la actividad. “El verdadero reto del Sector es alcanzar la normalidad social de nuestra actividad“, afirmó, defendiendo que el Juego debe reivindicarse como una forma de ocio legítima y demandada, y no limitarse a justificar su existencia por el empleo, los impuestos o el cumplimiento de la ley.

Duelo pidió implicar a los trabajadores en esa tarea y citó los datos que expuso durante su intervención: una prevalencia del Juego problemático del 0,3% de la población y un Registro de Prohibidos en Castilla y León equivalente al 0,05% de sus ciudadanos. También reclamó concentrar los esfuerzos contra el Juego ilegal. “La verdadera y gran amenaza para todos, operadores y Gobierno, no es el Juego online legal, sino el Juego online ilegal y clandestino“.

Jesús Serrano ofreció una visión más crítica y centró su intervención en dos asuntos. El primero, las sentencias del Tribunal Supremo de abril de 2026 relativas a los terminales de la ONCE instalados en establecimientos de hostelería. Según explicó, la interpretación judicial deja a las comunidades autónomas sin capacidad para exigir autorizaciones autonómicas sobre esos terminales ni ejercer determinadas facultades de intervención e inspección.

Serrano considera que esta situación genera un desequilibrio competitivo para las empresas privadas, sometidas a las exigencias autonómicas. Para responder a este escenario, planteó cuatro posibles vías: revisar la interpretación de las exenciones legales y las condiciones de uso de los terminales, impulsar una reforma de la Ley del Juego consensuada entre las comunidades autónomas, estudiar un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional y recurrir a la vía europea ante un posible trato discriminatorio.

Su segunda preocupación fue la previsión de Castilla y León de suprimir los medios de pago bancarios y electrónicos en los establecimientos de Juego, permitiendo únicamente el efectivo hasta el desarrollo reglamentario de la medida. Su entrada en vigor está prevista para el 1 de enero.

“Esta medida distorsiona gravemente el mercado y perjudica la seguridad, la transparencia y la trazabilidad de las empresas privadas“, advirtió. Frente a esa limitación, recordó que los productos de lotería y de la ONCE permiten utilizar medios electrónicos de pago. Por ello, reclamó una “moratoria inmediata” y alertó de que, sin una defensa de las competencias autonómicas y del equilibrio de mercado, “la viabilidad económica del Juego presencial privado estará en serio riesgo“.

Rodrigo García, jefe de proyectos tecnológicos en Interconexión Castilla y León, aportó la perspectiva técnica y explicó que las máquinas tipo B con juegos alojados en servidor ya son “una realidad regulada y en explotación en Castilla y León“.

El modelo combina el terminal físico con un servidor central, una base de datos y una plataforma web para operadores y Administración. Los juegos se descargan e instalan localmente a través de una red privada cifrada, sin depender de una conexión abierta a internet.

Frente a las máquinas tradicionales, esta arquitectura permite actualizar los juegos sin sustituir el mueble, gestionar los equipos en red y ofrecer a la Administración una trazabilidad que García calificó de “100% auditable“. También destacó las medidas de ciberseguridad y redundancia para garantizar la continuidad del servicio, así como las posibilidades de la inteligencia artificial para anticipar averías mediante el análisis de datos.

Sobre su implantación, fue claro: “La IA no sustituye la homologación, la inspección administrativa ni la decisión técnica. Es una herramienta de apoyo, pero la responsabilidad final siempre debe ser humana“.

Durante el turno de intervenciones, Susana Pastor, representante de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, matizó el alcance del documento suscrito por varias comunidades autónomas con la DGOJ. Según aclaró, las autonomías no cuestionaron las competencias estatales ni las sentencias del Supremo, sino que solicitaron “abrir un espacio de debate” ante la proliferación de terminales, atendiendo a la “protección de menores y colectivos vulnerables“.

La moderadora, Fátima Pablos, ya había introducido este matiz, señalando que el documento de las comunidades se centraba en la preocupación por los menores y los colectivos vulnerables, y no en cuestionar la sentencia judicial ni plantear un conflicto competencial puro.

La sesión concluyó con una idea compartida: el Sector debe adaptarse a los cambios tecnológicos y regulatorios, aunque persiste el desacuerdo sobre la gravedad de los desequilibrios normativos. En palabras de Pablos, el reto es avanzar hacia un modelo “sostenible, tecnológicamente avanzado, transparente y socialmente responsable“.