El convenio permitirá el reconocimiento mutuo de las inscripciones realizadas en los registros autonómico y estatal mediante una interconexión automatizada
El Gobierno y Aragón acuerdan la interconexión de sus registros de autoprohibidos
AZARplus
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y la Comunidad Autónoma de Aragón han firmado un convenio para la interconexión de sus registros de interdicciones de acceso al Juego.
El convenio permitirá el reconocimiento mutuo de las inscripciones realizadas en los registros autonómico y estatal mediante una interconexión automatizada. Así, quienes se inscriban en el registro de autoprohibidos de Aragón quedarán automáticamente incluidos en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ), gestionado por la DGOJ, y viceversa. Esto facilitará a los Operadores la aplicación efectiva de las restricciones a quienes hayan solicitado su autoexclusión.
La DGOJ inscribirá en el RGIAJ los datos remitidos por la autoridad autonómica a través de la Plataforma de Intermediación de Datos del Ministerio para la Transformación Digital. Asimismo, se encargará de actualizar la información y comunicar a Aragón cualquier modificación o cancelación de inscripciones.
Por su parte, Aragón remitirá periódicamente las inscripciones de su registro autonómico y garantizará la integridad de los datos. No obstante, no trasladará información de personas inscritas antes de la entrada en vigor del convenio, salvo petición expresa. Para ello, informará a los ciudadanos inscritos sobre la posibilidad de extender su autoexclusión al ámbito estatal.
La ejecución del convenio será supervisada por una Comisión de Seguimiento, presidida por la DGOJ y con representantes del Gobierno de Aragón. Esta comisión se reunirá al menos una vez al año para evaluar el sistema y su evolución técnica.
Ambas partes garantizan el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales. El convenio tendrá una duración inicial de cuatro años, con posibilidad de prórroga.
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