El I Foro Cejuego demuestra la fuerza, el rigor científico y la cohesión del sector privado bajo el lema "Jugamos en equipo"
CEJUEGO reclama igualdad de trato, seguridad jurídica y una regulación del Juego basada en datos
El I Foro CEJUEGO, celebrado en Madrid bajo el lema “Jugamos en equipo”, reunió a representantes de la Administración, el ámbito académico, los sindicatos, la hostelería y los expertos en adicciones para defender un marco regulatorio más equilibrado para el Juego presencial privado. La presentación del Informe Juego y Sociedad 2026 y el debate posterior sirvieron para poner sobre la mesa las dimensiones económicas y sociales de este Sector, cuestionar algunos de los prejuicios que pesan sobre este y reclamar que las futuras normas se apoyen en datos y evidencias, no en planteamientos ideológicos.
El moderador de la jornada, Manuel Llamas, abrió el encuentro recordando el peso del Sector en la economía española: más de 200.000 empleos directos e indirectos, cerca de 50.000 puestos de trabajo directos, una contribución tributaria superior a los 1.700 millones de euros anuales y un impacto equivalente al 0,8% del PIB. Unas cifras que acompañó de una explicación del lema elegido para el foro: “Jugamos en equipo porque detrás del Juego hay personas que trabajan, hay empresas que contribuyen a la economía y hay una actividad que forma parte de los hábitos de ocio y entretenimiento de millones de españoles“.
La presentación del Informe Juego y Sociedad 2026 corrió a cargo de José Antonio Gómez Yáñez, doctor en Sociología y autor del informe, y Levi Pérez, catedrático de Economía de la Universidad de Oviedo. Ambos abordaron la actividad desde perspectivas sociológicas y económicas, con especial atención a los hábitos de los jugadores, la función del entretenimiento y la necesidad de diferenciar entre entretenimiento y conductas problemáticas.
Gómez Yáñez resumió el alcance de la participación en el Juego con una afirmación contundente: “En España jugamos todos menos los que tienen aversión al Juego y quienes tienen problemas económicos“. Según los datos expuestos, 31 millones de personas jugaron en España durante el último año. 6,5 millones de usuarios de modalidades presenciales de entretenimiento —como casinos, bingos, salones, apuestas y máquinas en hostelería— y 2,5 millones que juegan online. El resto lo hacen en Loterías o juegos de ilusión.
Gómez Yáñez destacó que “más del 80% de los usuarios que acuden a un salón de Juego van acompañados o a encontrarse con amigos“. También puso el acento en el componente de habilidad que existe en determinadas modalidades: “Yo disfruto más jugando bien que ganando más; en el Juego de entretenimiento se premia el saber hacer“.
El informe abordó igualmente la incidencia del Juego problemático. Gómez Yáñez situó la tasa española en el 0,3%, que calificó de baja y estable, y señaló que España se encuentra, según los datos expuestos, entre los países con niveles reducidos, junto a Reino Unido, Austria y Suecia. Añadió que “El 85% de las personas en nivel de Juego problemático tienen otros problemas previos de salud mental o entornos familiares desvertebrados“.
En cuanto al acceso de menores a los salones, el sociólogo sostuvo que “todos los informes de las policías autonómicas confirman que no se encuentran menores en los salones de Juego; las empresas son las primeras interesadas en impedir su entrada“. Una afirmación que conecta con la defensa del cumplimiento de los controles de acceso como parte de la responsabilidad de los operadores presenciales.
Gómez Yáñez también dirigió la atención hacia los rascas de la ONCE, a los que definió como “juegos de codicia donde se explota esencialmente la expectativa de un gran premio“, y advirtió de que su consumo se concentra entre los segmentos más jóvenes. La cuestión volvió a aparecer en el debate posterior, donde se reclamó que las exigencias de control se apliquen de forma coherente a los distintos productos de Juego.
Por su parte, Levi Pérez recurrió a la microeconomía para explicar que la participación no puede analizarse únicamente desde la expectativa de obtener un premio económico. “Concebir la participación en el Juego motivada exclusivamente por una ganancia económica es una falacia. El jugador obtiene una satisfacción o utilidad por el mero hecho de participar“, afirmó.
El catedrático comparó esta experiencia con otras formas de ocio: “Cuando vas al teatro o subes a una montaña rusa, pagas una entrada y sales sin dinero y sin un bien físico, pero te queda la satisfacción de la experiencia vivida“. En relación con las advertencias del Ministerio de Consumo sobre las pérdidas económicas, defendió que “el jugador racional, que es la inmensa mayoría, ya sabe que va a gastar un dinero para obtener una experiencia de riesgo controlado“. Su conclusión para los responsables públicos fue clara: la regulación debe huir de los prejuicios y apoyarse en la evidencia científica.

El sector reivindica su papel económico y reclama una regulación proporcionada
La segunda mesa trasladó estas cuestiones al terreno regulatorio, laboral y empresarial. Ramón Cubián, director general de Suelo y responsable de las competencias de Juego de la Comunidad de Madrid, abordó las recientes resoluciones judiciales relacionadas con el Juego reservado y las competencias autonómicas. Frente a las dudas que pudieran suscitar, aseguró: “En la Comunidad de Madrid tenemos perfectamente claro cuál es nuestro marco jurídico y nuestras competencias. Hay seguridad jurídica y libertad de empresa“.
Cubián aportó además los datos de las inspecciones realizadas en la región: “En los últimos tres años, los casos de menores en zonas de especial protección en la Comunidad de Madrid son cero tras realizar más de 30.000 inspecciones anuales“. También defendió la necesidad de reforzar el diálogo entre la Administración central y las comunidades autónomas a través del Consejo de Políticas del Juego.
Carlos Duelo, representante de CIRSA y CEJUEGO, comparó los patrones de gasto en distintas regiones y modelos regulatorios. Con una media europea de unos 220 euros anuales por persona, señaló que Madrid y Cataluña registran cifras similares, en torno a los 223-224 euros por habitante. Para Duelo, estos datos invitan a analizar los resultados reales de las normas antes de generar nuevas restricciones. “Cuanta más regulación, más dejas una pista abierta para el crecimiento del Juego ilegal“, advirtió. Y añadió: “Hay que obviar el prejuicio, analizar el impacto real de las normas anteriores antes de volver a legislar y escuchar a todas las partes“.
La dimensión laboral estuvo representada por Marcos Gutiérrez, de CCOO Servicios, quien puso el foco en los cerca de 40.000 trabajadores directos del Juego presencial y en la necesidad de mejorar su reconocimiento social. “Las plantillas reclaman un desarrollo profesional, formación y prestigio social; asistimos a un desprestigio injustificado de trabajar en este Sector“, afirmó. Gutiérrez defendió asimismo el diálogo, el consenso y la participación de todos los actores implicados en la elaboración de las normas.
Desde Hostelería de España, Emilio Gallego reivindicó el papel de las máquinas tipo B en los bares como parte de una oferta de ocio integrada en espacios de convivencia. “Nuestros bares son espacios abiertos de socialización donde la propia comunidad y los trabajadores ejercen un control social y un consumo responsable“, señaló. Gallego alertó también sobre los efectos de una regulación excesiva: “La hostelería sufre la enfermedad de la hiperregulación. Cuidado con más regulación, porque en nuestro Sector el exceso de estandarización nos mata“.
La crítica a las diferencias de trato entre productos públicos y privados tuvo uno de sus momentos más explícitos en la intervención de Francesc Perendreu, presidente de ACENCAS. Perendreu advirtió de que parte de los riesgos puede desplazarse hacia páginas clandestinas y canales de difusión en internet, al tiempo que cuestionó la falta de controles en la comercialización de los rascas de la ONCE. Como ejemplo, señaló que una persona inscrita en el registro de autoprohibidos puede comprar un rasca de 10 euros sin que se le solicite el DNI. “Hemos pasado del lema ‘la ilusión de todos los días’ al problema de todos los días. Un menor o un autoprohibido puede comprar un rasca sin ningún tipo de control“.
Su reclamación se centró en la aplicación de criterios comunes a toda la actividad: “No existe Juego bueno ni Juego malo; la palabra es Juego y debe tener exactamente las mismas reglas para todos“. Una demanda que enlaza con una de las principales reivindicaciones trasladadas por CEJUEGO durante el encuentro: que las obligaciones no dependan de que el operador sea público o privado, sino de unas reglas coherentes y proporcionadas.

La clausura corrió a cargo de Alejandro Landaluce, director general de CEJUEGO, que recurrió a los espejos deformantes instalados en la entrada del recinto para ilustrar la imagen que, a su juicio, se proyecta sobre el Sector. “El Sector del Juego tiene una imagen distorsionada. Es fundamental dar datos y no relatos“, afirmó.
Landaluce defendió que la participación en el Juego responde principalmente a una decisión personal vinculada al ocio: “La gente juega principalmente porque le gusta, se divierte y porque es libre. No podemos convertir una conducta problemática de una minoría en la definición de toda una actividad“.
De cara al nuevo Parlamento y a las futuras decisiones regulatorias, el director general de CEJUEGO resumió las prioridades del Sector en tres grandes líneas: igualdad de trato para los operadores públicos y privados, elaboración de normas sustentadas en evidencias y no en estigmas, y una lucha decidida contra el Juego ilegal. Sobre este último punto, afirmó: “El Juego ilegal es el enemigo común de todos. Por contra, la actividad legal debe estar protegida porque cumplimos las normas y somos compañeros de viaje de la administración“.
Landaluce cerró el foro con una frase que condensó la reivindicación de la industria: “No queremos que nos llamen un Sector normal; lo que queremos es que nos traten de forma normal“. Una petición de igualdad de trato que resume el mensaje trasladado durante toda la jornada: el Sector reclama que su regulación parta de los datos, tenga en cuenta la realidad de la actividad y reconozca las diferencias entre el Juego legal y el clandestino.












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