Álvarez Almeida: “Reducir la jornada obligará a recortar horarios en bares y restaurantes”

José Luis Álvarez Almeida, presidente de Hostelería de España, ha alzado la voz en contra de la propuesta gubernamental de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. A través de su canal de YouTube, ha denunciado que esta medida, impulsada unilateralmente por el Gobierno, “rompe el diálogo social” y puede provocar graves consecuencias para la viabilidad de miles de establecimientos hosteleros en España.

A través del canal de YouTube de la Asociación, Álvarez Almeida ha declarado que la propuesta de reducción de jornada “no estaba en ninguna plataforma de negociación de los convenios colectivos en los últimos diez años” y que, por tanto, no ha sido una reivindicación de los sindicatos. “No nos oponemos a trabajar menos, pero eso debe debatirse dentro del diálogo social”, insiste, apelando a la necesidad de acordar los cambios con los agentes sociales tradicionales: empresarios y sindicatos.

El presidente de la patronal recalca que aplicar las 37,5 horas semanales sin consenso conllevaría un incremento de los costes laborales y forzaría a los empresarios a tomar decisiones difíciles: “Aquellos que quieran mantener los mismos horarios tendrán que contratar más personal, y quienes no puedan permitírselo tendrán que reducir los horarios de apertura. Eso implica o una pérdida de facturación o un aumento de costes”, alerta. Para él, el impacto no recaerá solo sobre empresarios o trabajadores, sino que “lo pagará la propia sociedad”.

Álvarez Almeida pone el foco en las dificultades que afrontan especialmente los pequeños negocios, con plantillas muy reducidas, que no podrían absorber la carga que supone contratar personal adicional en plena temporada alta. “¿Dónde vamos a encontrar ese empleado más en agosto o julio?”, se pregunta. También recuerda que este año el sector alcanzará los dos millones de empleados, lo que exige, en su opinión, que se le permita “autorregularse y autogestionarse”.

Además, denuncia que esta imposición pone en riesgo el modelo turístico español, sustentado en gran parte por los pequeños bares y restaurantes. “España es líder por estos pequeños negocios. No se puede aplicar la misma lógica a una empresa con mil trabajadores que a un bar de pueblo con cuatro empleados”, afirma.

Durante su intervención en el video, también comenta el aumento de las bajas por incapacidad temporal, un problema que, asegura, afecta a toda la economía española. “No queremos a nuestros trabajadores enfermos, queremos que se reincorporen lo antes posible. Pero hay colapso en el sistema sanitario. No podemos esperar seis meses por una resonancia”, lamenta. En su opinión, es necesario trabajar junto a mutuas, médicos privados y el Gobierno para encontrar soluciones que permitan acortar las bajas, tanto por el bien de las empresas como de los propios empleados. “Muchos forman parte de nuestra familia”, asevera.

Álvarez Almeida también cuestiona el incremento continuo de la presión fiscal sobre los negocios hosteleros. “Pagamos más por las terrazas, por el IBI, por la Seguridad Social… No podemos seguir asfixiando a las empresas sin mejorar su rentabilidad”, denuncia. Pide al Gobierno “políticas activas” que permitan a las empresas ser más sostenibles y rentables, y recuerda que los verdaderos récords que deben importarle al sector son los de rentabilidad y calidad, no únicamente los de facturación o visitantes.

Sobre la evolución del año turístico, prevé una buena campaña estival, con récord de turistas y una facturación al alza, pero insiste en mantener la cautela: “Lo que más nos preocupa es la rentabilidad”, asegura. Apunta además una caída en la demanda interna, especialmente del turismo nacional, frente a un turista extranjero que mantiene cifras sólidas. “No podemos rechazar al turista nacional, es clave para la desestacionalización”, destaca.

Finalmente, hace un llamamiento a reforzar las infraestructuras públicas para poder asumir el crecimiento del turismo: “Nuestros restaurantes y hoteles no tienen aglomeraciones. El problema está en las infraestructuras del Estado”, afirma, aludiendo a problemas recientes en aeropuertos o trenes.