La compañía radicada en Ceuta asumirá la totalidad de las licencias de apuestas y juegos de azar tras la reorganización societaria
Paf consolida su presencia en Ceuta con la autorización definitiva de sus licencias de Juego
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La DGOJ ha emitido la resolución definitiva que autoriza la transmisión de la operativa de Paf hacia su nueva estructura societaria en Ceuta. Este movimiento administrativo otorga a la filial española Paf Games, S.A. la titularidad de todas las licencias generales y singulares para operar en el país, abarcando desde las Apuestas deportivas hasta la Ruleta, el Blackjack y las Máquinas de Azar. La Resolución supone la culminación legal de un proceso de reestructuración que alinea la presencia del grupo con el pujante ecosistema tecnológico de la ciudad autónoma de Ceuta, donde recientemente inauguró su sede estratégica.
La operación se define técnicamente como una aportación de rama de actividad, lo que conlleva el traspaso integral de activos, contratos de usuarios y datos personales desde la matriz maltesa a la nueva entidad nacional. En este sentido, la resolución destaca que Paf Games, S.A. ha suscrito el compromiso expreso de “hacerse cargo de la totalidad de las posibles responsabilidades en que Paf International PLC hubiera podido incurrir durante la explotación de las licencias“. El regulador garantiza así la continuidad de las obligaciones frente a la administración y los jugadores, quienes mantendrán una experiencia de Juego inalterada bajo los mismos sistemas técnicos y de seguridad ya supervisados y homologados.
Durante la reciente inauguración de las oficinas, que cuentan con una plantilla inicial de 12 personas, el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, subrayó el impacto de este Sector, que ya sostiene más de 1.200 empleos locales, afirmando: “Nos sentimos muy orgullosos de que podamos afirmar que el Juego online es un segmento importante en la actividad económica de Ceuta”. Con el visto bueno de la DGOJ, el operador inicia una etapa de crecimiento oficial en la que también prevé destinar parte de sus beneficios a proyectos sociales, disponiendo de un margen de cuatro meses para formalizar los trámites mercantiles y las garantías bancarias definitivas ante el regulador.
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