La norma establece dos fechas anuales para nuevas obligaciones empresariales y prevé revisar de forma permanente la regulación autonómica
Madrid aprueba la Ley contra la Hiperregulación con nuevas reglas para limitar las cargas administrativas a las empresas
AZARplus
La Comunidad de Madrid ha aprobado el proyecto de Ley de medidas contra la Hiperregulación, una norma con la que el Ejecutivo autonómico pretende reducir cargas burocráticas, simplificar la normativa y agilizar los procedimientos que afectan a empresas y ciudadanos. El texto será remitido ahora a la Asamblea de Madrid para su debate y votación.
Una de las principales novedades es que cada nueva carga administrativa que se imponga a una empresa deberá compensarse con la eliminación de otra de coste equivalente. Además, las nuevas obligaciones dirigidas a empresas y operadores tendrán, con carácter general, dos fechas de entrada en vigor al año: el 2 de enero y el 1 de julio. El sistema pretende ofrecer mayor previsibilidad a los negocios para que puedan preparar con antelación los cambios.
La propuesta introduce también la caducidad de las normas organizativas y establece una evaluación permanente de la normativa autonómica. La Administración deberá comprobar si las normas cumplen los objetivos para los que fueron aprobadas y determinar si deben mantenerse, modificarse o eliminarse. Como explicó Isabel Díaz Ayuso, se busca “que no sobreviva por inercia lo que ya no sirve” y evitar que las empresas tengan que adaptarse “a contrarreloj”.
El proyecto refuerza además la Aceleradora de Inversiones, que ofrecerá tramitación preferente y plazos reducidos a la mitad para proyectos considerados de especial interés. También potencia la Línea Abierta contra la Hiperregulación, mediante la que ciudadanos y empresas pueden comunicar trámites o requisitos que dificulten la actividad económica. Según la Comunidad, este mecanismo ha permitido eliminar ya 738 cargas administrativas.
La futura ley regula igualmente la participación de entidades privadas en la gestión de determinados trámites administrativos, siempre que estén acreditadas y sometidas a controles y responsabilidades. A ello se suman espacios de prueba para productos y servicios que todavía no estén contemplados por la legislación, bajo supervisión administrativa, así como el uso de datos e inteligencia artificial en la gestión pública y la digitalización de procedimientos.
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