Las Comunidades Autónomas cierran filas ante la DGOJ: un escrito común para defender las competencias autonómicas y la libertad de empresa

Las 17 comunidades autónomas han firmado un documento común dirigido a la DGOJ y al Consejo de Políticas de Juego, en el que reclaman coordinación institucional y reivindican el papel de las Administraciones autonómicas en la regulación y protección del Juego Presencial. Así lo desveló Ramón Cubián, director general de Suelo y responsable de Juego de la Comunidad de Madrid, durante la mesa redonda celebrada en el Expo Congreso Luis Escribano de Torremolinos. Según explicó, el escrito quedó presentado el 7 de septiembre, con acuse de recibo, y está firmado por las 17 comunidades autónomas.

Cubián detalló que el documento es el resultado de un proceso de coordinación interautonómica que comenzó el 14 de julio, cuando se reunieron las 17 comunidades. De aquel encuentro surgieron unas primeras líneas de propuesta que posteriormente fueron circuladas entre las distintas Administraciones para incorporar aportaciones y sensibilidades. “Presentes las 17 comunidades autónomas, elaboramos unas líneas de propuesta que después circulamos con aportaciones de varias comunidades autónomas e hicimos un texto de integración”, explicó. El responsable madrileño señaló que posteriormente se fueron incorporando las distintas aportaciones hasta llegar al texto definitivo que, finalmente, fue presentado ante la DGOJ y el Consejo de Políticas de Juego.

El valor que Cubián atribuye al documento no reside únicamente en su contenido, sino también en el hecho de que haya sido suscrito por todas las comunidades autónomas, pese a las diferentes sensibilidades políticas existentes entre ellas. El director general madrileño subrayó que el acuerdo se ha construido desde Administraciones con realidades políticas y económicas distintas y defendió que, precisamente por ello, el texto no responde a una posición partidista. “No hemos hecho un texto político, hemos hecho un texto de trabajo, de defensa de la libertad y de las competencias también de las comunidades autónomas”.

Libertad de empresa, libertad de ocio y protección de los vulnerables

La arquitectura argumental que Cubián atribuyó al documento parte de tres elementos que, a su juicio, deben coexistir: libertad de empresa, libertad individual y protección de las personas vulnerables. “Las comunidades autónomas somos quienes estamos en el día a día, los que tenemos la responsabilidad en el día a día de garantizar la libertad de empresa, la libertad de ocio y la protección de los vulnerables”, señaló. La defensa de las competencias autonómicas, por tanto, no se plantea en su intervención como una cuestión meramente administrativa, sino vinculada a la responsabilidad efectiva que las comunidades ejercen sobre el Juego Presencial dentro de sus respectivos territorios.

Cubián insistió en que el documento pretende preservar un marco común de principios sin eliminar las diferencias regulatorias derivadas de las características de cada territorio. “La realidad concreta del Juego es distinta en cada comunidad y el número de salones y las formas de vida son distintas en cada comunidad”, explicó. Frente a esa diversidad, identificó como elemento compartido la garantía de la libertad de empresa y del ejercicio individual del ocio.

La protección de los colectivos vulnerables aparece, además, integrada en ese planteamiento. Cubián sostuvo que las Administraciones autonómicas deben mantener la responsabilidad sobre esa protección dentro de su ámbito competencial y defendió que las medidas de control no deben desvincularse de la existencia de una actividad económica regulada. “Si no hay libertad, no habrá mercado”, afirmó, antes de señalar que el objetivo común de las Administraciones debe incluir la salud pública, la protección de los vulnerables, la planificación, la ordenación y la contención.

El documento también reclama, según explicó Cubián, una mayor coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas ante eventuales cambios que puedan afectar al Juego Presencial. En este sentido, pidió que cualquier futura forma de comercialización presencial sea analizada contando con todas las Administraciones competentes y con participación en el propio Consejo de Políticas de Juego. “Pedimos que se analicen participando todos, incluso en el Consejo de Políticas de Juego, para que haya una coordinación del Estado con las comunidades autónomas”, señaló.

Cubián situó el origen de este movimiento de coordinación en las conversaciones mantenidas después del Consejo de Políticas de Juego de 2025. Según explicó, en aquel momento se planteó desde la DGOJ una función de coordinación sobre las políticas de protección de las personas vulnerables en el Juego Presencial que, a juicio de las comunidades, podía entrar en el terreno de sus competencias.

“Se pretendió asumir una función de coordinación a las comunidades autónomas para decirnos qué teníamos que hacer en la protección de los vulnerables en el juego presencial”, afirmó Cubián, cuestionando que las comunidades necesitaran una tutela estatal para desarrollar unas competencias que ya tienen atribuidas.

El responsable madrileño vinculó esta cuestión con las diferencias existentes entre territorios. “Cada comunidad autónoma tenemos una realidad política, económica, social, empresarial distinta”, explicó, antes de señalar que esas diferencias tienen también su reflejo en el número de salones, las máquinas, los establecimientos y los hábitos de ocio.

Otro de los elementos que Cubián relacionó con el documento de consenso es la modificación de la Ley de regulación del Juego. En su intervención distinguió entre las cuestiones que considera razonables en materia de Juego Online y aquellas que pueden afectar al reparto competencial.

En concreto, reconoció que algunas de las medidas planteadas para el canal online le parecen adecuadas. “Hay que proteger más la identidad por los supuestos de suplantación de identidades. Oye, pues eso está muy bien”, manifestó. También admitió que determinadas modificaciones de los procedimientos sancionadores deben realizarse mediante el instrumento normativo adecuado después de una resolución judicial desfavorable.

Su principal preocupación se situó, sin embargo, en el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Según Cubián, el texto consensuado pretende que cualquier reforma de la legislación estatal mantenga un marco de colaboración entre Administraciones. “Aprovechando esa modificación de la Ley del Juego, debería garantizarse el marco de colaboración institucional para mantener un sistema de protección y su eficacia y la eficacia del propio sistema nacional”, afirmó.

Cubián fue especialmente crítico con la orientación que atribuye a determinadas actuaciones de la DGOJ. Entre ellas, afirmó que durante el año se habían concedido más de 3.200.000 euros en subvenciones y sostuvo que un 80% se habían dirigido a estudios, trabajos e investigaciones universitarias que, según señala el director, “en buena medida se utilizan para cuestionar al Juego”.

“No hemos hecho un texto político, hemos hecho un texto de trabajo, de defensa de la libertad y de las competencias también de las comunidades autónomas”, afirmó. Y añadió que la reivindicación competencial no responde simplemente al deseo de conservar una parcela administrativa: “No porque sea un prurito en sí decir ‘esto es mi competencia’, no; es que quien protege a los vulnerables en su ámbito territorial somos las comunidades autónomas porque es nuestra competencia”.

La conclusión de Cubián fue que el acuerdo interautonómico puede convertirse en un punto de partida para reforzar la coordinación sin homogeneizar artificialmente realidades territoriales diferentes. “Poder decir que las comunidades autónomas estamos coordinadas para la defensa de esos principios y valores desde el marco de nuestras competencias en cada una de las comunidades autónomas, creo que puede constituir un primer paso”, concluyó.

Por tanto, el alcance del escrito es doble: por un lado, las 17 comunidades autónomas reclaman que su experiencia y sus competencias en Juego Presencial sean preservadas, y por el otro, plantean la necesidad de que cualquier evolución del modelo estatal de regulación y protección se aborde mediante coordinación efectiva entre Administraciones.