Juan Lacarra reivindica el peso del Juego privado y reclama reglas coherentes para todos los Operadores

Juan Lacarra, secretario general técnico de ANESAR, ha ofrecido en COPE Aragón una detallada radiografía de la realidad del Juego presencial privado en España, poniendo cifras a su dimensión económica y laboral y defendiendo la necesidad de que todos los Operadores del mercado compitan bajo los mismos criterios regulatorios. Una intervención en la que ha vuelto a poner de manifiesto el peso de una actividad que genera miles de empleos y realiza una importante contribución a las administraciones públicas.

Lacarra comenzó aportando algunos datos que ayudan a comprender la dimensión del Sector: aproximadamente 3.600 salones de Juego en toda España, más de 36.000 máquinas instaladas y alrededor de 47.000 empleos directos e indirectos. De ellos, más de 19.000 son puestos de trabajo directos.

A esta contribución laboral se suma la fiscal. El secretario general de ANESAR recordó que los salones aportan 320 millones de euros entre tasas de Juego, impuestos y cotizaciones sociales. Una carga que tiene, además, una particularidad respecto a otras actividades económicas: “Por el hecho de ser empresas operadoras, pagamos un impuesto especial y luego, además, pagamos los impuestos que pagan el resto de las empresas“. Unos recursos que, como señaló, revierten en las administraciones públicas y contribuyen a financiar servicios esenciales para la ciudadanía.

Según matiza Lacarra, el Sector ha alcanzado una etapa de madurez y atraviesa un periodo de retroceso, con aproximadamente 240 salones cerrados durante los últimos dos o tres años. “Es un Sector que ya ha madurado, que ha tocado techo y que ahora se encuentra a la baja“, explicó, apuntando asimismo al proceso de concentración empresarial que se está produciendo.

Lacarra defendió además que, más allá de los canales de comercialización y las particularidades de cada modalidad, todos forman parte de una misma actividad. Por eso, considera necesario analizar si existe un equilibrio real, especialmente en materias como publicidad, patrocinios, comercialización y controles de acceso.

“Nosotros no estamos pidiendo privilegios ni tratamos de cuestionar el papel de ningún operador. Lo que defendemos es algo muy sencillo: si de lo que se trata es de proteger a los consumidores, pero también garantizar un desarrollo equilibrado de la actividad de las empresas, entendemos que las reglas básicas y los principios regulatorios deberían aplicarse con criterios coherentes a todo el conjunto del mercado“, afirmó.

También se refirió al Juego ilegal, especialmente presente en el ámbito online, y contrapuso esta oferta a las garantías que ofrece la actividad regulada: “Nosotros garantizamos un Juego ordenado, seguro y donde eso no se encuentra lógicamente es en el Juego ilegal“.

Por último, Lacarra defendió el papel de las comunidades autónomas en la regulación del Juego presencial, tanto por sus competencias como por su conocimiento de las particularidades de cada territorio. “No es lo mismo regular el Juego presencial privado en Aragón que en Cantabria o en Andalucía“, señaló. En este sentido, pidió que las iniciativas estatales respeten las competencias autonómicas y eviten interferencias innecesarias en ámbitos que llevan años gestionándose desde las comunidades.

“Lo que defendemos es un modelo basado en la seguridad, en el respeto institucional y en la proporcionalidad regulatoria“, concluye.

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