El Gobierno aprueba la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley de Prevención de Riesgos Laborales, una actualización de la normativa vigente que incorpora nuevos elementos relacionados con la organización del trabajo, la digitalización y los riesgos emergentes en el entorno laboral.

La reforma, impulsada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, modifica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Estatuto de los Trabajadores y el Reglamento de los Servicios de Prevención. El texto se ha elaborado en el marco del diálogo social y en línea con la Estrategia de Prevención de Riesgos Laborales 2023-2025.

Entre las principales novedades, la norma incorpora por primera vez de forma expresa la salud mental y los riesgos psicosociales, que deberán desarrollarse en un reglamento específico. Asimismo, amplía la definición de daños derivados del trabajo, que podrán ser físicos, mentales, cognitivos, emocionales, conductuales o sociales.

El anteproyecto también incluye la consideración de riesgos derivados del cambio climático y de catástrofes naturales dentro de la evaluación y planificación preventiva. En este ámbito, se establece la obligación de adoptar medidas de actuación ante fenómenos meteorológicos adversos.

La normativa refuerza la vigilancia de la salud de las personas trabajadoras, con exámenes específicos adaptados a los riesgos del puesto, y contempla evaluaciones tanto individuales como colectivas. Además, incorpora la perspectiva de género y edad en la prevención, así como la adaptación de los puestos de trabajo a las características personales de los trabajadores.

En materia de acoso y violencia, se definen nuevas formas de conducta, incluyendo el ciberacoso y las situaciones vinculadas al uso de tecnologías o inteligencia artificial. Las empresas deberán garantizar la protección frente a estas situaciones.

El texto prevé también la adaptación de la formación preventiva, la revisión de los servicios de prevención y la creación de agentes territoriales en empresas de menor tamaño. En el plazo de un año se deberá desarrollar un reglamento específico sobre riesgos psicosociales.