Bruselas analiza el nuevo Reglamento de Juego de Aragón

El Gobierno de Aragón ha remitido a la Comisión Europea, a través del sistema TRIS, el proyecto de Decreto sobre el nuevo Reglamento General del Juego. Esta notificación abre un periodo de “statu quo” que finalizará el 15 de septiembre de este año, durante el cual el texto no podrá ser aprobado definitivamente mientras las autoridades europeas y el resto de Estados miembros analizan su compatibilidad con el mercado interior.

Uno de los puntos más controvertidos es la regulación de los cambios de titularidad en los establecimientos de hostelería. La nueva norma establece que el cambio de dueño del local es, por defecto, causa de extinción de la autorización de instalación de máquinas de Juego. Aunque se permite que el nuevo titular se subrogue en los derechos y obligaciones del anterior, esta decisión debe comunicarse en un mes y confirmarse tácitamente tras tres meses de actividad. El riesgo regulatorio es elevado: si el nuevo propietario rechaza expresamente mantener las máquinas, la autorización no solo se extingue, sino que el establecimiento queda inhabilitado para instalar máquinas B1 durante un periodo de doce meses, lo que supone un “bloqueo” temporal del negocio de máquinas en ese emplazamiento.

La planificación se vuelve más rígida con la imposición de un techo máximo para el parque de máquinas en hostelería. El Ejecutivo ha fijado que “no otorgará más de 5.600 autorizaciones de explotación de puestos de Juego de máquinas de tipo B1”. Esta cuota, sumada a la reducción del número máximo de puestos que pueden instalarse en estos locales, limita severamente la capacidad de crecimiento del subsector.

Asimismo, las empresas deberán asumir nuevas cargas técnicas: las máquinas deberán interactuar con el usuario antes de cada sesión, obligándole a responder afirmativamente a preguntas sobre su mayoría de edad y su conciencia sobre el riesgo de adicción antes de permitir la entrada de dinero.

Además, las nuevas aperturas o ampliaciones de locales de Juego se enfrentan a un blindaje territorial más estricto, al prohibirse cualquier instalación a una distancia a pie inferior a 500 metros de centros educativos o de ocio juvenil.

En el plano operativo y comercial, el reglamento endurece las condiciones de promoción. Se prohíbe de forma generalizada servir comidas o bebidas gratuitas o a precios inferiores a los de mercado en los locales de Juego, quedando esta opción restringida de forma excepcional únicamente a los casinos.

Finalmente, la norma refuerza el control sancionador con la creación de un nuevo Registro de Sanciones de ámbito autonómico para consultas estadísticas y administrativas. Si bien se agilizan trámites como la supresión del carné profesional o la implantación de declaraciones responsables para aperturas, el sector encara un escenario de “crecimiento cero” en hostelería y una vigilancia mucho más estrecha sobre la operativa diaria y la captación de clientes.

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